<\/o:p><\/p>\nEse documento muestra, adem\u00e1s, patrones de uso desproporcionado y letal de la fuerza, mutilaciones oculares utilizadas como castigo, detenciones arbitrarias mediante el uso indebido del Traslado por Protecci\u00f3n (TPP), estigmatizaci\u00f3n bajo discursos de seguridad y una profunda brecha entre los protocolos escritos en el papel y la conducta policial en el caos de la v\u00eda p\u00fablica. En dicho contexto, el Comit\u00e9 recomend\u00f3 que el marco regulatorio del derecho a la protesta social sea tramitado mediante Ley Estatutaria en el Congreso de la Rep\u00fablica y no ajustado mediante decretos ejecutivos<\/span>.<\/span> <\/o:p><\/p>\nDe ah\u00ed que, a pesar de que el 1525 firmado por el Presidente incorpora nominalmente principios de la jurisprudencia constitucional \u2014como el car\u00e1cter informativo del aviso previo, la neutralidad frente al discurso, la prohibici\u00f3n de armas de fuego y la delimitaci\u00f3n de una distancia m\u00ednima de cuatro metros para los dispositivos policiales<\/span>\u2014, diversas organizaciones de derechos humanos han encendido las alarmas<\/span>. La Fundaci\u00f3n Misi\u00f3n Archipi\u00e9lago de San Andr\u00e9s (M.A.S.A.) y otras plataformas alertaron que el decreto permite disolver o intervenir manifestaciones si el Puesto de Mando Unificado (PMU) o la Polic\u00eda consideran que generan \u201cafectaciones econ\u00f3micas\u201d o interrupciones al comercio, desconociendo que la protesta es inherentemente disruptiva y que la libertad de empresa no puede prevalecer sobre un derecho pol\u00edtico fundamental<\/span>. <\/o:p><\/span><\/p>\n<\/div>\n![\"\"](\"\/periodismo\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Pantallazo-decreto.jpg\")
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A pesar de la alineaci\u00f3n formal del Decreto con el art\u00edculo 37 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y las l\u00edneas de la Sentencia C-009 de 2018 de la Corte Constitucional, se plantean serias inquietudes en defensores de derechos humanos y analistas en seguridad respecto a su aplicaci\u00f3n en las calles<\/span>. La principal preocupaci\u00f3n radica en la delimitaci\u00f3n de las ocho causales objetivas y taxativas para declarar agotada la v\u00eda del di\u00e1logo y transitar a la disuasi\u00f3n o al restablecimiento del orden<\/span>. Entre estas causales se encuentran el impedimento al paso de misiones m\u00e9dicas o la falta de corredores solidarios, la afectaci\u00f3n a servicios de urgencias, el desabastecimiento verificado, el porte de armas o explosivos, la destrucci\u00f3n de infraestructura, la agresi\u00f3n a servidores p\u00fablicos o periodistas y la retenci\u00f3n de personas contra su voluntad<\/span>.<\/span> <\/o:p><\/p>\nEn la pr\u00e1ctica operativa, el articulado dispone que ante la verificaci\u00f3n de estas causales \u2014as\u00ed como en el concepto de \u201camenaza con agredir\u201d, definido como \u201cconductas que amenacen o agredan intencionalmente causando alta probabilidad de da\u00f1os graves\u201d\u2014 se puede prescindir motivadamente de los tres primeros niveles de actuaci\u00f3n institucional (facilitaci\u00f3n, di\u00e1logo directo y mediaci\u00f3n) para pasar a los niveles de disuasi\u00f3n y restablecimiento del orden<\/span>. Organizaciones de derechos humanos como el Comit\u00e9 Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), la plataforma Defender la Libertad y analistas en seguridad se\u00f1alan que este salto o recorte prematuro del di\u00e1logo en terreno otorga un amplio margen de interpretaci\u00f3n a los uniformados, sobre quienes recae la evaluaci\u00f3n en tiempo real de si un represamiento vehicular de transporte constituye una \u201cretenci\u00f3n no consentida\u201d o si existe \u201cinstrumentalizaci\u00f3n\u201d deliberada de ni\u00f1os, ni\u00f1as o mujeres gestantes<\/span>. Asimismo, se advierten dudas sobre la posibilidad t\u00e9cnica de ejecutar intervenciones estrictamente individualizadas en medio de movilizaciones multitudinarias sin escalar a un uso desproporcionado de la fuerza hacia la multitud pac\u00edfica<\/span>, adem\u00e1s de la falta de controles independientes en los PMU para prevenir perfilamientos e inteligencia sobre los manifestantes<\/span>.<\/span> <\/o:p><\/p>\nPor lo anterior, la expedici\u00f3n del decreto desencaden\u00f3 respuestas inmediatas por parte de parlamentarios y sectores sociales opositores<\/span>. El vicepresidente del Senado de la Rep\u00fablica, Alejandro Ocampo, anunci\u00f3 la interposici\u00f3n de una acci\u00f3n de nulidad contra la norma ante el Consejo de Estado, argumentando que el presidente Abelardo De la Espriella excedi\u00f3 sus facultades ejecutivas y vulner\u00f3 la reserva de ley estatutaria que le corresponde exclusivamente al Congreso de la Rep\u00fablica seg\u00fan la Constituci\u00f3n y los fallos de la Corte Constitucional<\/span>. Ocampo calific\u00f3 de \u201cantijur\u00eddico e inconstitucional\u201d el hecho de que el gobernante objeto de la marcha sea quien defina las condiciones y causales para disolverla<\/span>. <\/o:p><\/span><\/p>\nEn el mismo sentido, el congresista Santiago Osorio Mar\u00edn rechaz\u00f3 de manera categ\u00f3rica las declaraciones del presidente De la Espriella, quien en alocuci\u00f3n previa calific\u00f3 a los promotores de la movilizaci\u00f3n de \u201cinstigadores, violentos y terroristas\u201d. Osorio advirti\u00f3 que estas narrativas oficiales reeditan la estigmatizaci\u00f3n hist\u00f3rica denunciada por el Comit\u00e9 de Expertos y anunci\u00f3 acciones legales y constitucionales para proteger el derecho a la movilizaci\u00f3n de sectores campesinos, educadores, ambientalistas y de la tercera edad<\/span>.<\/span> <\/o:p><\/p>\n<\/div>\n
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