Julio 27 – 2025
Por Michael Saportas Peláez
Periodista
El Gobierno Petro debe tener cuidado con los beneficios que pretende darle a los grupos armados en el marco de la Paz Total. Con el Acuerdo de La Habana quedó demostrado que, si no hay verdadera voluntad de reparación, reconciliación y una ley de sometimiento lo suficientemente rígida, estaremos condenados a repetir la historia sin importar cuántas concesiones se les dé.
El pasado 20 de julio el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, radicó el proyecto de ley de Paz Total, en el Congreso de la República, mediante el cual se establece un trato penal diferenciado para integrantes de grupos ilegales y personas procesadas en el ejercicio de la protesta social.
Hay que decir que en este documento el Gobierno parece más empeñado en encontrar beneficios para los grupos armados que en proponer estrategias de sometimiento más eficaces, a través de las cuales se garantice la no repetición y se endurezcan las condenas a reincidentes. Propone, por ejemplo, la reducción de penas a criminales ya imputados, la posibilidad de ciertos beneficios como permitirles conservar un porcentaje de sus bienes obtenidos de dineros ilícitos, y la vinculación de actores judicializados de la protesta social que no tienen relación directa con la Paz Total.
Se está desconociendo el marco constitucional. La jurista y exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, ha advertido que el actual proyecto de Paz Total es una “mezcla de justicia y no justicia”. De acuerdo con Buitrago, en lo establecido en el artículo 26 el Gobierno estaría buscando rebajas de penas para personas privadas de la libertad sin justificación constitucional, dejando un pésimo mensaje a sus víctimas, y a los demás grupos que se quieran someter.
Por otro lado, al permitirles a los capos conservar un porcentaje de sus bienes se está pasando por encima de la ley 1708 de 2014, que establece la destinación de estos recursos en inversión pública, bajo la administración total del Estado y sin ninguna compensación. La Procuraduría General señaló en 2009 tras la promulgación de la Ley de Justicia y Paz que este tipo de beneficios son inconstitucionales, pues se desvirtúa el objetivo de la extinción de dominio al reconocer la propiedad privada sin arreglo a la ley. Además de inconstitucional, es grotesca la idea de que un narcotraficante sea beneficiado con dinero proveniente de extorsiones, robos, homicidios y secuestros.
Según la Presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Myriam Ávila Roldán, el Gobierno no ha logrado justificar por qué el actual marco constitucional es insuficiente para llevar a cabo la propuesta en las condiciones dadas en el proyecto de ley de Paz Total.
La Paz Total fue la principal bandera con la que el presidente Petro llegó a la Casa de Nariño y ha sido también el proyecto que más tropiezos ha sufrido. Luego de tres años de intentos de negociaciones, el ELN sigue sin demostrar voluntad de paz, y las disidencias de Mordisco nos dejaron claro a los colombianos que son unos narcos disfrazados de revolucionarios, como el mismo Presidente lo dijo alguna vez.
A un año de las próximas elecciones el Gobierno todavía desconoce cuáles son las líneas rojas de la Paz Total en términos de política criminal. No se pueden cometer los mismos errores de la Ley de Justicia y Paz y del Acuerdo de Paz del 2016 con las Farc, que resultaron en la conformación de nuevas estructuras criminales. No se puede negociar si no hay una ley de sometimiento estricta, si el mensaje que se le envía a los grupos armados es el de recibir mayores beneficios a más cantidad de crímenes. El presidente Petro y el mismo ministro de Justicia hablan de Paz Total con firmeza institucional, justicia, verdad y reparación, pero no es lo que se ve reflejado en el actual proyecto de ley. El comisionado de Paz del Gobierno Nacional, Otty Patiño, hizo un llamado a ampliar la discusión sobre el proyecto junto al Congreso y la sociedad civil, pero el ministro Montealegre lo llamó soberbiamente ‘francotirador de la paz’. Muy mal comienzo.
