Septiembre 2 – 2026 

Por Laura Carolina Cruz 

El problema con las distopías es que, muchas veces, terminan encontrando eco en la realidad. Los Estados acaban pareciéndose, en mayor o menor medida, a los escenarios que alguna vez imaginaron los libros. Para algunos, el giro político que hoy atraviesa América Latina,  y en particular Colombia, enfrenta hoy esas  advertencias.

En 1984, George Orwell imaginó un Estado que ejercía el poder no solo mediante la vigilancia, sino también a través del lenguaje. La neolengua reducía progresivamente el número de palabras disponibles hasta limitar la capacidad misma de pensar ciertas ideas. Al mismo tiempo, ministerios con nombres paradójicos —como el Ministerio de la Paz, encargado de la guerra, o el Ministerio de la Verdad, dedicado a reescribir la historia— mostraban cómo el lenguaje podía convertirse en un instrumento de poder.

La realidad colombiana plantea una pregunta distinta, pero inevitablemente atravesada por esa intuición de Orwell: ¿qué ocurre cuando una palabra desaparece del lenguaje del Estado y por ende del escenario público?

Hoy, la palabra paz desaparece del discurso oficial y de la arquitectura institucional. En su lugar aparecen expresiones como “Firmes con la Patria”, “Patria Milagro” o “seguridad”, que comienzan a ocupar el centro del relato del nuevo gobierno.

No se trata únicamente de un cambio semántico, sino de una disputa por el fin de un conflicto. Porque lo que no se nombra no existe y quien nombra, delimita; y quien delimita, en cierta medida, gobierna.

Entre esas decisiones de gobernar la Consejería para la Implementación del Acuerdo de Paz no va más es reemplazada por una Consejería de Seguridad, este cambio simboliza una nueva manera de entender las prioridades del Estado y la forma de enfrentar un conflicto armado que, a pocos meses de cumplirse diez años de la firma del Acuerdo de Paz, sigue lejos de resolverse.

Si las distopías suelen encontrar eco en la realidad, las utopías tienen el problema contrario: rara vez se cumplen. Quizá por eso el Acuerdo de Paz ha transitado durante casi una década entre avances concretos y promesas pendientes. Diferentes organizaciones que hacen seguimiento a su implementación coinciden en que: existen logros importantes, pero la ejecución sigue siendo parcial. Mientras la reincorporación, la justicia transicional y la participación política muestran avances, la Reforma Rural Integral, las garantías de seguridad y la presencia efectiva del Estado en los territorios continúan siendo las grandes deudas.

La seguridad, precisamente, sigue siendo el principal desafío. Solo durante los primeros meses de 2026, más de 54.000 personas fueron víctimas de desplazamientos y por causa de la violencia, según la Defensoría del Pueblo. A ello se suman los asesinatos de líderes sociales y firmantes del Acuerdo, así como las dificultades para consolidar la presencia del Estado en  algunas  regiones del país.

La conclusión entre las organizaciones  es que: el Acuerdo de Paz ha producido avances significativos, pero su consolidación dependerá de la continuidad de su implementación, de la voluntad política y de la capacidad del Estado para responder a las necesidades de los territorios más afectados por el conflicto.

En ese contexto, el nuevo gobierno plantea un cambio de narrativa. Mientras la administración de Gustavo Petro hizo de la negociación con los grupos armados y de la Paz Total el eje de su política, también estuvo marcado por una visión de transformación que para algunos sectores rozó la utopía. La nueva apuesta prioriza la seguridad y el control territorial. Más allá de las comparaciones literarias, el debate de fondo enfrenta dos modelos de país: uno que privilegia la negociación como herramienta para transformar el conflicto y otro que confía en la seguridad impuesta por la fuerza como principal mecanismo para enfrentarlo.

Si el gobierno de De la Espriella ha sido comparado por algunos sectores con la lógica de 1984, la obra de George Orwell, por el papel central de la seguridad, el control y el discurso del orden, el gobierno de Petro, para sus críticos, se asemeja más a Rebelión en la granja, del mismo autor, una historia que muestra cómo las promesas de transformación pueden enfrentar contradicciones cuando llegan al poder.

La pregunta, entonces, no es solo cuál de estos modelos será más efectivo. La verdadera incógnita es qué consecuencias tendrá ese cambio de enfoque para la implementación del Acuerdo de Paz, los derechos humanos y las comunidades que aún esperan una presencia integral del Estado.

Para comprender los retos que enfrentará la política de paz y seguridad en el nuevo gobierno, conversamos con Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), quien analiza los aciertos y las limitaciones de la Paz Total, el regreso de una política de seguridad más contundente y los riesgos que ello podría representar para la implementación del Acuerdo de Paz.

Para Bonilla, la principal fortaleza de la Paz Total fue su carácter innovador. “Por primera vez Colombia intentó abrir espacios de diálogo, no solo con grupos armados de origen político, sino también, con organizaciones criminales que históricamente habían quedado por fuera de los procesos de negociación”. Sin embargo, esa misma apuesta terminó convirtiéndose en una de sus principales debilidades. La falta de capacidad institucional y presupuestal para sostener múltiples mesas de diálogo, sumada al desconocimiento de la naturaleza de algunas estructuras armadas, permitió que varias organizaciones fortalecieran su presencia territorial mientras avanzaban las negociaciones. Además, los mecanismos de justicia y reparación no siempre lograron responder a las expectativas de las víctimas ni a las necesidades de transformación de los territorios.

Uno de los principales cuestionamientos al Acuerdo de Paz ha sido el supuesto nivel de impunidad frente a los responsables de graves violaciones de derechos humanos. Bonilla sostiene que “la justicia transicional ofrece mayores posibilidades de verdad, reparación y no repetición que la justicia ordinaria, la cual difícilmente podría procesar estructuras armadas con miles de integrantes”. Aun así, advierte que el principal problema no ha sido la desmovilización de los combatientes, sino la incapacidad del Estado para evitar que nuevos grupos ocupen los territorios donde persisten las condiciones que alimentan el conflicto.

Aunque el presidente Abelardo de la Espriella ha anunciado una política de seguridad más contundente, Bonilla considera que la idea de la “mano dura” como sinónimo de efectividad es, en buena medida, un mito. A su juicio, una política de seguridad exitosa depende más de la inteligencia, el control financiero de las organizaciones criminales, el combate al tráfico de armas y la prevención del reclutamiento que del incremento de operaciones militares.

También advierte que el contexto actual es muy distinto al que enfrentó el gobierno de Álvaro Uribe. Hoy no existe un enemigo claramente identificado como lo fueron las FARC ni un respaldo internacional comparable al del Plan Colombia, por lo que replicar ese modelo resulta mucho más complejo.

Respecto a la relación con Estados Unidos, Bonilla asegura que la política de seguridad de Donald Trump podría responder más a intereses geopolíticos que a las necesidades de Colombia. Aunque la cooperación militar puede fortalecer capacidades técnicas, considera indispensable que el país mantenga una estrategia con mayor autonomía para evitar que la lucha contra el crimen organizado quede subordinada a los intereses de Washington.

Uno de los mayores riesgos de una política de seguridad centrada exclusivamente en la acción militar es el aumento de las afectaciones contra la población civil. Bonilla señala que una estrategia basada en resultados operativos puede incentivar prácticas como las capturas masivas, las judicializaciones indiscriminadas y el uso excesivo de medidas excepcionales.

También alerta sobre el posible regreso de la lógica del “enemigo interno”, que podría terminar asociando a organizaciones sociales con estructuras armadas y afectar a comunidades que hoy representan una barrera frente a la expansión del crimen organizado.

Para la investigadora, un gobierno que privilegie únicamente el sometimiento de los grupos armados dejaría por fuera a muchas víctimas de los mecanismos de verdad, justicia y reparación propios de la justicia transicional.

Sobre la creación de una Consejería de Seguridad, Bonilla considera que Colombia ya cuenta con una institucionalidad sólida en esa materia y que el verdadero riesgo no radica en crear una nueva instancia, sino en debilitar la estructura encargada de implementar el Acuerdo de Paz. Al desaparecer esos equipos técnicos, dice, también se pierde el avance logrado durante la última década en la construcción de una política de seguridad con liderazgo civil y en la continuidad de los compromisos adquiridos desde 2016.   

Ahora la pregunta que enfrenta Colombia no es cuál política pública es más efectiva para poner fin a una violencia que ha sido una sombra  del  país durante décadas. La verdadera pregunta es ¿Qué le espera a una sociedad que decide borrar la palabra paz de su narrativa y de su historia?. Orwell mostró que las palabras construyen realidades. Cuando una palabra deja de existir en el discurso público, también se vuelve más difícil imaginarla, soñarla, exigir y convertirla en una posibilidad. Y cuando desaparece del lenguaje oficial, corre el riesgo de desaparecer también de las decisiones del Estado, como parece ocurrir con el nuevo gobierno.

A diez años de la firma del Acuerdo de Paz, es evidente que su implementación ha sido incompleta y que aún persisten enormes desafíos. Sin embargo, también ha dejado avances que sería un error desconocer. Quizá el mayor reto de Colombia sea entender que la paz no puede depender únicamente de un gobierno, sino de la capacidad de la sociedad para defenderla como un propósito común y mantenerla como un horizonte posible.