Los derechos humanos y la doctrina de seguridad firme

Junio 23  -2026

Por Jorge Luis Galeano 
Periodista 

La jornada electoral ha concluido y Colombia se alinea con la tendencia política actual en Latinoamérica: el regreso de la llamada Derecha al poder. El triunfo de Abelardo de la Espriella no representa un simple relevo de nombres en la Casa de Nariño, significa la entronización de un modelo de Estado que sitúa la autoridad, el orden y el rigor punitivo como las máximas virtudes republicanas. Para quienes ejercemos el periodismo desde la defensa de los derechos humanos, la llegada del llamado “Tigre” no debe ignorar los peligros que supone, pero también exige una lectura serena y un examen riguroso sobre los días que se avecinan para la dignidad humana en nuestro territorio.  

El documento que sirvió de brújula a la campaña ganadora titulado Defensores de la Patria: El milagro de los nunca, es una declaración de principios en el que la seguridad es elevada a la categoría de condición sine qua non para cualquier otra libertad. Y desde mi condición de periodista de derechos humanos, la lectura de este programa suscita interrogantes éticos y prácticos muy hondos, particularmente en tres pilares que han sostenido la agenda de derechos en las últimas décadas: la paz, las minorías y el equilibrio ambiental. 

La Paz sin diálogo

El cambio más drástico que experimentará el país a partir del 7 de agosto de 2026, será en la búsqueda de la paz y el manejo del orden público, pues el nuevo Gobierno ha cerrado definitivamente la puerta para la Paz Total o algún mecanismo similar que implique negociación con grupos armados ilegales, lo que significará un incremento en las acciones bélicas en el territorio nacional. Es decir, al clausurar los canales de diálogo y consagrar el monopolio estatal de las armas mediante el uso exclusivo de la fuerza, los territorios periféricos —allí donde el Estado suele ser solo un uniforme— volverán a convertirse en el teatro de operaciones de una confrontación abierta. Y, si bien el fortalecimiento de la legitimidad institucional es un fin loable, la historia de Colombia nos ha enseñado que la intensificación del conflicto armado sin válvulas de escape humanitario suele traducirse, en el corto plazo, en un recrudecimiento de las violaciones al Derecho Internacional Humanitario, confinamientos masivos y un riesgo latente para la vida de los liderazgos comunitarios que quedan atrapados en el fuego cruzado. 

A esto se suma una medida jurídica que reconfigurará la protesta social y la disidencia: elevar a rango constitucional la prohibición de la “combinación de todas las formas de lucha” como estrategia de poder político. En un entorno tan polarizado, la frontera entre la legítima movilización social y la catalogación de una conducta como parte de esa “combinación” prohibida se vuelve peligrosamente difusa. El desafío para la prensa independiente y los organismos internacionales será vigilar que esta restricción constitucional no termine por asfixiar el derecho a la protesta y la libre asociación de las comunidades que reclaman derechos históricos. 

El núcleo familiar y el silencio sobre las diversidades

En el ámbito de los derechos civiles y las minorías, el programa presidencial decide hablar a través de sus omisiones y de una afirmación conceptual muy precisa. El texto establece como uno de sus principios básicos “el respeto y el fortalecimiento de la familia como núcleo de la sociedad”. En la tradición jurídica de la derecha doctrinaria, esta fórmula ha operado históricamente como un dique de contención frente al reconocimiento de modelos familiares no hegemónicos. 

Al revisar minuciosamente las trece propuestas de la campaña, la ausencia de políticas específicas para la protección de la comunidad LGBTIQ+ es absoluta. En un país donde la violencia prejuiciosa y los crímenes de odio contra las diversidades sexuales continúan siendo una asignatura pendiente para la justicia, el silencio estatal no es neutral sino un mensaje político. La preocupación desde el enfoque de derechos humanos no es necesariamente la persecución activa desde el ejecutivo, sino la desprotección institucional. Al focalizar la acción del Estado exclusivamente en la familia tradicional, se corre el riesgo de desmantelar los incipientes programas de inclusión, las rutas de atención de violencias basadas en la identidad de género y las garantías de no discriminación que tanto esfuerzo costó edificar en las Cortes. La igualdad ante la ley corre el riesgo de subordinarse a una visión moral particular de la sociedad. 

Productividad en la Altiplanicie vs. la conservación ambiental

El tercer punto que requiere una reflexión pausada es el modelo de desarrollo y su impacto sobre el medio ambiente. El nuevo gobierno asume que Colombia es un país empobrecido por el centralismo y la “mediocridad sistemática”, fijando una ambiciosa meta de crecimiento económico superior al 7% anual. Para lograr este despegue, la estrategia contempla una “gran revolución de desregulación” que incluye la revisión detallada de lo que consideran trabas al sector empresarial, mencionando explícitamente las licencias ambientales y las consultas previas a las comunidades. 

Adicionalmente, el programa prevé la implementación de licenciamientos express, la aceleración de consultas comunitarias para proyectos de energías renovables y la expansión de la frontera agrícola productiva en 1,5 millones de hectáreas para consolidar lo que denominan el “Matto Grosso Colombiano” en la altiplanicie. 

Desde la perspectiva del periodismo ambiental y los derechos étnicos, este enfoque enciende alarmas profundas. La consulta previa, libre e informada no es un trámite burocrático que ralentiza el desarrollo; es un derecho fundamental de rango constitucional que protege la pervivencia cultural de pueblos indígenas y afrodescendientes. Agilizar estos procesos por la vía del decreto o la presión ejecutiva desvirtúa el espíritu del consenso y puede desencadenar una nueva ola de conflictividad socioambiental. Asimismo, la flexibilización de las licencias ambientales y la expansión agrícola intensiva en ecosistemas estratégicos amenazan con acelerar la deforestación y la pérdida de biodiversidad en aras del cumplimiento de las metas macroeconómicas. El imperativo del crecimiento no debería devorarse la sostenibilidad del territorio.

¿Gobernando para todos y todas?

En su discurso tras conocerse los resultados, Abelardo de la Espriella dijo que gobernará para todos ¿y todas? y que quienes no votaron por él tienen sus derechos garantizados. Palabras que se oyen razonables, pero que chocan con aquéllas que él mismo pronunció durante toda su campaña, llamando a su contendiente y sus votantes “imbéciles” y amenazando con “destripar” a la izquierda. Pese a que posteriormente dijo que se refería a los criminales y delincuentes, en su momento nunca hizo esa distinción de manera explícita y ello puede indicar una predisposición particular hacia quienes no votaron por su propuesta.

“Gobernar para todos” es una frase ya maltratada muchas veces por todas las personas que llegan al poder, pero que en Colombia es difícil de materializar, sobre todo, cuando el hoy presidente electo no ha expresado disposición de tender puentes de diálogo, no ha planteado un acuerdo nacional para incluir visiones diferentes a la suya y cuyo plan de gobierno se centra en el orden, la seguridad y la productividad, dejando de lado otras necesidades de comunidades que por décadas han luchado por derechos colectivos como el medio ambiente, entre otros. La mirada de De la Espriella choca con la de las más de 12 millones de personas que creyeron en una propuesta diferente.

Y hay más por hablar

Un solo artículo es insuficiente para abordar todas las preocupaciones que genera la mirada del nuevo gobierno sobre los derechos humanos, puesto que su postura de flexibilización laboral, la intención de separar a Colombia de la ONU, de limitar o eliminar la JEP (estos dos últimas tareas muy complejas, pero que pueden entorpecer procesos) develan que el regreso de la derecha al poder en Colombia se inscribe en la línea continental de unificar el pensamiento, anular o limitar la diferencia, torpedear ejercicio plenos de derechos, todo ello apoyado-impuesto por Estados Unidos que ve que, como ha sucedido en Ecuador o Argentina, tendrá en De la Espriella un servidor que facilitará su planes expansionista.

Así que desde el lugar que nos corresponde, el periodismo de derechos humanos, haremos el registro incómodo que recuerde, día tras día, que la grandeza de una democracia no se mide por la contundencia con la que el Estado ejerce su fuerza, sino por la delicadeza y el celo con los que protege la vida, la diversidad y los derechos de los más vulnerables. La autoridad es necesaria, pero el orden sin compasión y sin derechos suele parecerse demasiado a la tiranía. Mantendremos la mirada atenta.