Julio 27 – 2026

Por  Jorge Luis Galeano 

Una década después de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC, aún están sin cumplirse las promesas de eliminar las violencias en el país y saldar las deudas históricas con el campo colombiano. Y no se han cumplido porque se han enredado en las marañas institucionales, los cuellos de botella presupuestales y una marcada disputa por el control territorial en las regiones.

En esta primera entrega analizamos en profundidad las profundas brechas de un proceso de implementación golpeado por la falta de voluntad política a lo largo de tres administraciones nacionales. Frente a los alarmantes hallazgos de la Contraloría sobre la brecha financiera y el riesgo vital que enfrentan más de 10.000 firmantes de paz por la estigmatización y el exterminio sistemático.

El suroccidente colombiano —especialmente los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño— se consolida como el gran espejo de los contrastes. Mientras las comunidades rurales muestran un empoderamiento histórico y persistencia organizativa, sufren simultáneamente una asfixia humanitaria marcada por confinamientos, desplazamientos masivos, asesinatos de líderes sociales y el uso de nuevas tecnologías bélicas como drones explosivos.

A través de los análisis del CINEP, el Instituto de Investigación para la Paz de la Universidad del Valle, la Contraloría Delegada para el Posconflicto y las voces de los propios firmantes de paz, este episodio aborda las razones detrás del estancamiento estructural de los programas de sustitución de cultivos, la lentitud en la adjudicación real de tierras y la falta de garantías en los municipios PDET y las zonas CITREP.

Los invitamos a escuchar y reflexionar sobre la urgente necesidad de consolidar el Acuerdo de Paz no como una política coyuntural de gobierno, sino como una obligación constitucional y ética innegociable con las víctimas del conflicto armado en Colombia.

Bienvenidas y bienvenidos.