Desafíos de la reforma a la Salud de Iván Cepeda

Junio 17 – 2026

Por Jorge Luis Galeano

Después de la primera vuelta presidencial en Colombia, la candidatura de Iván Cepeda publicó un documento mucho más centrado en la operatividad, las metas concretas y los mecanismos específicos de su eventual gestión desde la Presidencia. En este texto, titulado Tres Revoluciones para hacer de Colombia una potencia mundial de la vida, se leen algunas propuestas adicionales a las ya conocidas y más detalles sobre cómo se ejecutaría su proyecto de gobierno. 

Dentro de los cambios, el Sistema de Salud en Colombia ocupa un lugar prioritario bajo lo que el candidato denomina la Revolución Ética y dentro de lo que propone está la recuperación de la rectoría del Estado, transformando la salud de un negocio regulado a un derecho humano fundamental de acceso universal. Para ello, plantea un plan técnico que inicia con un plazo de 100 días para estabilizar la crisis y que se sostiene sobre cuatro pilares: 

• Acceso centralizado a medicamentos: Se propone la compra y distribución unificada de fármacos con apoyo de la industria nacional e internacional para acabar con las barreras de entrega.
  
  
• Resolución de represamientos: Una estrategia conjunta entre hospitales públicos y prestadores privados para evacuar cirugías, citas especialistas y procedimientos pendientes.
  
  
• Transparencia financiera inmediata: Automatizar de manera urgente la validación de facturas y profundizar el giro directo de recursos, asegurando que el dinero público llegue sin intermediarios a las clínicas y hospitales.

• Auditoría tecnológica: Implementar herramientas de Big Data e Inteligencia Artificial desde el primer día para monitorear el gasto, prevenir fraudes y vigilar el desvío de recursos.

Financiamiento sin intermediarios ¿cómo funcionará?

El núcleo de la propuesta económica de Cepeda es la eliminación de las entidades intermediarias en el flujo de los recursos (actualmente conocidas como EPS). En el nuevo modelo, el Estado no será un simple administrador pasivo, sino el recaudador y distribuidor directo del presupuesto de salud.

Para garantizar que el sistema sea financieramente sostenible sin estas figuras intermedias, el plan propone basar el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) —que es el valor anual que el Estado reconoce por la atención de cada afiliado— en un estudio actuarial técnico, independiente y objetivo. Este cálculo tendrá en cuenta la realidad demográfica del país, como el envejecimiento de la población y la carga real de enfermedades. Además, los fondos se dirigirán de manera prioritaria a la consolidación de una red pública hospitalaria moderna, especialmente en las regiones geográficamente marginadas.

Desafíos y preguntas para el debate constructivo

Si bien el Plan de Gobierno 2026-2030 aparece como una herramienta práctica con capacidad real de ser aplicada y ejecutada desde el gobierno, la transición hacia un modelo donde el Estado asuma el control total plantea interrogantes logísticos y operativos complejos. 

1. El plan propone automatizar pagos y masificar el giro directo a los hospitales desde los primeros 100 días para eliminar la intermediación.

• Pregunta para el candidato: Históricamente, la revisión, auditoría y glosa de facturas médicas ha requerido de una robusta capacidad operativa que hoy asumen los privados. ¿Cuenta el Estado, a través de la ADRES o los entes territoriales, con la infraestructura técnica y el personal calificado para asumir la auditoría médica y administrativa de millones de facturas mensuales sin generar retrasos que afecten la liquidez de los hospitales?

2. Se plantea la compra unificada de fármacos con apoyo de la industria nacional e internacional para eliminar barreras.

• Pregunta para el candidato: La centralización de compras estatales a gran escala suele enfrentarse a cuellos de botella burocráticos y riesgos de desabastecimiento si fallan las cadenas de distribución pública. ¿Cuál será el modelo logístico para asegurar que el medicamento llegue oportunamente al paciente en la farmacia de su municipio, y cómo se evitará que la producción nacional encarezca los costos en comparación con las economías de escala globales?

   3. El Plan de Gobierno define explícitamente un “sistema mixto” donde el Estado recupera la rectoría pero articula con prestadores privados para evacuar cirugías y procedimientos.

• Pregunta para el candidato: Si se elimina la función de las EPS como aseguradoras y administradoras ¿bajo qué figuras contractuales o incentivos participará el sector privado en la prestación de servicios para asegurar que no disminuya la calidad ni la cobertura en las zonas urbanas donde hoy tienen mayor presencia?  Sobre la sostenibilidad de la UPC y el gasto en salud

  4. Se propone un estudio técnico e independiente para ajustar la UPC a las necesidades reales de envejecimiento y enfermedad.

• Pregunta para el candidato: Si el estudio técnico concluye que el sistema requiere una inyección presupuestal significativamente mayor a la actual para ser sostenible, ¿de dónde provendrán los recursos financieros adicionales? ¿Se financiará a través de una reforma fiscal, o mediante la redistribución de otros rubros del presupuesto nacional?

El paso de la retórica de la plaza pública a la rigurosidad de un plan de gobierno es un ejercicio sano para la democracia. Las respuestas a estos interrogantes técnicos serán fundamentales para que la ciudadanía comprenda si la propuesta de Iván Cepeda representa una ruta viable hacia la garantía del derecho a la salud o si el Estado colombiano se enfrenta a un reto organizativo superior a sus capacidades institucionales vigentes.