Proselitismo armado 

De darse la firma del fin del conflicto armado en La Habana, el país aspira a que las guerrillas hagan política sin armas. Igual decisión deben tomar aquellas fuerzas y sectores de poder que han usado las armas para hacer política, defender a dentelladas el actual régimen de poder y por ese camino, perseguir y someter a quienes osaron pedir o exigir que la democracia debería ampliarse y se arriesgaron, también, demandar la consolidación del Estado Social de Derecho. Varias vestiduras se rasgaron, entre ellas las del Procurador Ordóñez y el ex candidato presidencial por el Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, entre otras figuras políticas. Los dos políticos calificaron el hecho como un "un desafío y una afrenta contra la institucionalidad". ¿Cuál institucionalidad? ¿La derivada de las maniobras oscuras del Procurador para reelegirse? ¿O la que provino de las atornilladas en los cargos del General Palomino y el entonces Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, a pesar de los señalamientos por corrupción? 

Proselitismo armado 

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Febrero 26 - 2016

Por Germán Ayala Osorio
Comunicador social y politólogo

De darse la firma del fin del conflicto armado en La Habana, el país aspira a que las guerrillas hagan política sin armas. Igual decisión deben tomar aquellas fuerzas y sectores de poder que han usado las armas para hacer política, defender a dentelladas el actual régimen de poder y por ese camino, perseguir y someter a quienes osaron pedir o exigir que la democracia debería ampliarse y se arriesgaron, también, demandar la consolidación del Estado Social de Derecho.

Con el escándalo político-mediático originado por la presencia armada de las Farc en El Conejo (Fonseca, La Guajira), bien vale la pena insistir en la discusión alrededor del uso de las armas, dada la presencia de guerrilleros armados en un acto público, con claras connotaciones políticas.

Ya dije en una anterior columna que se sobredimensionó el hecho. En esta oportunidad insistiré en varias circunstancias que pueden servir, o por lo menos para atenuar el escándalo y si se prefiere, profundizar la discusión política y conceptual que es en lo que deberíamos estar concentrados, sin que ello suponga presionar el rompimiento del Proceso de Paz de La Habana. Para muchos, parece que resulta más fácil y quizás beneficioso exigir la ruptura de los diálogos de paz, que discutir, por ejemplo, la tesis planteada en esta columna.

En primer lugar, quienes estaban armados no eran los comandantes de las Farc que viajaron desde La Habana para el desarrollo de su actividad pedagógica con las bases farianas. Así entonces, quienes hicieron política fueron guerrilleros desarmados en tránsito de convertirse, nuevamente, en civiles. Bien puede entenderse que los guerrilleros armados hacían parte de su esquema de seguridad, sin que ello pretenda desconocer que hacen parte de la misma organización armada ilegal. Eso entonces, en estricto sentido no se puede calificar como proselitismo armado. 

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Previa a la publicación de esta columna, sostuve una interesante y productiva discusión con un colega, quien me preguntó: ¿Acaso no son de la misma organización? ¿De quién reciben órdenes los que estaban armados?

Atino a responderle así: los guerrilleros que custodiaban a los comandantes hacen parte de las Farc. No se trata de escoltas y claro que reciben órdenes de los miembros de la cúpula, pero hay una enorme diferencia entre un guerrillero desarmado y vestido de civil que hace política y otro que, uniformado y con fusil en mano, se sube a una tarima a discutir asuntos públicos. La diferencia no se puede ocultar y soslayar. Los guerrilleros armados custodiaban a sus líderes vestidos de civil. Ese elemento es clave.

Si a esa acción política y discursiva se le bautiza como "proselitismo armado", ¿cómo podemos llamar cuando en actos públicos, y no necesariamente en contextos electorales, llegan funcionarios estatales en ejercicio y candidatos a la presidencia, gobernaciones o alcaldías, custodiados por miembros armados de la Fuerza Pública?

Quienes cumplen las funciones de escoltas, con el firme propósito de salvaguardar la vida de esos políticos, hacen parte del Estado y en particular de sus fuerzas de seguridad. ¿Por qué entonces no podemos llamar proselitismo armado a quien a pesar de los problemas de legitimidad del Estado, se sube a una tarima a defender un orden político y económico que solo le sirve a unos pocos?

Nuevamente mi interlocutor interpela y señala: "La combinación de armas y política (formas de lucha) es propia de organizaciones insurgentes. No me convence la comparación, en tanto no asumo que sean comparables. La diferencia también radica en estar escoltado, frente a un respaldo armado de la acción política. Son organizaciones político – militares que han ejercido la oposición política clandestina y armada".

Atino a decirle que esa lectura está instalada de tiempo atrás en el discurso que da sentido y defiende la naturaleza del Estado, en tanto que aparece como un orden y forma de dominación de incontrastable legitimidad y autoridad moral. El Estado es una forma de dominación y de represión legal naturalizada que se nos presenta como resultado de un consenso y hasta de un pacto social previamente establecido. Pero todos sabemos que no hay tal. Todos sabemos que el Estado colombiano deviene capturado y sometido a los intereses mezquinos de una burguesía y unas élites, lo que de inmediato genera que la legitimidad de las instituciones estatales sufran un enorme resquebrajamiento, lo que termina habilitando la combinación de las formas de lucha de las organizaciones ilegales que intentan transformarlo.

Dirán que el símil resulta inaceptable por cuanto las Farc están por fuera de la ley y que los funcionarios y candidatos de los que hablo estarían dentro de la ley. En un país como el nuestro, la frontera entre lo legal y lo ilegal deviene difusa, justamente porque quienes históricamente han defendido el régimen de poder, desde la legalidad y desde dentro de las entrañas del Estado (de su Estado), lo han hecho apelando a la ilegalidad.

El ejemplo claro de ello es el fenómeno paramilitar. Los paramilitares, siendo una agrupación armada ilegal, actuaron con legitimidad social y política y en muchas ocasiones ejercieron el poder político legal o por lo menos, uno "legalizado" por la fuerza de las circunstancias culturales y políticas emanadas de un Estado débil y precario, al cual cooptaron, y de una sociedad acostumbrada a la violencia política y reproductora de ese ethos mafioso, responsable de hacer cada vez más difusa esa frontera entre lo legal e ilegal. 

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Otro elemento que brota de los "escandalosos" hechos acaecidos en La Guajira se expresa en frases recogidas por la prensa: "las Farc llegaron armadas y sometieron a una comunidad a escuchar sus arengas". No creo que los miembros de la Delegación de Paz de las Farc hayan llegado a un pueblo que no los conoce. El evento estaba preparado. De allí, entonces que el acto político lo que mostraría es que en las ciudades capitales las Farc no gozan de prestigio y respeto, y por el contrario, cuentan con un enorme odio aupado por los medios masivos y claro, el que generan sus propios errores, pero en veredas y corregimientos la situación puede resultar diferente.

Varias vestiduras se rasgaron, entre ellas las del Procurador Ordóñez y el ex candidato presidencial por el Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, entre otras figuras políticas. Los dos políticos calificaron el hecho como un "un desafío y una afrenta contra la institucionalidad". ¿Cuál institucionalidad? ¿La derivada de las maniobras oscuras del Procurador para reelegirse? ¿O la que provino de las atornilladas en los cargos del General Palomino y el entonces Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, a pesar de los señalamientos por corrupción?

Hablan de las instituciones del Estado y de la institucionalidad derivada del actuar de este, en las relaciones con el mercado y la sociedad, como si aquellas hallan estado al margen de actos de corrupción y de las acciones adelantadas por políticos profesionales, clase dirigente, política y empresarial para hacerse con el Estado, con todo y sus instituciones, con el firme propósito de someterlo a sus mezquinos intereses particulares. Bourdieu señala que "El Estado no es un aparato orientado hacia el bien común, es un aparato de contención, de mantenimiento del orden público pero en provecho de los dominantes".

Les preocupa que la institucionalidad resulte afectada por el proselitismo armado de las Farc, mas no les angustia que esa institucionalidad derivada del actuar del Estado devenga contaminada y sometida a las lógicas de las redes de corrupción y del parecer perenne fenómeno paramilitar. Sí, estamos claros que debemos proscribir "la violencia como método de acción política"[1] Y a eso se aspira en La Habana. Entonces, en lo que deben concentrarse los negociadores es en acelerar la firma del Acuerdo final. Quizás sin el conflicto armado logremos que el Estado emane una institucionalidad distinta, que sirva para ampliar la democracia y por ese camino, desmontar un grave problema del país: la corrupción. Y es así, porque deviene histórica y profundamente anclada a la cultura política y ciudadana.

Termino con esta cita:

"La firma e implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia en cuanto implicará la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todos los colombianos, a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con garantías plenas para quienes participen en política y de esa manera abrirá nuevos espacios para la participación. Acuerdo sobre Participación Política. p. 1. Tomado de  www.mesadeconversaciones.com.co

 

[1] Segundo Informe conjunto de la Mesa de conversaciones de paz entre el Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (Farc-EP), sobre el punto 2 de la agenda del Acuerdo general de La Habana, "Participación Política" (Página 10).