Julio 28 - 2023 

Mesa del Estallido:

una apuesta para la construcción de paz 

Por Laura Cruz

La instalación de la Mesa del Estallido, un aporte para la paz y la justicia social, en la penitenciaría de alta y mediana seguridad de Palmira, fue producto de una lucha que han seguido varios jóvenes, quienes en el 2021 participaron en el Estallido Social. Está Mesa tiene varios objetivos puntuales, uno de los cuales es la dignificación dentro del interior de los centros penitenciarios, pues muchos de los detenidos han tenido que seguir protestando desde las cárceles del país, no sólo por un cambio social, sino para lograr modificar su situación jurídica. 

Privados de la libertad, acusados de diferentes delitos que, muchos dicen no cometieron, lograron reorganizarse en la cárcel y formar una colectiva llamada Jhonatan Sabogal, en honor a su compañero que el 28 de junio del año pasado murió en extrañas circunstancias en un incendio en la cárcel de Tuluá, en un caso que no ha sido aclarado por las autoridades. 

Más de 20 personas hacen parte de esta colectiva, entre ellas, cuatro que hicieron parte de diferentes puntos de resistencia que se conformaron durante el paro como: La Y de Palmira, el Paso del Aguante, Puerto Resistencia, Luna, el Puente de las Mil Luchas en Cali, Juanchito, Andalucía, Bugalagrande al norte del Valle y Buenaventura. 

Los integrantes de esta colectiva se han turnado para realizar tres huelgas de hambre, la última fue realizada el 30 de junio y duró once días. Con dicha acción, se quiso presionar la instalación de la Mesa con el Gobierno para discutir la humanización carcelaria, tanto con los prisioneros del estallido social como con otros detenidos interesados en el proceso. Luego de una reunión entre delegados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, de la Consejería Presidencial para la Juventud y de voceros del Proceso Colectivo, se acordó levantar esta manifestación pacífica, que se había iniciado en la Cárcel y Penitenciaría con Alta y Media Seguridad. ( CPAMS). 

Así, la Mesa de Paz se instaló el 19 de julio con la presencia de la Consejera Presidencial para la Juventud, Gabriela Posso Restrepo, el Padre Javier Giraldo, Laura Guerrero, de Memoria Viva Colombia, un delegado del Ministerio de Justicia, diferentes organizaciones de Derechos Humanos, Carlos Rosero, delegado del Gobierno, Danilo Rueda, Alto Comisionado para la Paz, integrantes del Colectivo de Presos Políticos Jhonatan Sabogal, familiares de los jóvenes detenidos, entre otros. Después de varias horas de reunión entre el Alto Comisionado, Gabriela Posso, dos voceros de la colectiva, entre ellos David Bernal, el Ministerio de Justicia, organizaciones defensoras de Derechos Humanos, entre otras personas, se firmó la primera acta después de instalada la mesa. 

 

¿Qué se puede decir de estos acuerdos?

Para Alberto Bejarano abogado y defensor de Derechos Humanos, evidentemente la mesa corresponde a una agenda de paz del Alto Comisionado, puesto que se reconoce como derecho fundamental contenido en el artículo 22 en la Constitución, entendiéndola, también, como una obligación del Estado para construir una sociedad que camine hacie la reconciliación.  

Bejarano señala que “En este caso es la Oficina del Alto Comisionado quien tiene facultades para construir esa paz con actores particularmente armados que están perturbando los escenarios pacíficos”, sin embargo, añade que no solamente estos diálogos se circunscriben con actores armados, sino que pueden tener un alcance mayor, y se construyen con diferentes actores de la sociedad, buscando la resolución de conflictos por medios pacíficos en los que se privilegie el diálogo.

El abogado dice, también, que evidentemente con los jóvenes del Estallido hay un conflicto muy profundo que conoce bien el país, pero sobre todo el Valle del Cauca y la ciudad de Cali. Para él, este conflicto se expresa hoy a través del alto número de jóvenes detenidos en las cárceles por razones ligadas a investigaciones de un tratamiento punitivo que se le ha dado a la protesta, por lo que se requiere un escenario de diálogo en el proceso, que no va a resolver situaciones de órdenes jurídicos procesal.

Para Alberto Bejarano, la Mesa que se abrió en Palmira es una mesa de paz que, fundamentalmente, construye una agenda de diálogo con el Gobierno. Sumado a esto le da un alcance político a las iniciativas juveniles que resisten al proceso de judicialización. Cabe aclarar que esas agendas de paz no se circunscriben solamente a los jóvenes que están en prisión, sino que además tiene un alcance mayor.

En cuanto a la agenda de paz que plantea la Mesa de Palmira, el abogado y defensor de derechos humanos señala que: “Estos puntos reflejan evidentemente unas preocupaciones sociales y reflejan una política de paz a partir del reconocimiento de sus actores”. Para él, el punto principal es la libertad, y de allí se desprende la idea de la construcción de una Política Pública, que garantice que los jóvenes y que cualquier actor de la sociedad pueda ejercer derechos como el de asociación o  de expresión en un momento dado sin ser perseguidos penalmente y sin ser objeto de un tratamiento de guerra y sin ser reprimidos violentamente por el Estado.

De otro lado, el abogado muestra su preocupación por la salud mental, no sólo de quienes están detenidos, sino de sus familias, pues han soportado la detención, pero además, el señalamiento por parte de personas influyentes, medios de comunicación y la opinión pública en general. Esto se suma a los asuntos de la seguridad física. Bejarano asegura que se han presentado atentados contra jóvenes que han quedado en libertad. Además, denunica  que en Palmira se presentó un homicidio en el mes de febrero de un joven que fue ultimado en su casa después de ser liberado del pabellón cuatro que es el que alberga las personas que participaron en el Paro Nacional, de ahí la importancia de que en la Mesa se hable de "propuestas y acuerdos  de las condiciones en que se encuentran las personas privadas de la libertad". 

En cuanto al tercer punto que trata del análisis y construcción de propuestas sobre alternativas sociopolíticas y jurídicas para las personas privadas de la libertad por su participación en la protesta social,  se realizaría en la figura de una ley de amnistía e indulto, que para el abogado no ha sido necesaria, por lo menos en las primeras fases de investigación penal, pero podrían ser muy necesarias a futuro en caso de que se presenten condenas a estos  jóvenes condenados. En condenas que para el defensor pueden resultar arbitrarias e injustas, y que van a requerir un tratamiento político, es decir,  ley de amnistía e indulto.

Para finalizar, Alberto Bejarano se refirió al cuarto punto que es: aportes de la mesa desde la perspectiva de participación a los diferentes procesos de construcción de paz establecidos en la ley 22 del 2022. “Estos jóvenes se reconocen como actores políticos, por esa razón  decidieron participar al Estallido porque tenían opinión política sobre el Estado de la sociedad y el proceso de cambio”. Los jóvenes, asegura el abogado,  están diciendo que sus derechos son vulnerados pero que, aun así, siguen pensando y queriendo construir, por eso quieren que se les tenga en cuenta como interlocutores políticos para hablar del proceso de cambio de la sociedad y desde sus comunidades. Ante este llamado, el Gobierno ha reconocido a los jóvenes como interlocutores políticos para un proceso de cambio y formar un tejido solidario que los acompañe.

Más de la instalación de la Mesa

También hubo acuerdos metodológicos, entre los que se encuentran:

1)  La mesa se reunirá mensualmente en la cárcel con participación de los delegados de las personas privadas de la libertad, el Alto Comisionado para la Paz, la Consejería para la Juventud y un delegado del Ministerio de Justicia

2)  Durante la primera sesión de la misma, se definirá la priorización de la agenda temática y los mecanismos de funcionamiento, los cuales buscarán la ampliación de la participación de las personas privadas de la libertad, sus familiares, organizaciones y acompañantes

3)  La Mesa Técnica acordada el 14 de julio del 2023 continuará funcionando y aportando elementos a la construcción de paz

4)  La oficina del Alto Comisionado y el ministerio de Justicia traerán una propuesta de protocolo para las garantías señaladas 

 5)  Se establece un mecanismo de comunicación para las garantías de seguridad a través de la oficina del alto comisionado  

El Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, se refirió a la Mesa señalando que: “Estamos dando respuesta a un clamor de los jóvenes, ellos despertaron la conciencia de nuestro país, en esas profundas desigualdades sociales, el problema del hambre, la ausencia de derechos básicos insatisfechos, como el derecho a la Educación, a la Vivienda, a la Salud. Hoy desde nuestro gobierno estamos respondiendo a este clamor con esta instalación de Mesa de Paz. Los jóvenes son sujetos de derechos y como sujetos de derechos el gobierno los escucha”. Así mismo, dijo que su propósito en esa Mesa de Diálogo es el de construir unos escenarios de fortalecimiento de un estado de derecho con garantías para todos y para todas. “Esperamos que la sociedad vea la importancia de esta Mesa. Nuestro gobierno ha hecho un esfuerzo por la paz, por el diálogo y es un diálogo sin exclusión alguna, y aquí los jóvenes también son sujetos centrales de esta construcción”. 

El funcionario fue enfático en decir que nadie del gobierno estaba asociando a los jóvenes a violencias armadas, ni tampoco están hablando que ellos tengan diálogos con grupos armados, están hablando de que los procesos de construcción de paz con grupos armados, conforme a la Constitución y a la Ley tendrán mecanismos de participación de todas las organizaciones y expresiones de grupos sociales que bien quieran hacerlo, nadie se ve forzado a hacerlo. David Bernal, vocero del Colectivo Jhonatan Sabogal dijo que la apertura de la Mesa es un aporte para la ciudadanía, así mismo, para el tema de paz con justicia social. En cuanto al tema metodológico, Bernal señaló que ellos han puesto en consideración la apertura de la Mesa para que ésta sea ampliada y no haya sólo un diálogo con el colectivo Jhonatan Sabogal, sino también víctimas del Estallido Social. 

Por su parte, el padre Javier Giraldo, quien ha acompañado este proceso, dijo que este es uno de los grupos más grandes privados de la libertad por el Estallido Social que hay en Colombia. Y que es una muestra que el Paro Nacional continúa hasta que se resuelva esta situación. El Padre fue enfático en decir que en Colombia hay más de 300 detenidos por el Paro Nacional. Sumado a esto, un reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, muestra que de las 228 personas judicializadas en el marco de la protesta, 145 personas se encuentran con medida de aseguramiento privativa de la libertad: 113 de manera intramural y 32 en su lugar de residencia. 

En un comunicado público, el ‘Proceso Colectivo Jhonatan Sabogal’ reconoció el compromiso y la voluntad del Gobierno nacional y del Comisionado Rueda con este espacio de diálogo, además señalaron que este es un primer paso para lograr su libertad. Cabe señalar que este año más de 20 jóvenes detenidos han salido en libertad por vencimiento de términos. Abogados de los mismos han dicho que la Fiscalía se ha quedado sin argumentos para mantenerlos encarcelados.