Por Jorge Luis Galeano 

El ruido llega antes que cualquier otra cosa. En la glorieta de la parte baja de la Comuna 20, el tráfico de un sábado a las cuatro de la tarde no da tregua. Los carros pasan, siguen, no miran. En el centro, sobre el pasto verde, un grupo de unas diez personas conversa, ríe, se cuenta cosas al oído. El viento mueve las pancartas que acaban de colgar. Sobre uno de los bordes que da a la calle, un monumento pequeño pero visible sostiene las fotos y los nombres de varios jóvenes. Ninguno de ellos llegó a los treinta años. Todos murieron aquí, en este mismo lugar en 2021.

Por eso este trozo redondo de asfalto y pasto que distribuye el flujo vehicular hacia los barrios de la ladera de Cali o hacia el sur de la ciudad, es también un lienzo sobre el cual se ha pintado la resistencia popular colombiana. Históricamente la Comuna 20, construida sobre antiguas minas de carbón y forjada por el esfuerzo de migrantes y desplazados, ha sido el corazón de una Cali que se niega a ser solo la sucursal del cielo para unos pocos. Antes de 2021, la glorieta era una referencia para los habitantes de los once barrios de la comuna, pero hoy es un altar de memoria que ha transformado su función social de manera irreversible.

Y parte de ese altar se materializa en un monumento que se alza como un contrapeso al olvido institucional. No es un monumento oficial, no fue inaugurado con cintas tricolores ni discursos de gobernantes; es una construcción colectiva de las familias que buscan justicia. Sara Vásquez, socióloga e integrante del Tribunal Popular en Siloé, instancia creada por la sociedad civil para encontrar respuestas de lo sucedido en las protestas, está ahí cada primer sábado de mes como parte de la lucha para evitar el olvido. Ella está ahí, como las familias de las víctimas, como un gesto de perseverancia. Han pasado 5 años, pero su presencia en ese punto de la ciudad aún genera resistencia. Ella dice “también hay que luchar contra la impunidad social”, esa que insinúa que los jóvenes merecían ser asesinados. Por eso el trabajo del Tribunal y las otras organizaciones surgidas en marco del paro como Memoria Viva Colombia -MEVICO- es clave para que nombres como Kevin, Michael, Daniel o Harold no pasen a la historia como meras víctimas, sino sean el punto de partida para la no repetición y la efectiva acción judicial. Una acción judicial, dice Sara, veloz para condenar manifestantes, pero desesperantemente lenta para investigar a la Fuerza Pública.

Don Abelardo Aranda no es un hombre de gestos histriónicos. Su forma de estar en la glorieta es de una sobriedad que impone respeto. Se mantiene de pie con los brazos cruzados o ajustando con sus manos alguna de las cintas que sujetan las fotos que se bambolean al viento y guardan los testimonios gráficos del paro y la lucha posterior. A cinco años del asesinato de su hijo Michael Andrés, ha desarrollado una especie de firmeza que parece haber endurecido su carácter tras años de golpear las puertas de una justicia que permanece cerrada. El peso que carga no es solo el del duelo, sino el saber que su hijo se convirtió en un símbolo de la violencia estatal en Cali.

La firmeza de su carácter no se debilita cuando menciona a Michael. Habla con fuerza y dice “Soy el padre de un joven asesinado” pero es consciente de que esa pena no es sólo suya, sino colectiva “porque este dolor mío es el dolor de las otras 15 familias que también perdieron a sus hijos”. Según el Tribunal Popular, 159 personas fueron víctimas de distintas violencias en la Comuna 20 durante el Estallido Social y 16 de ellas fueron asesinadas.

Don Abelardo resalta la importancia de la constancia: estar presente cada primer sábado de mes no es una elección, es un deber. Es como si dijera que al no ir, al no poner las fotos, a los muchachos los matan dos veces: una con la bala y otra con el olvido. Estar ahí es, también, un acto de vigilancia sobre el proceso judicial. Durante años ha denunciado que la investigación por la muerte de su hijo no avanza en la Fiscalía. En los primeros once meses después del asesinato, no hubo ni una sola audiencia, ni un llamado de las autoridades; solo el vacío. Esa inacción es la que lo ha llevado a unirse a otros padres y madres para exigir que el Estado reconozca su responsabilidad. Su búsqueda, como la de las otras personas, es por saber quién dio la orden de disparar contra la juventud de Siloé.

Que el dolor no es individual es algo que don Abelardo y las demás familias tienen muy claro. Saben que la lucha es colectiva y ellas y ellos lo repiten constantemente, pero no como un lema para campañas publicitarias, sino porque la han materializado en las organizaciones que han surgido desde 2021. La adopción del Tribunal Popular (figura internacionalmente conocida) fue sólo el comienzo y en la Glorieta se ve claramente: pancartas con los nombres de algunas de las colectividades que han fortalecido la tarea de buscar justicia y garantizar que no haya olvido. Aparece, por ejemplo, una con las palabras Memoria Viva Colombia -MEVICO- que agrupa familias de toda Colombia y que nació de otra tragedia: el asesinato de Nicolás Guerrero el 2 de mayo de 2021 en el sector conocido como el Paso del Comercio. Tristemente una de las víctimas de Siloé fue asesinada un día después mientras estaba en una velatón, precisamente, por la muerte de Nicolás. Su nombre era Kevin Agudelo.

Estas historias que parecen encontrar un lugar que las junta en la Glorieta de Siloé no podían quedar sueltas, luchando por separado. Nació, entonces, la Verdad y la Justicia en Acción que agrupa a 45 colectivos de todo el país cuya fuerza combinada sigue en la ardua labor de documentar los casos de violencia en marco del paro. Ya han producido varios informes en los que se muestra que hubo un patrón de represión que se repitió en Bogotá con Dilan Cruz, en Pereira con Lucas Villa, en Cali con Kevin, Harold, Michael, Nicolás y otros 61 jóvenes que, según el trabajo de estas organizaciones, fueron asesinados en la ciudad.

Por ello, la cita en la glorieta el primer sábado de cada mes no es sólo ocupar ese espacio y llenarlo de pancarta y fotos, sino una reapropiación del territorio porque no se trata simplemente de recordar el pasado, sino de demostrar que las familias siguen unidas, que el miedo que intentaron sembrar con la Operación Zapateiro no logró desarticular el tejido social.

De hecho, ese tejido logró que hubiera una sentencia, la del Tribunal Popular que, aunque no es vinculante al Estado, fue el primer gran triunfo al recuperar información y material probatorio que las autoridades habían ignorado sistemáticamente. Fue su trabajo el que abrió la puerta para que hoy, en mayo de 2026, exista un Comité de Expertos con mandato estatal para investigar los hechos.

El Comité nació de la presión de las organizaciones sociales que por años han exigido al Gobierno la creación de una Comisión de la Verdad para esclarecer los hechos de violencia. En noviembre de 2025, parte de esa exigencia se hizo realidad a través del Decreto 1190 del Ministerio del Interior, que dio vida a dicho Comité que tiene como función establecer qué pasó entre 2019 y 2021 en marco del Paro Nacional. La existencia de esa instancia es un triunfo con dos caras: por un lado, la posibilidad de que se sepa la verdad, pero por el otro, de que el proceso no prospere como se espera por el corto tiempo que tiene: su vida legal termina en julio de 2026 y aunque habría la posibilidad de una prórroga, la coyuntura electoral actual, haría ello inviable. Sara Vásquez no niega esta dificultad “lastimosamente es un decreto que está muy limitado porque busca que en menos de 6 meses se haga una investigación tan extensa”.   

Esa preocupación es compartida por Leyder Perdomo Ramírez, una de las tres personas que integran el Comité. “Sí, es una preocupación legítima, pero la hemos ido solventando con la ayuda de organizaciones como El Tribunal Popular y otras a nivel nacional” lo que confirma que la idea de lo colectivo está presente también en esta instancia tan importante: generar un informe que dé cuenta de lo sucedido entre 2019 y 2021 en marco del paro. Esa verdad, al publicarse, no será definitiva. Leyder dice que será un punto de partida para seguir trabajando y alimentando constantemente. No será, tampoco, vinculante. No servirá para condenar a nadie o acelerar procesos judiciales, pero será el resultado del trabajo de todas las organizaciones que se contrapone a la ausencia institucional, a su lentitud y, muchas veces, a su indolencia.

Este Comité, además, tiene entre sus obligaciones crear espacios de escucha con las víctimas. Ya han hecho dos encuentros y planean hacer otros 8 durante mayo, uno de ellos en Cali. Leyder se refiere a ellos como “espacios de desagravio” porque es donde las víctimas son escuchadas, tenidas en cuenta y sus aportes son definitivos para la creación del informe final.

Leyder resalta la independencia de esta instancia “más allá del Decreto que lo creó y la financiación, nuestra labor no está comprometida ideológicamente, pues estamos detrás de los hechos sin sesgos políticos” para centrarse en los estándares internacionales de derechos humanos. Su función es el esclarecimiento histórico y la recomendación institucional.

El tráfico es cada vez más intenso. Se acerca la hora pico y los conductores se impacientan. Hacen sonar sus pitos con dureza, esperando que el movimiento se agilice. Ese fondo sonoro contrasta con lo que sigue sucediendo en la glorieta: fotos y pancartas que se bambolean con el viento, personas conversando calmadamente, riendo y otras escribiendo letreros con mensajes claros: 58 meses de impunidad. Todo ello se combina para darle vida un grito colectivo, uno que se ahoga con los pitos y ruido de la ciudad. Un grito profundo que exige justicia y al que cada vez se unen más y más personas cansadas de la indiferencia y la sordera institucional.

Las pancartas se descuelgan, pero los rostros de los jóvenes asesinados permanecen ahí porque contra la impunidad no se lucha sólo el primer sábado de cada mes.