De la Espriella y la amenaza sobre los Derechos Humanos

Junio 12 – 2026

Por: Jorge Luis Galeano Bolaños
Periodista

Hace cuatro años, más de 11 millones de colombianos decidimos en las urnas intentar sacudir a este país de la violencia, el abandono estatal y una línea de pensamiento que por dos décadas impuso una narrativa guerrerista profundamente arraigada. Tras un largo y difícil proceso lleno de transiciones institucionales, hoy nos enfrentamos a un escenario político que no solo pretende borrar los tímidos avances en reconciliación, sino refundar la República bajo la lógica del enemigo interno. El programa de gobierno del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, autodenominado “Defensores de la Patria”, plantea un horizonte que, a la luz de los Derechos Humanos, despierta profundas y justificadas alarmas.

El eje central de su propuesta, la llamada “Seguridad de la Patria Milagro”, se presenta bajo una consigna lapidaria: “¡Con los criminales no habrá negociación!”. Al tildar las búsquedas de paz de administraciones anteriores como una “traición a la patria” y promover la creación de una “Primera Línea de Seguridad con veteranos y reservistas”, es inevitable sentir el peso del pasado. Para quienes ejercemos el periodismo con enfoque de derechos humanos, este discurso suena a un reencauche directo de la estrategia de la Seguridad Democrática implementada entre 2002 y 2010. No podemos pecar de amnésicos: aquella doctrina del monopolio coercitivo sin contrapesos nos dejó el saldo más doloroso de nuestra historia reciente. Las investigaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), nutridas por el avance de las pesquisas y la ampliación de confesiones de los propios perpetradores, ya superan la trágica cifra de 7 mil civiles asesinados por agentes del Estado para hacerlos pasar falsamente como combatientes. Devolverle al país esa visión punitiva y polarizadora es abrir la puerta a la repetición de la barbarie. La transformación de un país no puede darse a costa de la dignidad humana ni mediante la combinación de retóricas que anulan la diferencia ideológica.

El panorama no es menos preocupante cuando se revisa la agenda ambiental y el tratamiento a las minorías. De la Espriella propone una política minero-energética de corte marcadamente extractivo, enfocada en acelerar proyectos en yacimientos no convencionales (fracking) y licencias exprés, bajo el argumento de que el sector ha sido tratado con “prejuicios ideológicos”. Esta visión prioriza la explotación económica por encima de los derechos colectivos de las poblaciones rurales e indígenas que habitan los territorios. Al debilitar los procesos de consulta previa y acelerar el licenciamiento ambiental, las comunidades locales quedan desprotegidas frente a la degradación de su entorno y la pérdida de su sustento vital, perpetuando un modelo donde las ganancias se privatizan y los pasivos ambientales se imponen a la fuerza.

Finalmente, el síntoma más alarmante de este proyecto radica en su abierta hostilidad hacia los marcos de control global. De la Espriella ha tildado a la ONU y a la OEA de ser simples refugios de “burócratas” y a la CIDH de ser una “farsa”, anunciando su intención de retirar al país de estos organismos. Más allá de ser una peligrosa bravuconada en política exterior, esta propuesta atenta contra el bloque de constitucionalidad plasmado en el artículo 93 de nuestra Carta Política, el cual eleva los Tratados Internacionales de Derechos Humanos a rango constitucional para evitar que la dignidad de la gente dependa del capricho del gobernante de turno. Afirmar que salirse de estos instrumentos es algo “facilito” demuestra un profundo desprecio por las garantías que protegen a los ciudadanos y condena a Colombia a un aislamiento internacional absoluto. Al debilitar la vigilancia y la rendición de cuentas externas, nos acercamos al espejo roto de experiencias regionales como Venezuela o Nicaragua, donde la salida de estos sistemas coincidió con brutales concentraciones de poder.

Este aislamiento tendría consecuencias devastadoras en los territorios más golpeados por el conflicto armado, como el Cauca y el Chocó, donde la presencia de agencias como ACNUDH, OCHA y el Sistema Interamericano no es un lujo burocrático, sino el último recurso de protección de comunidades afro e indígenas frente al reclutamiento de menores, las masacres y el desplazamiento. Expulsar a las Naciones Unidas es dejar a estas poblaciones sin una verificación independiente de la violencia armada, silenciar el altavoz internacional de las denuncias de la sociedad civil y debilitar el andamiaje de supervisión multilateral que sostiene el Acuerdo de Paz de 2016 y los procesos de la JEP. En las regiones donde el Estado históricamente ha llegado tarde o ha llegado mal, la mirada internacional marca la diferencia entre la vida y la muerte; privarlas de ella equivale a firmar una carta de impunidad para los violentos y desmantelar el amparo de los más vulnerables.

Votar y participar en democracia exige, hoy más que nunca, no dar cartas blancas. La tarea del electorado y del periodismo independiente es exigir cuentas, preguntar y cuidar que las promesas de “salvación” no terminen por desmantelar los derechos individuales y colectivos que tanto nos ha costado reconocer y defender. Colombia no necesita una nueva dosis de doctrina guerrerista; necesita un camino real hacia la justicia social y el respeto irrestricto de la vida.