Opinión
¿Qué hay detrás de la presión judicial contra los buses tradicionales?
Junio 10 – 2026
Por Michael Saportas Peláez
Periodista
Los buses tradicionales de Cali, que se han convertido en una alternativa para un porcentaje de los caleños que no usan el transporte masivo, podrían desaparecer si Metrocali y la Alcaldía ponen en marcha el nuevo modelo operacional con el que buscan restringir su circulación en ciertas zonas de la ciudad para favorecer al MIO.
El presidente de Metrocali, Álvaro Rengifo, y Enrique Wolff Marulanda en representación del Grupo de Transporte Masivo S.A, GIT, firmaron el Otrosí No. 13 que establece nuevas restricciones para la circulación de buses colectivos, sobre todo en áreas neurálgicas como el centro de Cali donde, según parece, el MIO entraría a operar con total exclusividad.
Detrás de toda esta presión judicial contra los buses tradicionales está la crisis financiera y de corrupción que ha afectado al sistema masivo en los últimos años. En 2025 la Contraloría halló presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos; el ente de control halló evidencia de supuestos conflictos de interés entre funcionarios y empresas beneficiadas en la adjudicación del Tramo 3 de la Troncal Oriental, obra cuyos costos ascendieron a los $132.013 millones, y que hoy se encuentra suspendida.
En marzo del 2025 el expresidente de Metrocali, Luis Eduardo Barrera, fue imputado por la Fiscalía Cuarta Delegada contra la Corrupción de Bogotá por los presuntos delitos de peculado en favor de terceros. El exfuncionario habría suscrito un contrato con una empresa israelí en 2009 para la terminación de las obras de la terminal Calima por un valor de $ 22.750’893.899 de pesos sin verificar y con un anticipo irregular de $ 6.825.260.170 COP. Barrera también estuvo implicado en la firma de un acuerdo con la UTR & T, empresa encargada del recaudo de los pasajes, en el que se habría suspendido la medición de los niveles de la calidad del servicio lo que, según denuncias de funcionarios de administraciones posteriores, se tradujo en falta de herramientas jurídicas para sancionarlos en caso de incumplimientos.
Metrocali lleva años arrastrando problemas financieros y administrativos como los mencionados, que han afectado gravemente la operatividad del sistema. La falta de puntos de recarga, flotas reducidas, demoras e inseguridad, han empujado a los usuarios a buscar otras opciones de movilidad.
Por eso el MIO sigue perdiendo usuarios a pesar de los esfuerzos por recuperar su confianza. De acuerdo con cifras del informe sobre movilidad de Cali cómo vamos 2025, hace doce años, en su pico histórico más alto, el MÍO llegó a registrar 150 millones de pasajes anuales, y hoy reporta 89 millones. Asimismo, el informe reveló que el transporte público tradicional sufrió una pérdida de 2,1 millones de pasajes y la reducción de su flota de 322 a 289. Esto demuestra que, a medida que avanza el desmonte de los buses tradicionales, los usuarios migran a otras opciones de transporte informal en lugar de acudir al sistema masivo.
La Alcaldía de Cali en cabeza de Alejandro Eder, Metrocali y los concesionarios del MIO pretenden hacer creer a los caleños que los buses tradicionales son responsables de que el sistema no reciba más ingresos de los que debería. El MIO ni siquiera es la primera opción de movilidad en Cali, son las motos, y con certeza se podría decir que si existiera otra alternativa igual de económica y mucho más eficiente y segura menos gente lo usaría. Si no fuera por los buses tradicionales, las aplicaciones y la piratería, las estaciones terminarían aún más colapsadas en las horas pico, y la gente de las laderas, donde el MIO no llega, no tendría derecho a movilizarse.
Quieren ponerle fin a esta batalla legal librada desde hace más de una década para el desmonte total de los buses tradicionales, como si eso fuera a solucionar la crisis de la que no han logrado salir por culpa de sus mismos funcionarios. Y cuando por fin logren eliminar estos buses que tanto le siguen aportando a la movilidad de la ciudad, seguramente van a responsabilizar a la piratería, y luego a las aplicaciones, y entre todos pagaremos para seguir sosteniendo el precario, corrupto e ineficiente MIO.