Diez años después del plebiscito del 2 de octubre de 2016, la paz sigue siendo en Colombia un derecho escrito en la Constitución que millones de personas no pueden ejercer y no lo han logrado por dos razones que se alimentan entre sí.

La primera es la guerra misma que no terminó, sino que cambió de forma. La segunda es la disputa ideológica que nació, o se profundizó, aquel 2 de octubre. Cuando la paz se convierte en la bandera de un bando, cada cambio de gobierno pone en riesgo lo construido. Las tierras que no se entregan, las leyes que se archivan y las instituciones que se desmontan no son abstracciones: son la diferencia entre un campesino del Cauca que puede trabajar su parcela y uno que tiene que huir.

Quienes miden el proceso lo advierten. El Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, encargado por las partes de hacer seguimiento a la implementación, concluye en su más reciente informe que la sostenibilidad del proceso no depende de firmar nuevos compromisos. Depende de consolidar lo construido y evitar que los cambios de gobierno interrumpan lo que ya está en marcha. Por eso recomienda tratar la paz como política de Estado, con un acuerdo multipartidista en el Congreso para sacar adelante las leyes pendientes.

El Secretario General de la ONU fue en la misma dirección en su informe de marzo de 2026. Advirtió que la responsabilidad de sostener el Acuerdo pasaría pronto a un nuevo Gobierno y Congreso, y que estabilizar las regiones en conflicto requiere una implementación más profunda, no menor. El nuevo gobierno ha anunciado una revisión de la implementación que, según la prensa nacional, llevará ante el Consejo de Seguridad de la ONU el próximo 12 de octubre.

Hay señales de que el debate puede ser menos binario de lo que parece. Según El País de España, casi nadie se opone hoy públicamente a una distribución justa de la tierra, y las curules de paz, que dieron voz a 16 regiones golpeadas por la guerra, siguen funcionando. El temor de la campaña del No, que las FARC llegarían a gobernar, no se cumplió: según la Misión de la ONU, el partido Comunes ni siquiera alcanzó el umbral para conservar su personería jurídica en marzo de 2026.

Desde la academia también se proponen salidas que van más allá de la política. La investigadora Laura Bolaño-Pérez, catedrática de la Universidad del Rosario, plantea una “ciudadanía compasiva”: capaz de sentir como propio el dolor del otro, sea víctima o victimario, y de ver la diferencia como algo distinto del exterminio.

Para entender cómo llegamos hasta aquí hay que volver a aquel domingo de 2016: a un resultado que nadie esperaba, a las emociones que lo explican, a un Acuerdo aprobado pero nunca del todo aceptado y a una guerra que, lejos de terminar, cambió de rostro.

El domingo 2 de octubre de 2016, en Bojayá, Chocó, la gente votó pensando en sus muertos. Según recogió la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el padre Antún Ramos le dijo entonces a la revista Semana que la comunidad tenía cientos de razones para votar No, pero que, por haber sufrido más que nadie, vio en las urnas la posibilidad de cerrar 52 años de guerra. Esa noche, el resto del país leyó la pregunta de otra manera.

Aquel día, Colombia debía responder si apoyaba “el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. La mayoría de quienes votaron dijo que no. Diez años después, esa respuesta sigue marcando la suerte del Acuerdo y, con ella, la de un derecho que la Constitución de 1991 puso en el centro de la vida nacional.

Vale la pena recordarlo antes de entrar en las cifras. De acuerdo con el artículo 22 de la Constitución Política, la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Está ubicado en el capítulo de los derechos fundamentales y, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es un derecho colectivo que se vuelve fundamental cuando está en juego la vida, la integridad o la dignidad de las personas. Es decir, la paz no es una bandera de un gobierno o de un partido: es una obligación del Estado y de todos sus ciudadanos.

¿Por qué, si la paz es un derecho, millones de colombianos no han podido ejercerlo plenamente en la última década? La respuesta no está solo en las armas que siguen sonando en el Cauca, el Catatumbo o el Pacífico. También está en la disputa ideológica que convirtió a la paz en un campo de batalla político desde aquel domingo de 2016.

El resultado fue tan estrecho como sorpresivo. Revisando datos de la Registraduría procesados por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), el No obtuvo 6.431.376 votos y el Sí 6.377.482. La diferencia fue de 53.853 votos, apenas 0,22 puntos sobre el total de votos válidos.

Nadie lo esperaba. Según el informe de la FIP Votando por la paz: entendiendo la ventaja del “No”, todas las encuestas daban como ganador al Sí. Polimétrica le otorgaba el 62 %, Datexco el 55 % e Ipsos Napoleón Franco el 66 %.

El dato que más llama la atención, sin embargo, es otro: la gran mayoría de colombianos no votó. De acuerdo con la FIP, la abstención llegó al 62,6 %, la más alta en 22 años. Indepaz precisa que en la Costa Caribe superó el 73 %, con picos del 81 % en La Guajira y del 76 % en Atlántico, Magdalena y Bolívar. El huracán Matthew, que azotó la región en esos días, y unas maquinarias políticas que se quedaron quietas explican buena parte de ese silencio.

Aun así, el mapa del voto habla con claridad. Según la FIP, el Sí ganó en las zonas más alejadas del Estado y del mercado, donde la guerra con las FARC se sintió con más fuerza. El No, en cambio, se impuso en los territorios más integrados, con instituciones que funcionan mejor.

Los ejemplos son elocuentes. En el Catatumbo, municipios como San Calixto, El Tarra, Hacarí y Teorama votaron por el Sí con porcentajes entre el 86 % y el 95 %, según la FIP. Indepaz encontró que en la costa Pacífica cerca del 80 % de los votantes respaldó el Acuerdo, y que lo mismo ocurrió en los municipios de mayoría indígena del Cauca, Nariño y Putumayo.

La FIP también halló que entre más pobre era un municipio, medido por el Índice de Pobreza Multidimensional, mayor fue el apoyo al Sí. Y citando al Centro para el Desarrollo Rural, señala que en los municipios donde ganó el Sí el porcentaje de población étnica era 4,5 veces mayor que en aquellos donde ganó el No.

Cali y el suroccidente también dejaron su huella. De acuerdo con Indepaz, en el Valle del Cauca ganó el Sí, pero el No creció hasta rozar el empate y la abstención llegó al 66 %, por encima del promedio nacional. La capital vallecaucana, con Bogotá y Medellín, fue una de las ciudades que más votos absolutos aportó al No, aunque en Cali se impuso el Sí.

La conclusión es dura: quienes más habían sufrido la guerra votaron por terminarla, pero la decisión la tomaron, en buena medida, quienes la habían visto de lejos.

Explicar el resultado solo como una victoria del uribismo o como el efecto de una campaña de mentiras se queda corto. Las investigaciones académicas muestran un panorama más complejo.

Según el politólogo Yann Basset, de la Universidad del Rosario, en su artículo Claves del rechazo del plebiscito para la paz en Colombia, el margen decisivo vino de un “No no uribista”. Ese voto se concentró en ciudades intermedias como Barrancabermeja, Cúcuta, Buga, Palmira y Buenaventura; en municipios vecinos a las capitales, como Soacha, Soledad o Bello; y en barrios populares de las grandes ciudades, como Bosa, Ciudad Bolívar y Usme en Bogotá.

¿Por qué? De acuerdo con Basset, en esos sectores, donde viven miles de desplazados, se instaló el temor de convertirse en “los olvidados del posconflicto”. Escuchaban que la paz se haría en los territorios rurales y que los recursos irían a esas zonas y a los excombatientes, mientras sus propias necesidades seguían sin resolverse.

Basset añade otro hallazgo: el Sí no perdió porque el No creciera, sino porque no logró movilizar a los suyos. El No sacó cerca de 500.000 votos menos que Óscar Iván Zuluaga en 2014, mientras el Sí perdió cerca de 1,5 millones frente a Juan Manuel Santos. El autor también matiza dos explicaciones muy repetidas: no encontró una relación geográfica clara entre el voto cristiano y el No, y advierte que reducir todo a la desinformación ignora inquietudes sociales legítimas.

La desinformación, con todo, existió. Según la investigadora Laura Bolaño-Pérez, en un artículo de 2025 publicado en la revista Forum de la Universidad Nacional, el gerente de la campaña del No reconoció que buscaban que la gente saliera a votar indignada. En las emisoras de estratos altos el mensaje fue la impunidad; en las de estratos bajos, los subsidios; en la Costa, el miedo a “convertirse en Venezuela”. Indepaz coincide en que la propaganda antichavista y la crisis de la frontera pesaron en Norte de Santander, donde el No alcanzó el 64 %.

Bolaño-Pérez propone una lectura más profunda, desde la filosofía de Martha Nussbaum. A su juicio, décadas de guerra crearon emociones colectivas de ira e indignación hacia las FARC que desplazaron la compasión hacia las víctimas. Una cultura clasista, racista y patriarcal hizo que muchos no vieran como propio el dolor de comunidades indígenas, negras y campesinas. Así, el Acuerdo se leyó como un premio a criminales y no como una oportunidad de reparar a quienes lo perdieron todo.

La distancia física también fue distancia emocional. De acuerdo con la misma autora, quienes no vivieron el conflicto de cerca tuvieron más dificultad para conectar con quienes sí lo sufrieron. Y esa brecha, advierte, no se cerró con el plebiscito: dejó un país dividido no solo en lo político, sino en lo ético.

Tras la derrota, el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC renegociaron el texto con sectores del No y lo firmaron de nuevo en el Teatro Colón, en noviembre de 2016. El Congreso lo refrendó semanas después.

Jurídicamente, el Acuerdo quedó en pie. Políticamente, quedó herido. Según la politóloga Mónica Pachón, en un documento de antecedentes del Informe Nacional de Desarrollo Humano del PNUD, el triunfo del No abrió un nuevo pulso entre fuerzas políticas. La aprobación final, con revisiones mínimas y el rechazo del uribismo, convirtió la modificación del proceso de paz en un objetivo de esa corriente. Para Pachón, la década entera se explica por esa polarización alrededor de la paz y de las figuras de Álvaro Uribe y Santos.

El resultado ha sido un péndulo. De acuerdo con el mismo análisis del PNUD, las mayorías oscilan entre quienes heredan la política de Seguridad Democrática y quienes la rechazan, y cada giro cambia el rumbo de la paz.

Las posturas de los cuatro presidentes de la última década lo muestran con claridad, según la sistematización de Hechoencali.com a partir de boletines oficiales, informes del Instituto Kroc y prensa nacional:

Pachón describe que con Duque, opositor vehemente del proceso, el mandato de recuperar la Seguridad Democrática entró en contradicción con la implementación. Petro intentó revertirlo, pero su apuesta por negociar con todos los grupos armados terminó, según varios analistas, arrastrando consigo la imagen del Acuerdo.

Hoy, el péndulo volvió a moverse. De acuerdo con El País, quienes votaron No se sintieron traicionados por la refrendación en el Congreso y siguen criticando lo acordado, incluido el actual presidente, Abelardo De La Espriella. El diario señala que el partido de gobierno ha presentado tres iniciativas que afectan a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): recortar su presupuesto, impedir que su mandato se extienda hasta 2033 y permitir que la justicia penal militar revise sus sentencias contra militares.

El Acuerdo tiene un plazo de 15 años, hasta 2031. A diez años del plebiscito, el balance está lejos de lo prometido. Según el más reciente informe del Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, encargado de medir la implementación, a noviembre de 2025 solo el 36 % de las 578 disposiciones estaba completo. El 21 % estaba en estado intermedio, el 35 % en estado mínimo y el 8 % ni siquiera había empezado.

Lo más preocupante es que el atraso se concentra en los puntos que atacan las raíces de la guerra. De acuerdo con el Instituto Kroc, en la Reforma Rural Integral apenas el 9 % de los compromisos está completo y el 67 % sigue en estado mínimo. La adjudicación de tierras con registro formal llegaba a 72.880 hectáreas, apenas el 2,4 % de la meta de tres millones. Además, solo el 8,9 % de lo adjudicado en 2025 quedó en municipios PDET, los más golpeados por el conflicto.

La participación política está aún peor en arranque: según el mismo informe, el 22 % de sus disposiciones no ha iniciado, el porcentaje más alto de todo el Acuerdo. En los últimos dos años se archivaron cuatro proyectos de ley, entre ellos la reforma política y la ley de protesta social. En sustitución de cultivos ilícitos, solo el 17 % de las 99.097 familias inscritas en el PNIS logró completar el programa.

El suroccidente refleja esas brechas. Revisando datos del Instituto Kroc, en Nariño solo el 10,5 % de las familias terminó el proceso de sustitución, frente al 41,1 % en Putumayo. Las comunidades negras, concentradas en un 93 % en Tumaco, registraron la tasa más baja: 10,1 %. Hubo avances puntuales, como la Zona de Reserva Campesina del río Las Piedras en el Cauca y viviendas para firmantes en el ETCR Los Monos, también en el Cauca.

La Misión de Verificación de la ONU ofrece una mirada complementaria. Según el informe del Secretario General de marzo de 2026, se habían entregado 323.579 hectáreas y formalizado más de 3,9 millones, el 56 % de la meta de siete millones. La inversión en los PDET suma 8.800 millones de dólares, aunque los proyectos de alto impacto avanzan poco. Y de los más de 13.000 excombatientes que dejaron las armas, 11.031 siguen activos en la reincorporación.

El desgaste también se siente en la calle. De acuerdo con un estudio del Observatorio de la Democracia citado por El País, el apoyo al Acuerdo cayó a 36,5 % en 2025, el nivel más bajo en diez años. Quienes creen que el acceso de los campesinos a la tierra mejoró pasaron del 61,3 % en 2018 al 34 %. Los que perciben más seguridad en su municipio bajaron de 47,5 % a 24,1 %. La confianza en la JEP cayó de 37,5 % en 2023 a 27,2 % en 2025.

Para el profesor Miguel García, de la Universidad de los Andes, citado por el diario, las expectativas de la gente no resisten bien diez o quince años. En 2018 los colombianos evaluaban el Acuerdo pensando en el futuro; hoy lo juzgan mirando atrás. Y el fracaso de la Paz Total, añade, terminó cargándose sobre el Acuerdo de 2016.

No todo es retroceso. La consejera de Paz de Bogotá, Isabelita Mercado, dijo a El País que se ha implementado más de lo que la gente cree, y puso como ejemplo la búsqueda de desaparecidos en el cementerio de Palmira, cerca de Cali. Según una encuesta de la Alcaldía de Bogotá, más del 70 % reconoce que hoy existen mecanismos para conocer la verdad del conflicto.

El Acuerdo sí cambió el país. Según el análisis de Mónica Pachón para el PNUD, desde el anuncio del proceso de paz bajaron los actos terroristas, las acciones subversivas y los secuestros, y la tasa de homicidios pasó de 34 a 25 por cada 100.000 habitantes, una de las más bajas en cuatro décadas. La Misión de la ONU confirma que Colombia es hoy, en general, más pacífica que en los peores años previos a la firma.

Pero la paz llegó incompleta. De acuerdo con Pachón, después de 2017 la salida de las FARC dejó territorios que otros actores armados aprovecharon, y surgieron nuevas formas de violencia, sobre todo contra líderes sociales en zonas con poca presencia del Estado. Los cultivos de coca superaron las 160.000 hectáreas, concentrados en las mismas zonas que antes controlaba esa guerrilla.

Esa idea del “vacío de poder” atraviesa casi toda la literatura académica reciente. Una revisión de diez estudios realizada por Hechoencali.com encontró coincidencias claras. El International Crisis Group advirtió ya en 2017 que grupos rivales se disputaban el territorio y la coca que dejaron las FARC. Los economistas Prem, Rivera, Romero y Vargas, de la Universidad del Rosario, demostraron que el cese al fuego fue seguido por más asesinatos de líderes sociales en antiguas zonas guerrilleras, cometidos por grupos que buscaban controlarlas.

El politólogo Jerónimo Ríos Sierra, de la Universidad Complutense, sostiene que la violencia se recrudeció por tres factores combinados: la violencia estructural, la implementación deficiente del Acuerdo y una geografía del conflicto sin resolver. El Estado, dice, nunca ocupó las zonas que dejó la exguerrilla. Y la Fundación Ideas para la Paz reportó que en 2025 los grupos armados sumaron unos 5.000 nuevos integrantes.

Hay un matiz importante para no caer en lecturas fáciles. Según Ríos Sierra, más del 90 % de los firmantes nunca volvió a las armas: el grueso de las disidencias son nuevos reclutas. La baja implementación explica sobre todo la expansión de los grupos y la falta de transformación de los territorios, más que un regreso masivo de excombatientes.

El costo humano sigue siendo enorme. De acuerdo con la Misión de Verificación de la ONU, 491 firmantes de paz han sido asesinados desde 2016. Solo entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, la OCHA reportó 8.404 personas desplazadas y 23.039 confinadas en 26 municipios. La Misión de Observación Electoral identificó 185 municipios en riesgo antes de las elecciones legislativas, un 92 % más que en 2022.

La ONU lo resume en una frase que explica este reportaje: es precisamente en las zonas donde el Acuerdo no se ha implementado lo suficiente donde persisten hoy muchos de los problemas más graves. Y, según el Instituto Kroc, las alertas tempranas de la Defensoría en 2025 priorizaron especialmente al Cauca y al Valle del Cauca, donde convergen el conflicto y las economías ilegales.

El recorrido deja una certeza: la paz en Colombia no ha fallado por falta de un acuerdo, sino por falta de un consenso que lo sostenga. Mientras siga siendo la bandera de un bando, cada elección será un plebiscito sobre lo ya firmado, y los territorios que más la necesitan seguirán esperando.
En Bojayá votaron por el Sí quienes más razones tenían para el No. Quizás esa sea la lección más valiosa de estos diez años: el derecho a la paz se ejerce mejor cuando se piensa desde quienes más han sufrido la guerra, y no desde la trinchera ideológica de cada quien.