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Mayo 27 \u2013 2026 <\/strong><\/p>\n Por Jorge Luis Galeano <\/strong><\/p>\n La campa\u00f1a electoral en Colombia en 2026 no ha sido ajena a la ausencia de debates de ideas y propuestas de gobierno y a la abundancia de informaci\u00f3n de mala calidad que le impide a la ciudadan\u00eda decidir libremente por qui\u00e9n votar. En ese sentido, y faltando pocos d\u00edas para la primera vuelta presidencial, ofrecemos un resumen de las propuestas de las tres candidaturas m\u00e1s opcionadas en un tema clave: la paz. An\u00e1lisis hecho a partir de la trayectoria de quienes aspiran a ganar, sus propuestas concretas y dos de los informes que describen la actual situaci\u00f3n de derechos humanos y conflicto armado en el pa\u00eds: el de Human Rights Watch (HRW) 2026 y los datos m\u00e1s recientes del Registro \u00danico de V\u00edctimas (RUV). Iniciamos con Iv\u00e1n Cepeda.<\/strong><\/em><\/p>\n<\/div>\n Un poco de contexto: el informe de Human Rights Watch (HRW) de 2026<\/a> se\u00f1ala que la violencia en Colombia se ha reconfigurado en algunos territorios debido a la expansi\u00f3n de organizaciones armadas como el Ej\u00e9rcito de Liberaci\u00f3n Nacional (ELN), las disidencias de las FARC \u2014entre ellas el Estado Mayor Central (EMC), el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), bajo el mando de alias \u201cCalarc\u00e1 C\u00f3rdoba\u201d y alias \u201cAndrey Avenda\u00f1o\u201d y la Coordinadora Nacional Ej\u00e9rcito Bolivariano (CNEB)\u2014 y el Clan del Golfo o Ej\u00e9rcito Gaitanista de Colombia (EGC). Estos grupos operan mediante el control de econom\u00edas ilegales vinculadas al narcotr\u00e1fico, la miner\u00eda ilegal y la deforestaci\u00f3n. De acuerdo con el Registro \u00danico de V\u00edctimas (RUV)<\/a> a abril de 2026, el conflicto armado acumula hist\u00f3ricamente 846,697 v\u00edctimas de homicidio (153,803 directas y 868,661 indirectas).<\/p>\n El escenario de orden p\u00fablico de cara al periodo electoral de 2026 registr\u00f3 eventos de gravedad como el asesinato del congresista y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, adem\u00e1s de la suspensi\u00f3n de las negociaciones con el ELN en enero de 2025 debido a las ofensivas y afectaciones a civiles registradas en la regi\u00f3n del Catatumbo, mientras que las conversaciones con otras estructuras como el EMBF, el CNEB y el EGC han reportado avances limitados.<\/p>\n Frente a esta situaci\u00f3n, la propuesta de gobierno del candidato presidencial Iv\u00e1n Cepeda plantea la continuidad de los acercamientos amparados en la Ley 2272 de 2022 (Ley de Paz Total), norma de la cual fue coautor y ponente durante sus 12 a\u00f1os en el Senado de la Rep\u00fablica. Sin embargo, su programa de campa\u00f1a propone cambiar la metodolog\u00eda y establecer condiciones inamovibles, estableciendo una l\u00ednea no negociable: el cese del asesinato de l\u00edderes sociales y firmantes de paz para mantener la vigencia de cualquier mesa de di\u00e1logo.<\/p>\n El dise\u00f1o gubernamental que proyecta la candidatura de Cepeda propone sustituir las estrategias convencionales de seguridad por el modelo que llama de Seguridad Humana, enfocado en la provisi\u00f3n de derechos b\u00e1sicos como el agua, la tierra, la educaci\u00f3n y el empleo, con el fin de intervenir los factores que facilitan la presencia de los grupos armados ilegales en las zonas rurales. Esta visi\u00f3n busca aplicar de forma prioritaria los recursos estatales en los 170 municipios bajo los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), en donde HRW documenta que, para 2026, la tasa de pobreza (24,4 %) duplica la media nacional (11,5 %), lo que coincide con los retrasos en la implementaci\u00f3n del componente de reforma rural del Acuerdo de 2016, aspectos que la Corte Constitucional orden\u00f3 evaluar en septiembre de 2025 debido a deficiencias en la unidad responsable.<\/p>\n<\/div>\n Los datos oficiales del RUV de abril de 2026 reflejan que el desplazamiento forzado es el hecho victimizante con mayor impacto acumulado en el pa\u00eds, registrando m\u00e1s 9 millones de personas afectadas desde 1985. Aunque entre 2013 y 2017 se present\u00f3 una tendencia a la baja, las estad\u00edsticas muestran un repunte a partir de 2018, identificando cifras cr\u00edticas en 2021 (62,268 v\u00edctimas) y 2022 (72,696 v\u00edctimas). El 2025 se situ\u00f3 como el periodo con mayor afectaci\u00f3n por desplazamientos masivos dentro del registro hist\u00f3rico analizado, sumando 82.118 personas civiles afectadas en 133 eventos de confinamiento o expulsi\u00f3n.<\/p>\n La evaluaci\u00f3n de HRW complementa este panorama al reportar que s\u00f3lo entre enero y agosto de 2025, m\u00e1s de 79,500 personas sufrieron desplazamientos masivos, concentrados en gran medida en el Catatumbo por disputas territoriales del ELN, una cifra que super\u00f3 en un 53% el total registrado en todo el 2024. Asimismo, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinaci\u00f3n de Asuntos Humanitarios (OCHA) revel\u00f3 que 137,000 personas permanecieron bajo la condici\u00f3n de confinamiento por amenazas o combates armados en el mismo lapso, al tiempo que las v\u00edctimas por artefactos explosivos aumentaron en un 145% y los ataques con drones con explosivos crecieron en un 138%. El informe de HRW a\u00f1ade que, a la fecha de corte, solo el 17 % de los m\u00e1s de 10 millones de v\u00edctimas registradas en Colombia ha recibido la correspondiente indemnizaci\u00f3n administrativa por parte del Estado.<\/p>\n Frente a la persistencia de la crisis humanitaria y la saturaci\u00f3n de las capacidades locales para atender a la poblaci\u00f3n desplazada, la plataforma de Cepeda plantea como soluci\u00f3n jur\u00eddica la pr\u00f3rroga por cuatro a\u00f1os m\u00e1s del periodo de implementaci\u00f3n del Acuerdo de Paz de 2016, bajo el argumento de subsanar los tiempos de ejecuci\u00f3n que la campa\u00f1a considera interrumpidos en mandatos previos. Este enfoque guarda relaci\u00f3n con su trayectoria en el Senado, donde impuls\u00f3 la transformaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n de Paz en una Comisi\u00f3n Legal Permanente de la Ley 5ta, orientada al seguimiento t\u00e9cnico y presupuestal de las obligaciones del Estado con las comunidades afectadas. <\/p>\n Adem\u00e1s se plantean tres acciones que, para el candidato, son fundamentales para luchar en contra del desplazamiento forzado y el confinamiento de las comunidades:<\/p>\n En materia de restituci\u00f3n de tierras, se establece el compromiso de agilizar la devoluci\u00f3n de predios despojados a familias campesinas, comunidades ind\u00edgenas y afrodescendientes, mediante la transferencia directa a las v\u00edctimas de los bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y el Fondo de Reparaci\u00f3n.<\/p>\n Para contener el accionar de los grupos armados ilegales que generan el abandono de los territorios, se plantea el funcionamiento de la Comisi\u00f3n Nacional de Garant\u00edas de Seguridad encaminado a desarticular las estructuras sucesoras del paramilitarismo. Adicionalmente, el programa busca unificar iniciativas como \u201cJ\u00f3venes en Paz\u201d para vincular a la poblaci\u00f3n juvenil a ofertas de educaci\u00f3n y empleo como estrategia de prevenci\u00f3n frente al reclutamiento forzado, fen\u00f3meno que seg\u00fan datos de la Defensor\u00eda del Pueblo y Naciones Unidas registr\u00f3 incrementos entre 2024 y 2025.<\/p>\n La situaci\u00f3n de los derechos humanos analizada por HRW detalla un incremento en las agresiones contra defensores de derechos humanos y l\u00edderes sociales, registrando al menos 1,500 homicidios desde 2016 seg\u00fan la Defensor\u00eda del Pueblo, y 157 nuevas denuncias recibidas por la ONU entre enero y septiembre de 2025. El informe indica debilidades en los \u00edndices de judicializaci\u00f3n: la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n investig\u00f3 1.381 casos de homicidios contra defensores entre 2016 y 2024, formulando cargos en el 38 % de ellos y logrando condenas en el 16,5 %. En lo que respecta a la desaparici\u00f3n forzada, el RUV contabiliza 49.419 v\u00edctimas directas y 288.370 familiares en calidad de v\u00edctimas indirectas.<\/p>\n La propuesta program\u00e1tica de Iv\u00e1n Cepeda aborda esta problem\u00e1tica mediante dos ejes: la elevaci\u00f3n a prioridad nacional de la b\u00fasqueda de personas dadas por desaparecidas a trav\u00e9s de la implementaci\u00f3n integral de la Ley de Mujeres Buscadoras \u2014iniciativa de su autor\u00eda en el Senado\u2014 y el establecimiento de una instancia judicial de m\u00e1ximo nivel para el juzgamiento del genocidio y cr\u00edmenes contra la humanidad que involucre a determinadores pol\u00edticos y econ\u00f3micos. En su ejercicio parlamentario, Cepeda fue coautor de la Ley 1719 de 2014, enfocada en garantizar el acceso a la justicia a las v\u00edctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, una conducta que, seg\u00fan la Defensor\u00eda del Pueblo, ha mostrado incrementos en 2024 y 2025, vinculada en un 60 % a redes de explotaci\u00f3n sexual.<\/p>\n Finalmente, HRW documenta que en septiembre de 2025 la JEP dict\u00f3 sus dos primeras sentencias, condenando a siete antiguos integrantes del Secretariado de las FARC por secuestro, tortura y violencia sexual, y a doce exmiembros del Ej\u00e9rcito por 135 ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Ambas decisiones impusieron la sanci\u00f3n propia de ocho a\u00f1os de restricci\u00f3n efectiva de la libertad sin prisi\u00f3n ordinaria. Estas sentencias fueron apeladas por las organizaciones de v\u00edctimas bajo el argumento de que el tribunal no defini\u00f3 un sistema de vigilancia estricto ni delimit\u00f3 de forma clara los per\u00edmetros de movilidad de los condenados. La plataforma electoral del candidato apunta a respaldar estos esquemas transicionales buscando corregir las observaciones operativas formuladas por las asociaciones de v\u00edctimas afectadas por el conflicto.<\/p>\n<\/div>\n Reportajes La Paz en las elecciones de 2026 Mayo 27 \u2013 2026 Por Jorge Luis Galeano La campa\u00f1a electoral en Colombia en 2026 no ha sido ajena a la ausencia de debates de ideas y propuestas de gobierno y a la abundancia de informaci\u00f3n de mala calidad que le impide a la ciudadan\u00eda decidir libremente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2350,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"om_disable_all_campaigns":false,"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-2349","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-reportajes"],"acf":[],"yoast_head":"\nIv\u00e1n Cepeda: la paz estructural<\/h1>\n
\nLa realidad humanitaria frente a las v\u00edctimas y al desplazamiento<\/h1>\n
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El acceso a la justicia y la reparaci\u00f3n a la poblaci\u00f3n civil<\/h1>\n
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