Mayo 25 – 2026
Laura Cruz
Periodista
Dilian Francisca Toro, actual gobernadora del Valle del Cauca, ha construido una trayectoria política en la que cada vez su apellido tiene más peso: fue alcaldesa de Guacarí, como su abuelo, senadora de la República y dos veces gobernadora. La narrativa de Dilian para llegar al poder y mantenerlo se basa, primero, en el empoderamiento de la mujer y cómo ella, una mujer de pueblo, logró hacerse camino en un escenario históricamente dominado por hombres. Le dicen la matriarca, la baronesa, entre otros adjetivos que ponen su figura como ejemplo.
Sin embargo, detrás de esta imagen sólida y el éxito que ha tenido en la política, muchos nos preguntamos ¿sobre quién o qué se construyó el éxito de esta política? puesto que Dilian Francisca Toro ha sido señalada como la arquitecta de una maquinaria que durante más de una década habría tejido, presuntamente, complicidades entre el poder político, lo institucional y lo clientelar.
Alrededor de Dilian comienzan a aparecer nombres que arrastran condenas y procesos judiciales. Manuel Francisco Becerra y Carlos Erney Abadía, considerados mentores en los primeros años de su carrera política, terminaron privados de la libertad por enriquecimiento ilícito.
Lo que inquieta no es solo la cercanía política, sino la proximidad íntima. Su compañero de vida, Julio César Caicedo, fue investigado por su gestión como gerente de Agropecuaria Ceiba Verde Ltda., empresa vinculada a Dilian Francisca Toro en la compra de tierras cuya procedencia fue cuestionada por la Fiscalía. De acuerdo con la investigación adelantada por la Corte Suprema de Justicia y posteriormente por la Fiscalía General de la Nación desde 2008, el proceso por presunto lavado de activos estuvo relacionado con las negociaciones realizadas por esta sociedad entre 2005 y 2007 para adquirir las fincas San Miguel, La Milagrosa y Brasilar, ubicadas en Palmira y Bolívar (Valle del Cauca), predios que, según el expediente judicial, habrían tenido origen en actividades del narcotráfico vinculadas al Cartel de Cali y al Norte del Valle. Dentro del mismo proceso, las autoridades señalaron inconsistencias entre las operaciones realizadas y los ingresos reportados, una sombra que volvió a posarse sobre el círculo más cercano de quien hoy es conocida como la matriarca política del Valle.
La red también se extiende a lo institucional. Dilian fue investigada por presunto constreñimiento al elector, un proceso en el que aparece Jhon Arley Murillo, exdirector regional del ICBF en el Valle del Cauca. Murillo fue dirigente y colaborador cercano de Dilian, y su nombre figura en la investigación que terminó en la preclusión del caso en 2015, pero no por una decisión de fondo sino por el agotamiento de los términos legales.
La carrera de Toro ha acumulado importantes triunfos políticos en paralelo a un número significativo de investigaciones judiciales y disciplinarias que han marcado su trayectoria pública. Entre 2012 y 2013, la Corte Suprema de Justicia la investigó por presunto lavado de activos, en un proceso relacionado con la compra de predios que habían pertenecido a personas vinculadas al Cartel de Cali. Durante ese proceso se dictó una medida de aseguramiento preventiva y, en 2013, un fiscal la llamó a juicio. Sin embargo, la Corte perdió competencia tras la renuncia de Toro al Senado y el proceso no concluyó en una condena penal firme.
Desde 2014, su nombre ha reaparecido de manera recurrente en los registros disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación. Según reportes públicos, acumula más de catorce procesos en la Procuraduría General de la Nación iniciados tanto durante su paso por el Senado como en su gestión como gobernadora del Valle del Cauca. Las investigaciones abarcan presuntas irregularidades en contratación y nómina, el manejo del Programa de Alimentación Escolar, la ejecución presupuestal y posibles vulneraciones a derechos laborales en procesos de reestructuración administrativa.
En 2015, nuevamente, fue investigada por presunto constreñimiento al elector en el contexto de las elecciones regionales. El proceso fue precluido por vencimiento de términos, sin que existiera una decisión judicial de fondo ni una condena en su contra. Así, entre absoluciones inconclusas, procesos archivados y expedientes abiertos, la figura de Dilian se mueve en una zona donde el poder y la sospecha parecen caminar de la mano.
Al final, la pregunta sigue abierta: ¿sobre quién o sobre qué se construyó el éxito de la Gobernadora? No se trata solo de un balance personal o un juicio definitivo a la actual Gobernadora del Valle, sino de las consecuencias que una trayectoria rodeada de investigaciones, procesos inconclusos y sospechas persistentes tiene sobre quien ha gobernado el Valle del Cauca por dos décadas.
