El contexto de las 12 preguntas de la Consulta Popular

Abril 23- 2025

Por German Ayala Osorio
Analista político 

Con la presentación de las 12 preguntas para que el Senado avale o no la Consulta Popular, el gobierno Petro adelanta de manera formal el debate electoral de 2026. Mientras que los candidatos y precandidatos de la derecha están decididos a “recuperar el país, salvarlo o recuperar el rumbo”, fruto de su visión catastrofista de la gestión del actual gobierno, el progresismo y la izquierda insisten en entregarle la responsabilidad social y política al constituyente primario de decidir sobre el futuro de la reforma laboral enterrada por la Comisión Séptima del Senado. Se invita al pueblo a movilizarse en medio de una peligrosa crispación ideológica entre la derecha y la izquierda, que alienta la lucha de clases, así como la permanencia de las ideas racistas, clasistas, machistas, misóginas, transfóbicas y homofóbicas diseminadas en todos los estratos sociales.

Antes de revisar el sentido y la pertinencia de cada uno de los interrogantes, es importante y necesario hacer referencia a los elementos, factores o circunstancias que dan vida al contexto sociocultural, económico y político en el que se instala el llamado a la Consulta Popular.

Desde una perspectiva sociocultural, hay sectores de la sociedad colombiana que exhiben “taras civilizatorias” que por largo tiempo impidieron alcanzar al colectivo a estadios de Modernidad. Al estar ubicadas cómodamente en esos escenarios de premodernidad, las élites económicas y políticas consolidaron un régimen de poder ilegítimo, mafioso, aporofóbico, corrupto, ecológica y ambientalmente insostenible, así como violento y proclive a violar los derechos humanos y desconocer las garantías constitucionales consagradas en la Carta Política de 1991. Sus más visibles voceros lograron naturalizar esas impúdicas condiciones de vida capturando el Estado para hacerlo operar exclusivamente en beneficio de sus mezquinos intereses.

En lo que respecta a las clases dominadas o a los grupos subalternos, éstos también arrastran “taras civilizatorias” asociadas a la inexistencia de una conciencia de clase o en el mejor de los casos a la existencia de  una con un carácter complaciente que hace posible que cientos de miles de sus miembros actúen como súbditos o prefieran ejercer un tipo de ciudadanía no política o  de “baja intensidad”, en lugar de formarse para discutir de forma argumentada sobre los asuntos públicos que les interesan a todos.

La clase dominante y la subalterna juegan bajo las diferenciadas condiciones que impone un capitalismo salvaje que envilece las relaciones sociales, deslegitima la búsqueda de mejores condiciones laborales y justifica la operación de un Estado privatizado al servicio de una clase dominante cuyos miembros se autodeterminan capitalistas, pero que realmente son rentistas que por años han vivido de la “teta del Estado” a través de subsidios y la captura mafiosa de instituciones estatales. Ejemplo de lo anterior es la privatización de las vías a través de onerosas concesiones viales y consecuencialmente la imposición de gravosos peajes que terminan por encarecer la producción y circulación de mercancías, alimentos y la prestación de servicios. Eso sí, ese modelo de contratación enriquece a unas pocas familias y coadyuva a concentrar la riqueza en pocas manos. Acabar con el tren y evitar a toda costa su regreso va de la mano de la privatización de las vías 4G y 5G.

Los subsidios para los menos favorecidos también hacen parte del perverso juego político y electoral en el que la derecha viene incurriendo de tiempo atrás y en el que por supuesto incurrió el gobierno progresista de Gustavo Petro. Aunque con disímiles logros y objetivos, muchos de los subsidios alimentan, de un lado, las llamadas trampas de la pobreza (como Familias en Acción) y del otro, el favorecimiento económico a una clase dominante que, al sentirse privilegiada, deja salir su desprecio por el mestizaje que los arropó y les ayudó a justificar su racismo, clasismo y machismo, entre otras “taras civilizatorias”.

Antes de la pandemia del covid-19, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez regaló millones de pesos a las familias que apoyaron política y económicamente su reelección a través del programa Agro Ingreso Seguro (AIS). Durante la pandemia, pasó algo similar: mientras que los más pobres colgaban trapos rojos en las ventanas de sus viviendas como símbolo de necesidad y hambre, el gobierno Iván Duque Márquez, títere de Uribe, optó por beneficiar a los grandes ricos. “El dinero fue a parar en las cuentas de Carlos Sarmiento Ángulo; Casa Editorial El Tiempo, el Hotel Estelar y la Concesionaria Vial Andina, Coviandina. También de Jaime Gilinski Bacal, y algunas de las empresas de su grupo empresarial tales como Productos Yupi, Plásticos Rimax, Hoteles Charleston Bogotá y Publicaciones Semana. Carlos Ardila Lulle, a través de Gaseosas Postobón, Ingenio Incauca, Cristalería Peldar, Los Coches, Atlético Nacional, RCN Televisión, RCN Radio y Win Sports. Asimismo, también los beneficios de este programa los evidenció Alejandro Santo Domingo por medio de las ayudas que recibieron Cine Colombia, Caracol Televisión y hoteles Decamerón”[1].

Mientras tanto, las pequeñas y medianas empresas hacían ingentes esfuerzos para sobrevivir en medio de una política económica errada, fruto de la captura mafiosa del Estado y su operación con los sempiternos criterios corporativos con los que se elimina cualquier posibilidad de actuar como un Estado Social de Derecho. Es en este punto en el que varias de las 12 preguntas enfrentan problemas de legitimidad y pertinencia social y económica. Veamos:

1.⁠ ⁠¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m.? 2.⁠ ⁠¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100% el trabajo en día de descanso dominical o festivo? 3.⁠ ⁠¿Está de acuerdo con que las micro, pequeña y medianas empresas productivas preferentemente asociativas reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos? 6.⁠ ⁠¿Está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral?

En principio, el SÍ debería de ser la respuesta, pero al revisar las anteriores circunstancias contextuales y las propias de la carga impositiva que soportan las Pymes y MiPymes, entonces el No surge como alternativa y respuesta a unas condiciones desfavorables para quienes se esfuerzan por hacer empresa sin mayores apoyos de un Estado capturado por mafias de todo tipo y que opera para hacer más ricos a los ricos.

La pregunta 3, por ejemplo, no tendría mayor sentido si la banca privada, con el apoyo estatal, entregara créditos baratos para la compra de maquinaria o la expansión comercial de las pequeñas y medianas empresas. Así las cosas, no se necesitaría de una Consulta Popular para lograrlo. Bastaría con que los banqueros y el Estado tomaran la decisión. Pero para ello se necesitaría de un cambio cultural fruto de la superación de las “taras civilizatorias” de una élite económica parásita, rentista y premoderna. Por supuesto que los miembros de la clase subalterna también arrastran sus propias “taras”. La pereza, la desidia, la falta de compromiso con el trabajo y la irresponsabilidad de los trabajadores también hacen parte de las consideraciones al momento de votar la consulta, en caso, claro está, si el Senado la aprueba.

[1][1] Tomado de https://www.pares.com.co/post/subsidios-para-los-m%C3%A1s-ricos-de-colombia-una-estrategia-infame