"Están matando más defensores de DDHH en el país" Carlos Guevara

Carlos Guevara, periodista y Coordinador del Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Somos Defensores, indicó que la forma en que se aborda el problema de la violencia contra los líderes sociales es invisible porque no hay una acción integral del Estado. Hechoencali.com habló con él y aseguró que después de la firma de los acuerdos de paz, hay más reportes sobre la violencia contra los defensores de los derechos humanos. Es por eso que el informe Agúzate, es el único en su clase sobre el tema de Defensores de derechos humanos y agresiones de las cuales los activistas son víctimas en el país. 

"Matan más defensores de DDHH en el país" Carlos Guevara 

Octubre 10 - 2017 

Por juliana García 

Carlos Guevara, periodista y Coordinador del Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Somos Defensores, indicó que la forma en que se aborda el problema de la violencia contra los líderes sociales es invisible porque no hay una acción integral del Estado. Hechoencali.com habló con él y aseguró que después de la firma de los acuerdos de paz, hay más reportes sobre la violencia contra los defensores de los derechos humanos. Es por eso que el informe Agúzate, es el único en su clase sobre el tema de Defensores de derechos humanos y agresiones de las cuales los activistas son víctimas en el país.

Hechoencali.com: ¿Por qué es importante este informe?

Carlos Guevara: Este informe es importante porque es un claro parámetro en medio de la sociedad civil y de los centros de estudios, tanto para el Gobierno Nacional como para la comunidad internacional. Nosotros estamos sacando estos informes desde el 2010 porque no era un tema relevante para las autoridades; hemos sido la fuente de información de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, del Departamento de Estado en los Estados Unidos y del Gobierno Nacional. Afortunadamente para el tema, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para derechos humanos que es socio nuestro saca informes sobre esto; igualmente la Defensoría del Pueblo nunca hacía este trabajo y el año pasado comienza hacer este conteo porque se lo exigimos. Otros como Marcha Patriótica, Cumbre Agraria, Paz y Reconciliación sacan también algunos reportes.

HEC: ¿Cuánto tiempo se llevó el conteo y la realización de este informe?

C.G: El trabajo del informe se deriva de un sistema de información con el que cuenta el programa y se llama el Sistema de Información sobre agresiones contra Defensores y Defensoras de derechos humanos en Colombia -SIADDHH-. Ese sistema de información tiene unos tiempos y procedimientos de metodologías tanto para levantar la información como para la producción del informe; tenemos unos periodos y son de cada tres meses, recopilando y produciendo un boletín con datos y cifras crudas. Mostramos cuántas agresiones hubo y luego se procede cada seis meses. Además, esto tiene unas particularidades como la creación de los perfiles de los Defensores asesinados para hacerles homenaje. Nuestro interés se centra en el volumen de las causas y consecuencias de esos números cada seis meses.

HEC: ¿Qué variables son las que ustedes tienen en cuenta y que los informes del Gobierno no tienen para que haya disparidad de cifras y resultados?

C.G: No hay una sola Institución del Gobierno Colombiano que documente las muertes o las agresiones contra Defensores de derechos humanos y las cifras que utilizan son las que les entrega la Oficina de las Naciones Unidas en Colombia. ¿Dónde radica la diferencia con el nuestro? Primero está en el concepto del Defensor de derechos humanos que deriva de la Declaración de los Derechos de los Defensores en 1998 de las Naciones Unidas, que luego ratificó Colombia en el marco del acuerdo con la Organización de Estados Americanos -OEA- en materia de derechos humanos de 1999.

Esa declaración dice que toda persona que de manera individual o colectiva defienda los derechos propios o de otros es un Defensor de derechos humanos, ese es el concepto amplio y lo que hicimos es tomarlo para colocarle un apellido que es liderazgo. Un activista es una persona que se dedica a los derechos humanos, es un líder de su comunidad y no es el vocero de una organización.

La diferencia con Naciones Unidas es que exigen que esas personas dentro de sus registros tengan un nivel alto de reconocimiento de la comunidad y una trayectoria de la defensa de los derechos humanos, personas que llevan dos o cuatro meses no se incluyen en el listado. Otro concepto es el de Marcha Patriótica y Cumbre Agraria, que cualquier persona que pertenezca a una Junta de Acción Comunal o a un Movimiento Social, así no sea un activista y por la pertenencia ya lo acredita automáticamente como Defensor.

Nosotros no estamos de acuerdo con ninguno de ellos porque el ejercicio de la defensa de los derechos humanos necesita movimiento así sea un activismo de un mes y, les pongo el ejemplo de un mototaxista conocido como "El Diablo", asesinado este semestre en La Dorada del municipio de Caldas. Resulta que esta persona estaba luchando con la Administración Local porque les colocó una restricción de parrillero en el día que les imposibilitaba trabajar. Este señor comenzó hablar en nombre de los mototaxistas del pueblo para exigirle al Alcalde que negociará con ellos porque los estaba dejando sin comida; ese nivel de activismo duró dos meses y lo mataron. Para nosotros esa persona promovió y desarrolló en el ámbito en la defensa del derecho al trabajo, eso lo hace ser un activista y entra en nuestro registro.

HEC: ¿Esa diferencia conceptual no afecta la tarea de protección y política de los activistas y líderes de derechos humanos?

C.G: El Gobierno ya tiene su propia política y su propio concepto, lo tiene desde hace veinte años que existen los programas de protección en Colombia. En el Decreto 1066 de 2015, que es el que subsume el programa de protección estatal, ahí aparece claramente quienes son los Defensores y porqué. Además, quien se encargó de dar esa directriz fue la Corte Constitucional, el problema no está en un concepto sino en efectividad del Gobierno para prestar protección ligado a su incompetencia en desarrollar análisis de riesgo mucho más efectivos y, acciones preventivas para evitar tener que colocarle chaleco escolta armado a todo el mundo. Sin embargo, más allá del concepto está la forma en cómo se aborda el problema y en este tema que nos está costando muertos es porque no hay una acción integral e interinstitucional del Estado y del Gobierno.

Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo elaboró un informe de riesgo sobre el riesgo y la situación de los Defensores de derechos humanos en el país; en este informe advierte que 273 municipios del país está en alto riesgo y sus líderes sociales también. Ese documento llegó y quedó en la oficina del Ministro del Interior, Guillermo Rivera Flórez. En este caso del Ministerio del Interior que es el Ministerio de la política, no está impulsando ni a sus Alcaldes y Gobernadores de las regiones a que asuman esto, no reconocieron el informe de la Defensoría del Pueblo.

Después de esto, nosotros cogemos este informe que es Agúzate, cruzamos la información de donde mataron y advirtieron a la gente, el 70% de corresponsabilidad de coincidencias nos da el ejercicio.

Espere mañana la segunda parte de la entrevista