Abril 9 – 2025

Por Jorge Luis Galeano Bolaños

A corte del 28 de febrero de 2025, la Unidad de Víctimas reporta más de 9 millones de víctimas en Colombia por el conflicto armado. Entre los hechos preocupantes aparecen la vinculación y el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes a grupos armados ilegales con 10.900 casos. Este delito es una constante y se sigue cometiendo en todo el país. 

Según la Justicia Especial para la Paz -JEP- más de 18.600 niños fueron reclutados y vinculados al conflicto armado por parte de las Farc entre 1996 y 2016 y el 68% de las víctimas acreditadas es menor de 15 años. Para 2023, la misma entidad registró 163 casos y hasta noviembre de 2024, ya habían 160. Los departamentos más afectados son Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Chocó y Huila.

Por la gravedad del hecho, la JEP abrió el Caso 07 para condenar a los culpables de este delito y en los avances muestra que de las más de 10 mil víctimas acreditadas, casi 9 mil pertenecen a pueblos indígenas, lo que confirma la vulnerabilidad de esta población a las acciones de los grupos armados ilegales. Por ejemplo, en el primer semestre de 2024, el 51% de niños, niñas y adolescentes reclutados era indígena, según reportó la Defensoría del Pueblo.

Tras la ruptura de la tregua entre las bandas Los Shottas y Los Espartanos a mediados de enero de este año, los índices de violencia se dispararon en Buenaventura. Todo esto, a pesar de los esfuerzos del Gobierno Nacional por mantener viva la mesa con estos dos grupos. La situación es grave desde inicios de febrero de este año, pero empeoró en marzo. Según la Fundación Paz y Reconciliación -PARES- en dicho mes hubo 20 asesinatos, una cifra que no se presentaba desde mayo de 2023. En total, en el primer trimestre de este año se presentaron 46 asesinatos, un número mayor al que se obtiene al sumar los casos del mismo período de 2023 y 2024. 

Esto hizo que la Gobernación del Valle, tras un consejo de seguridad, decidiera trasladarse temporalmente al Puerto para atender el caso de cerca. En ese proceso y, tras el recrudecimiento de la violencia, se conoció que ambas bandas delincuenciales están dispuestas a retomar la tregua, pues ya venían consolidando un pacto de no agresión. Eso sí, pusieron una condición: el reemplazo de Fabio Cardozo como jefe negociador por parte del Gobierno Nacional. Esta petición la hicieron tras una declaraciones del funcionario en las que afirmó que la tregua era aprovechada por ambas bandas para fortalecerse, lo que no cayó bien entre los integrantes de los Shottas y Espartanos.  

La población civil y los liderazgos sociales de Buenaventura piden y esperan que ambas bandas se comprometan a reiniciar una tregua que, en su período más largo, logró 19 meses de relativa tranquilidad para la gente del Puerto, pero cuyo rompimiento genera olas de violencia cada vez más grandes.

En marco de los enfrentamientos entre los distintos grupos armados ilegales que operan en Colombia, la población civil sufre las más graves afectaciones: desplazamientos forzados, confinamiento, exposición a fuego cruzado, entre otras. Dichas afectaciones han ido en aumento por la fragmentación de esos grupos armados, lo que incrementa los enfrentamientos entre ellos, además, las crisis en las distintas mesas exponen a la población civil a sufrir hechos victimizantes que significa la violación de las normas que rigen los conflictos: El Derecho Internacional Humanitario -DIH- En ese sentido, el Comité Internacional de la Cruz Roja -CICR- muestra un deterioro de la situación de la población no combatiente en muchas regiones del país. 

Entre lo que muestra el más reciente informe del Comité, es el uso que hacen los grupos armados ilegales de armas no convencionales como las minas antipersonal que dejó 709 víctimas civiles en 2024, pero también atentados contra misiones médicas, especialmente en el departamento del Cauca, en donde se pudieron registrar 67 de los 201 casos el año pasado. 

De igual manera, la creciente disputa territorial entre los grupos armados ilegales  somete a la población civil a estados de confinamiento que provocan graves vulneraciones a derechos como el de la seguridad alimentaria, la movilidad, entre otros. Para ese caso, el CICR pudo comprobar que 88.874 personas padecieron de este fenómeno en 2024, 36 mil de ellas en el departamento del Chocó, el más afectado.   

Por lo anterior, el Comité Internacional de la Cruz Roja hace un llamado a los actores armados (legales e ilegales) a cumplir con las normas del DIH, así no haya cese al fuego vigente entre las partes porque el respeto por dichas normas garantiza que no se afecte a la población civil, es decir, aquéllas personas no combatientes.

El más reciente hecho grave de violación de Derechos Humanos en marco del conflicto armad en Colombia, ha sido lo sucedido en la región de El Catatumbo, al oriente del país. Ahí se disputan el territorio el ELN y las Disidencias de las antiguas FARC. Dicha confrontación ha dejado un balance trágico entre la población civil: más de 97 mil personas afectadas, 21 mil con restricciones en la movilidad que les dificulta el acceso a bienes y servicios, además de 50 mil desplazados forzadamente. Además, se reportan 35 acciones armadas Tibú, Convención, Teorama y El Tarra, dejando a la población civil en medio del fuego cruzado, incluyendo niños y adolescentes.

Los graves hechos ocurridos ahí produjeron el congelamiento de los diálogos de Paz entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional. Un congelamiento que, para algunos analistas, es sólo una forma de decir que terminaron, sobre todo, por las recientes declaraciones de integrantes de la guerrilla, quienes han dicho que la paz no se podrá firmar antes del 2026.

En medio del panorama difícil de las negociaciones del Gobierno de Colombia con actores armados, se logró la desmovilización del grupo denominado Comuneros del Sur de Nariño, que en mayo del 2024 se apartó del Ejército de Liberación Nacional. Dicha desmovilización implica un respiro, no sólo para la Paz Total como proyecto, sino para la tranquilidad de los territorios en donde operaba esta agrupación.

Entre los acuerdos firmados está la creación de mecanismos para la recuperación de la memoria colectiva, el fortalecimiento de iniciativas comunitarias de memoria y la articulación con el Sistema Integral para la Paz, incluyendo la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), entre otros. Además se firmó otro acuerdo, pensado para la sustitución voluntaria de 5 mil hectáreas de cultivos de uso ilícito en diez municipios priorizados en Nariño. El acuerdo se firmó por parte de Carlos Erazo y Roger Garzón, como representantes de las partes y leído por la delegada del Gobierno para estos diálogos, Ángela María Robledo.