Pasa el tren y las palabras se van enredadas en los rieles. En la finca El Trébol, que está ubicada en La Agustina, una vereda del corregimiento Guacamayal en la Zona Bananera, el calor no amaina, tampoco la energía de Cecilia, Beatriz y Ligia, tres mujeres que representan a la Asociación El Chimborazo y que hoy relatan sus historias:
“Voy a hablar de mí y de la comunidad en general. A nosotros nos reunieron en una de las fincas, cuando nos dijeron que nos daban 24 horas para que saliéramos” dice Beatriz. Tuvieron que pasar diez años y que el dolor tomara distintas formas para que las 112 familias que fueron desplazadas por el Frente William Rivas del Bloque Norte comenzaran a hablar de lo que pasó.
“Empezaron a violar a nuestros hijos, nuestras hijas. Empezaron a violar una, iban a una, dos, tres casas. Entonces uno decía: Nos vamos antes de que nos toque a nosotros. Ellos decían que si nos íbamos era porque había algo ahí. O sea, primero vivimos un terror terrible. En el momento en que nos reúnen y nos dicen: Bueno, ya está bueno, ya se pueden ir de aquí, de este lote. 24 horas pa’ que salgan de aquí. Nosotros no esperamos 24 horas. Eso fue a las 4 de la tarde y ya a las 7 estábamos nosotros recogiendo motete. Dejamos animales, dejamos todo, todo lo que teníamos: los cultivos, la ropa. Dejamos todo.” remata Beatriz.
Gracias al apoyo del Consejo Noruego, crearon la Asociación El Chimborazo, nombre que tomaron de la finca más grande entre las despojadas, conformada por cuatro predios del mismo sector, habitados por familias unidas por lazos comunitarios.
“Nuestra asociación es de personas desplazadas y personas vulnerables, que exigimos que se restituyan nuestros derechos. Hemos anhelado eso, pero en el camino han fallecido muchos compañeros. Apenas estamos iniciando a ver cosas que el Estado nos está reparando, como las maquinarias, como el ganado, con la entrega de algunas tierras, pero faltan muchos por ser restituidos para poder ejecutar nuestros proyectos” añade Beatriz.
Para las 112 familias que conforman la Asociación El Chimborazo, el camino institucional ha sido largo, sus derechos han sido restituidos a cuentagotas. Han tenido que enfrentarse con la revictimización, y sin embargo, gracias a un esfuerzo férreo, ahora están viendo algunos resultados. Declaraciones rechazadas por la Personería local los obligaron a acudir a la Defensoría del Pueblo y a Justicia y Paz. Sólo así lograron que sus voces fueran escuchadas.
En 2014, el colectivo presentó su demanda de restitución. Cuatro años después, en 2018, los magistrados respondieron. De los cuatro predios, solo se restituyó uno: la finca Negride, entregada a 15 familias. A ellas se les construyeron viviendas y se les entregó un proyecto productivo.
Sin embargo, aún faltan 97 familias por recibir tierra. Beatriz ha perseguido respuestas personalmente desde Santa Marta hasta Cartagena, subiendo a la Sierra, buscando al director del programa. “¿Nada se ha conseguido?”, se pregunta. “¡Sí se ha conseguido! Corriendo detrás de ellos.”
El grupo ha recibido maquinaria, ganado y apoyo parcial, incluyendo el PIR (Proyecto Integral de Reparación), pero viven en terrenos arrendados, pagando hasta 4 millones por 22 hectáreas, sostenidos por ventas de pasteles, rifas y bazares.
“Imagínese que nosotros regresamos… pero no del todo. Muchos aún no tienen casa. La mayoría sigue viviendo con el papá, la mamá, el hermano, el cuñado. Algunos compañeros siguen por fuera, lejos de sus tierras. El terror fue tan grande que por mucho tiempo no pudimos hablar, no podíamos reclamar, no sabíamos a quién acudir. Todo estaba revuelto” señala Beatriz.
La fortaleza, según Beatriz, la ha recibido de sus compañeras, de la tierra, de hijos y de sus nietos. A los que les ha contado de las violaciones de las que fue víctima. Cuenta que les dice: “Tienen que sentirse orgullosos de mí porque no toda mujer reconoce y yo reconozco que yo no tuve ni la culpa de eso. Hoy en día ya a mí no me da pena decir que yo fui violada”.
“Nosotros fuimos víctimas de violaciones, no solamente las mujeres. En esa época yo tenía 33 años. Mis otras compañeras, que son más jóvenes que yo, imagínatelas, y bien bonitas. Esos hombres metidos con nosotros en esa selva, allá, y nuestros maridos, nuestros compañeros. Mira, muchos de los compañeros dejaron a sus esposas por esa violación. Y de pronto no fue porque violaron a la mujer, sino que ellos también fueron víctimas de violencia sexual. Nosotros hemos perdido de todo, no solamente perdimos las tierras, sino también la dignidad de nuestros maridos, de nuestras compañeras. Pero gracias a tanta capacitación y ayudas que nos dieron algunas organizaciones de derechos humanos.”
Beatriz nació en un corregimiento llamado Campeche, pero desde muy pequeña, sus padres llegaron a la Zona Bananera, y aunque no nació en el lugar, lo dice con orgullo: “Yo soy de aquí, me siento zonera.”
—Pero ¿qué es ser zonero?
Aquí a todo el mundo se le da el espacio, y es un municipio tan pasivo que acoge a todo el que viene aquí. Entonces, yo llegué muy niña, pequeñita, y aquí pues me casé, tengo mi familia, mis hijos.
Este año Beatriz cumple 60 y nada le cuelga en su cuerpo —dice—. ¿Por qué? “Del azadón, de picar, de moler, de coger un machete. Mire todo lo que hemos conseguido, mire todo lo que hemos hecho y no me sienta… estoy vieja de cédula, como dicen los compañeros.”