Marzo 3 - 2023 

Tribunal Popular en Siloé: constancia escrita de una lucha en las calles 

Por Jhon Gamboa

A casi dos años del estallido social provocado por el Paro Nacional en Colombia, Siloé, una de las zonas más afectadas y violentadas por la fuerza pública en Cali, le ha apostado a un ejercicio de memoria y justicia alternativa: con el nombre de Tribunal Popular en Siloé, tuvo el propósito de presentar una versión de los hechos a partir de los relatos de familiares de víctimas. El pasado 13 de febrero, luego de cerca de un año de investigaciones, dictó su sentencia, que a pesar de no tener implicaciones legales, les ha brindado a los habitantes de este sector de ladera, la oportunidad en creer en una idea de justicia más cercana a sus historias.

José Benito Garzón es docente universitario y me explica, sentados a una de las mesas del Observatorio de Realidades Sociales de la Arquidiócesis de Cali, la historia de lo que fue el Tribunal Popular en Siloé. Según él, el Tribunal nació luego de preguntarse qué destino darle al vasto acervo de información que tenían en su poder como resultado del ejercicio que habían realizado grupos de defensores y activistas de los derechos humanos en múltiples puntos de la ciudad durante 2021. “En el mes de octubre decíamos: ¿qué hacemos con toda esta información? Y sobre todo con la de Siloé, que era la más cualificada”, me cuenta José.

Hubo varias propuestas. Se habló de un informe, también de una página web con la que se pudiera interactuar, pero no tardaron en desestimarse ambas. Ninguna de las dos los convencía, y no estaban seguros de que esa fuera la manera más idónea de generar conexión con la comunidad del barrio. Entonces a alguien se le ocurrió una idea para conjurar el fantasma de la impunidad que se cernía sobre los múltiples casos de violencia y asesinato de jóvenes manifestantes en Siloé. Habló de iniciar un proceso de justicia alternativa. Estuvieron de acuerdo.

Algunas personas ya tenían experiencia en el Tribunal Permanente de los Pueblos, una plataforma nacida en 1979 en Bolonia, Italia, que siguió la estela del Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra, y cuyo propósito es la promoción y defensa de los derechos humanos y la denuncia de faltas al derecho internacional humanitario. Sin embargo, en esta ocasión decidieron llamarlo “Tribunal Popular”, ya que su deseo era que desde un principio este órgano estuviera volcado hacia la comunidad. “Que no fuese la forma sino el propósito: recuperar confianza, construir tejido social”, dice José.

A la hora de pensar en quienes integrarían el Tribunal, recurrieron a la teoría de los seis grados de separación. Dicha teoría, acuñada por primera vez en 1930 y recogida por la sociología, está basada en un razonamiento cuantitativo, y postula que todas las personas en el planeta están conectadas a seis grados de separación. Es casi una visión piramidal de contactos, en el que uno te puede llevar a otro, y así sucesivamente, hasta dar con personas que en principio parecerían imposibles de contactar, por ubicarse en lo alto de la esfera social, como actores famosos o grandes personalidades de la política internacional. Así pues, con la idea de que alguien conoce a alguien, y ese alguien a alguien más, empezó el proceso de búsqueda de los que serían los y las magistradas del Tribunal Popular de Siloé.

Se utilizaron redes sociales propias, hubo interrelación y, poco a poco, empezaron a llegar las personas, entre ellos académicas, activistas, abogados. El número, en su momento, fue mucho mayor al que quedó al final, pues otras circunstancias empezaron a jugar en contra. Algunas personas querían estar, pero no contaban con tiempo. Otras tenían tiempo, pero no podían estar siempre. “Incluso algunos de ellos, como Boaventura, lo manifestaron: yo quiero estar pero no tengo todo el tiempo. Yo puedo aportar en esto y esto”, añade José.

Además de Boaventura de Sousa Santos, el eminente sociólogo portugués, el Tribunal estuvo compuesto entre otros por la filósofa cubana Johanka León del Río, la política de izquierda alemana Heike Hänsel, el abogado y dirigente social argentino Juan Grabois —a quien, en medio del Paro Nacional, se le impidió el ingreso al país—, al sociólogo argentino Daniel Feierstein y la investigadora y activista de derechos humanos Jo-Marie Burt.

Lo que vendría, en adelante, sería condensado en tres momentos puntuales del Tribunal. Las audiencias de instalación, la de acusación y la de sentencia. Era fines de 2021 y el camino apenas empezaba.

Para hacer parte del Tribunal era necesario contar con una conciencia ética que hubiera sido puesta al servicio de organizaciones o entidades, y una especial sensibilidad por la defensa de los derechos humanos, dos características que aseguraran que la posterior relación que se estableciera con los familiares de las víctimas en Siloé estuviera siempre marcada por el respeto a sus historias de vida. El Tribunal era consciente de que, con su labor, no quería revictimizar ni hacer ninguna acción con daño sobre cada una de las personas que se acercaran a brindar su testimonio.

Abelardo Aranda fue una de ellas. Él es el papá de Maicol Andrés Aranda Pérez, un joven de 24 años que fue asesinado durante las protestas del 28 de mayo en Siloé. Abelardo me cuenta que, además de su trabajo de investigación sobre lo ocurrido en el barrio durante el Paro, el Tribunal también les ha brindado un acompañamiento integral. “Nos han reunido, nos han hablado sobre los derechos humanos, sobre lo principal, que es el derecho a la vida… Ellos siempre han estado con nosotros ahí, nos han apoyado. Lo que no ha hecho el Estado colombiano”.

Por cuestiones de seguridad, muchos de estos testimonios se dieron de forma privada. Se trató del mismo ejercicio que hicimos muchas y muchos reporteros durante esa época, ahora sin la premura, la incertidumbre y la paranoia que imponía la amenaza constante de un nuevo enfrentamiento. Esta distancia les permitió a los y las magistradas adentrarse en el contexto del barrio, la historia de su conformación y las razones por las que desde sus inicios Siloé fue un barrio conocido bajo el rótulo de “peligroso”. Razones que, según su fallo, contribuyeron al desmedido asedio por parte de la fuerza pública durante los días del Paro Nacional.

Otra de las consecuencias derivadas del miedo generalizado durante el paro tuvo que ver con el subregistro que quedó de muchos casos. Pese a que la prensa mundial se volcó, durante esos días, sobre Siloé, la crudeza de algunos de los episodios de violencia y la brutalidad de las historias relegaron a las sombras a otras víctimas, quienes no figuraron más que como una cifra, en el mejor de los casos. Para ellas, el Tribunal fue una ocasión para salir a contar lo que les había ocurrido.

El total de eventos trágicos que contabilizó el Tribunal, dentro de lo que calificó como un “genocidio continuado”, fue de 16 asesinatos, 6 víctimas de tentativa de desaparición y/o desaparición forzada, 74 víctimas de tortura, 48 heridos con armas de fuego, 73 personas detenidas arbitrariamente y 94 víctimas de amenazas. Lo anterior sucedió en los 46 días en que el Tribunal se centró, y que fueron desde el 28 de abril hasta el 12 de junio de 2021. Más de tres casos por día.

A pesar de esto, la presencia del Tribunal en Siloé representó mucho más que la visibilización de los casos de violencia en el Paro. Fue, también, la oportunidad de recibir y brindar apoyo, incluso entre los mismos familiares de víctimas. Para Steven Ospina, líder social que jugó parte activa en las manifestaciones de Siloé, este fue un espacio que les sirvió para verse a través de otras personas que habían atravesado por lo mismo. “Donde se dan cuenta de que no es un castigo del destino o de la vida el hecho de que hayan perdido a un familiar, sino que fue un asesinato sistemático del Estado en el marco de una protesta”, me explica, y agrega que ese encuentro les permitió a las familias caminar de la mano a lo largo de su duelo, su dolor, y les devolvió la esperanza. En eso concuerda Abelardo, pues me dice que es importante para él saber que cuenta con alguien. “Que alguien lo acompaña a uno. Es que es muy duro… Hay familias que era su único hijo, y lo han perdido…”. Según él, en cada ocasión en la que se encuentran, se abrazan, lloran y ríen juntos, y siente vigente la esperanza de que se haga justicia con sus casos.

La sentencia del Tribunal Popular de Siloé se leyó el 20 de febrero, en las instalaciones del Colegio Eustaquio Palacios, a pocos metros de la glorieta donde ocurrió la mayoría de los casos fatales. En la sentencia se indica que esta “se profiere acudiendo a la ética ciudadana, la que nos compromete a la búsqueda de la verdad, la exigencia de justicia y reparación integral con garantías de no repetición, para que Nunca Más ninguna otra persona en ningún lugar del planeta sea sometida a aberraciones indignantes tras la acción u omisión de los Estados”. El documento dedica una primera parte a ahondar en la historia de la comuna 20, las olas de desplazados y los asentamientos que se fueron concentrando y dando nombre a algunos de los barrios del sector, y cómo desde entonces sufrieron sistemáticamente la violencia y la represión, además de la estigmatización por su carácter altivo y la presencia de grupos irregulares como el ELN y bandas criminales. Con respecto al Paro Nacional del 2021, el Tribunal consideró los delitos de “ejecución extrajudicial”, “tentativa de ejecución extrajudicial, incluso de feminicidio”, “genocidio continuado” e “intento de destrucción parcial del grupo nacional colombiano”.

En cuanto a responsabilidades, el Tribunal optó por dos ámbitos, uno nacional y otro regional. En el primero, se endilgó responsabilidad al expresidente Iván Duque, al exministro de Defensa Diego Molano, al Fiscal General Francisco Barbosa, al general (r) Eduardo Zapateiro y al brigadier general (r) Hoover Alfredo Penilla Romero, subdirector de la Policía Nacional. En el segundo, a la gobernadora del Valle del Cauca, Clara luz Roldán Gonzáles; al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina; al brigadier general Juan Carlos Rodríguez, comandante Policía Metropolitana de Cali; al brigadier general Juan Carlos León Montes, comandante Policía Metropolitana de Cali —quien en su momento reemplazó al brigadier general Rodríguez—; al Coronel Edgar Vega Gómez, comandante Operativo Policía Metropolitana de Cali; y al Teniente Néstor Fabio Mancilla Gonzaliaz, comandante del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía de Cali.

Cabe recalcar que, en todo caso, dicha sentencia no tiene carácter vinculante, por lo que lo que en esta se dictaminó no obliga a los declarados culpables a comparecer ante la justicia. Frente a esto, Steven opina que “esto es un ejercicio simbólico, de memoria y también de dignidad, porque nosotros entendemos que la justicia normal es una máquina de impunidad. Y que por esa vía de justicia no va a pasar nada, por más que hayan imputado a policías”. Para él, en últimas, el Tribunal es un ejercicio de memoria, de acompañamiento y sanación para las familias, y la posibilidad de que se visibilice las vidas de quienes fallecieron en el estallido social.

Lo que viene ahora para Siloé, tras el fallo por parte del Tribunal Popular

José me dice que el proceso que se inició con el Tribunal es un ejercicio a largo plazo, pero reconoce que existe la posibilidad de que, mediante este, muchos familiares de víctimas no logren obtener el nivel de satisfacción que esperan, ni que sus casos lleguen a resolverse pronto. Menciona, como ejemplo, el caso de Johny Silva, estudiante de la Universidad del Valle que murió asesinado luego de una incursión a la Universidad por parte de integrantes del ESMAD en 2005, cuyo caso todavía se mantiene en la impunidad. Pero agrega que tienen esperanza: “La idea es seguir presionando. Sobre todo con la CIDH, porque con la coyuntura el presidente estuvo reunido con la CIDH y se comprometió a asumir las recomendaciones”.

A propósito de dichas recomendaciones, el pasado 23 de enero la CIDH publicó su Primer Informe de Seguimiento a las Recomendaciones, luego de su visita al país en 2021. Según su metodología, clasificó el estado de adecuación de políticas públicas y reforma en tres estados: parcial, en la que el Estado “ha adoptado algunas medidas para su cumplimiento, pero la adopción de medidas adicionales sigue siendo necesaria”; parcial sustancial, cuando el Estado “ha adoptado medidas relevantes para su cumplimiento y ha aportado pruebas de dichas medidas, pero frente a la cual la CIDH considera que las medidas para su cumplimiento aún no han concluido”; y total, cuando el Estado “ha iniciado y concluido satisfactoriamente las medidas para su cumplimiento”.

El informe de la CIDH evaluó un total de 28 de las 41 recomendaciones tras su visita. De estas 28, 11 siguen pendientes de cumplimiento, 14 están parcialmente cumplidas y 3 han sido cumplidas de manera parcial sustancial. De aquellas que se enmarcan en la defensa de los derechos humanos en el marco de una protesta social como la que se vivió en el Paro Nacional del 2021, siete están pendientes de cumplimiento, lo que todavía deja al país muy lejos de lo que se espera en materia de defensa y garantías para las personas durante las protestas.

Sin embargo, Steven Ospina cree que está situación está cerca de cambiar, ahora que ha llegado a la presidencia Gustavo Petro, y que el fallo del Tribunal será bien recibido por parte del ejecutivo. “Yo creo que el fallo respalda la posición del señor presidente, que dice que la Policía y su doctrina está hecha para la muerte de los pobres. Para la muerte de los que se manifestaban”, pero aclara que más que esperar algo del gobierno –independiente de las políticas que se instauren con este gobierno—, lo que el Tribunal ha logrado es darle herramientas para afianzar y legitimar la importancia de la memoria en Siloé. “Con el fallo, particularmente, queda claro en la historia quiénes fueron. No es simplemente un chisme, sino que tenemos documentos, tenemos fotos, tenemos videos, tenemos testimonios, tenemos todo para mostrar que fueron ellos, así la justicia nunca lo haga visible”.

La memoria, entonces, el legado conjunto de aquellas personas que perdieron la vida durante las protestas y la lucha diaria por reivindicar sus historias, ahora por cuenta de sus familiares. Abelardo sabe que, con la publicación del fallo, quizá cambie la perspectiva del Tribunal, pero ellos seguirán en la búsqueda de verdad, justicia y reparación integral para todas las familias involucradas. “Tenemos que seguir unidos, tenemos que seguir en la juntanza porque esto no acaba aquí, esto es algo simbólico. Queremos que el gobierno actual nos escuche, que nos oiga, que estamos aquí, que también vivimos lo del Paro, y fue fuerte para nosotros”, cuenta, y me explica que la memoria también se trabaja:

“La memoria también se trabaja. El primer sábado de cada mes, estamos haciendo un acto de memoria en nombre de esos 16 muchachos que fueron asesinados en la glorieta de Siloé. El primer sábado de cada mes, a las 4:00 p.m. nos reunimos en la glorieta de Siloé, para hacer un acto de memoria en nombre de todas esas personas que cayeron ahí. Los hemos estado haciendo desde hace ya cuatro meses, y lo queremos seguir haciendo hasta que la memoria se haga costumbre.”

La lectura del fallo: