¿Qué espera el Gobierno Nacional para aprobar la Ley Sara Sofía en contra la desaparición de menores?

Agosto 24 – 2025

Por Michael Saportas Peláez
Periodista

Preocupan las cifras de desaparición de menores en el país. De acuerdo con el último informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses durante el primer semestre del 2025 se registraron 1158 casos de desaparición, de los cuales los niños, niñas y adolescentes fueron las principales víctimas. 405 hombres y mujeres menores de edad fueron reportados como desaparecidos durante este periodo.

Las más afectadas por este flagelo han sido las niñas de 11 a 17 años, pues son perseguidas por las redes de tráfico sexual que operan especialmente en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. Solo en Bogotá hasta abril se habían reportado 103 casos (39 niñas y 16 niños). La violencia intrafamiliar se destaca como una de las causas más frecuentes de desaparición. Las zonas donde más se registran desapariciones presentan altos índices de marginalidad, donde los menores suelen ser blanco de los grupos criminales.

Por eso es urgente la sanción del proyecto de ley “Sara Sofía”, que fue aprobado por el Congreso hace más de un año y está a la espera de la sanción presidencial. Tiene como objetivo promover la información sobre menores desaparecidos a la Policía Nacional y sociedad civil para su búsqueda en territorio colombiano. Toma el nombre de Sara Sofía Galván, la bebé de dos años que fue asesinada por sus padres en Bogotá en enero del 2021, y cuya desaparición tardó cinco años en esclarecer.

Propone la creación de un sistema nacional de alertas con el objetivo de que las autoridades y la ciudadanía participen activamente en la localización de menores. El sistema permitirá que los datos del menor lleguen de inmediato a todos los teléfonos móviles de la zona donde desapareció; además, la alerta podrá extenderse a otras regiones del país.

En el mundo ya existen mecanismos similares como la Alerta Amber, en Estados Unidos. En Europa, por ejemplo, los sistemas de búsqueda de menores de cada país del continente están conectados. Todos tienen en común la difusión inmediata en medios de comunicación, móviles y redes sociales.

Pero la alerta no se activa en todos los casos de desaparición de menores, y se deben cumplir los siguientes criterios: riesgo inminente de daño físico o muerte, desaparición confirmada por las autoridades e información suficiente para su localización. En la mayoría de países no aplica por uso arbitrario de custodia, solo si hay antecedentes de violencia contra el menor, el padre / madre incumple una orden judicial al llevarselo, o si existen indicios de que planea huir del país u esconderlo.

Es aquí donde vienen los obstáculos jurídicos a nivel nacional e internacional.

En Estados Unidos la Alerta Amber puede activarse si hay pruebas de que el menor pueda sufrir algún daño, lo mismo en México, Chile y Guatemala, donde la justicia sí hace énfasis en casos relacionados con custodia.

La sustracción parental sigue siendo una práctica frecuente en muchos países, a pesar de los esfuerzos de colaboración internacional para atender este tipo de casos. Una de las dificultades tiene que ver con la ausencia de un marco legislativo que imponga medidas contundentes contra quienes hacen uso arbitrario de la custodia, y brinde medidas urgentes para la localización y restablecimiento de derechos del menor, si aplica.

Para la redacción de esta columna me comuniqué con Will, que lleva más de doce meses sin ver a su hijo de 10 años desde que la madre del niño escapó con él a Estados Unidos con ayuda de una ONG llamada World Relief, y de sus padres, perseguidos políticos del gobierno venezolano.

“Ella se fue a Estados Unidos a través de una ONG llamada World Relief, que se encarga de apoyar el reasentamiento familiar de migrantes en todo el mundo, y de una supuesta manager llamada Morela Pérez; gracias a que el niño logró comunicarse con mi mamá, o sea su abuela, supimos que están en una ciudad llamada Spokane, en Washington; gracias a la presión que estoy haciendo en redes ella se pronunció, dijo que tenía para pruebas para defenderse y al final se desapareció”, explicó Will.

“Esto va mucho más allá y debe haber un tema de corrupción porque mi hijo no tenía Visa, ni pasaporte, estaba en Colombia con un permiso temporal de permanencia del gobierno colombiano, logra viajar con la ayuda de esa ONG”, agregó.

Como el de Will y su hijo hay cientos de casos que no han tenido la misma visibilidad. Al no encontrar apoyo en la justicia colombiana se vio obligado a escalar el caso a la Convención de La Haya, que establece como delito el ‘secuestro parental’. Si el caso prospera, su hijo deberá regresar a su país habitual de residencia.

La Ley Sara Sofía es un primer paso en la lucha por proteger la vida e integridad de los más pequeños. Pero urge un proyecto de ley que imponga verdaderas medidas contundentes contra quienes ejercen el uso arbitrario de la custodia, que permita la localización del menor con colaboración internacional dentro y fuera del país, y el restablecimiento de sus derechos de forma inmediata.