Septiembre 21 – 2026
Por Jorge Luis Galeano
Director de Hechoencali.com
En las democracias contemporáneas, la salud institucional se mide no sólo por la periodicidad de sus elecciones, sino por la vitalidad, amplitud y rigor del debate público. Sin embargo, en la Colombia de hoy, bajo el gobierno del presidente Abelardo De la Espriella, asistimos a una preocupante metamorfosis en la relación entre el poder ejecutivo y la ciudadanía. Las ruedas de prensa abiertas, el escrutinio riguroso y la réplica periodística han sido erradicados para poner en su lugar, un simple esquema de traslado de información: alocuciones a cargo de un vocero oficial en las que las preguntas no existen, el disenso se ignora y el periodismo es relegado a la posición de receptor pasivo de monólogos institucionales.
Lo más alarmante de esto no es únicamente el talante de quien detenta el poder, sino la preocupante pasividad con la que ha sido recibida por los sectores influyentes del país. Esa que debería ser una posición incómoda para el periodismo en general, se ha convertido en un deleite para los llamados “medios amigos” a través de los cuales está siendo muy fácil imponer unas formas, a todas luces autoritarias, de informar para imponer narrativas y una particular forma de ver la realidad. Ningún medio tradicional ha siquiera discutido que la Presidencia de Colombia no dé ruedas de prensa, ni entrevistas sino sólo anuncios sin posibilidad de cuestionamientos. Ese silencio cómplice o esa normalización de la mordaza oficial fractura de manera silenciosa pero letal los contrapesos que sostienen cualquier Estado social de derecho.
Esas acciones que parecen pequeñas son, sin duda, las piedras sobre las cuales se construyen los espejismos, las realidades alternas en las que sólo hay una forma de ser buen ciudadano y ciudadana: “volver al pasado”, un pasado romantizado como una “mejor época” pero en la que escaseaban los derechos para muchas personas y en la que el disenso era castigado, incluso cuando sólo se luchara por garantías ciudadanas. Cuando se clausura la posibilidad de interpelar al gobernante, se atenta directamente contra la libertad de expresión y de prensa, derechos fundamentales que no les pertenecen a los burócratas de turno, sino a una sociedad que necesita información veraz, contrastable y sujeta al escrutinio para poder ejercer su soberanía con criterio.
La historia nos demuestra que los gobiernos que evaden la rendición de cuentas pública y eluden las preguntas difíciles terminan blindándose detrás de verdades oficiales inquebrantables, donde la crítica periodística es estigmatizada y el disenso se convierte en sospecha. El populismo comunicativo busca anestesiar el pensamiento crítico apelando a nostalgias artificiales y a relatos maniqueos que suprimen la complejidad de nuestra realidad nacional.
¿Por qué se tolera este desmantelamiento gradual de las garantías democráticas? Los ciudadanos y los comunicadores no podemos normalizar que el poder hable sin escuchar, que la información se convierta en propaganda y que se nos prive del derecho elemental a preguntar. La democracia no sobrevive con monólogos desde el púlpito oficial, sino con la exigencia constante de transparencia y debate.
