Abril 14 – 2025

Por Laura Cruz y Jorge Luis Galeano

Los habitantes de algunos sectores del Oriente de Cali, en especial los que viven en el Jarillón del río Cauca, han estado en constante incertidumbre por los desalojos que muchos han tenido que afrontar. Estos desalojos reviven sus experiencias con el desplazamiento forzado y agravan la falta de empleo formal, la estigmatización, entre otras situaciones que vulneran sus derechos. Quizás por esta razón y porque ya intentaron de varias maneras, hoy reconocen que la mejor forma de reclamar sus derechos es en colectivo, tal como lo hace la asociación “Mujeres Mayoras Dejando Huellas”, un espacio de lucha y reconocimiento para las mujeres del territorio.

Esta asociación nació gracias al proyecto Senderos de Paz, en el que encontraron un espacio de Memoria pero también un medio para crear en colectivo. La propuesta realizada por Alexandra Arango Salazar y Jennifer Arango Salazar, fue ganadora en la Convocatoria Estímulos Cali 2024 y propone un proceso de escritura creativa y recopilación de la tradición oral de un grupo de mujeres cuidadoras, lideresas sociales y gestoras de paz del sector Las Palmas en el Jarillón del Río Cauca en Cali, Colombia.

Entre estas mujeres se encuentran Flor Valencia, lideresa del grupo y defensora de derechos humanos; María Esperanza Acevedo, escritora y artista; Aleyda Giraldo, guardiana del territorio y defensora de la tierra y los animales, y Carmen Fides Angulo Quiñones, quien con seis mujeres más, fueron unidas por este territorio y su profundo compromiso con la comunidad, la cultura y la convivencia, además de la defensa de los derechos.  Estas mujeres que provienen de Tumaco (Nariño), Medellín y Cali no son solo lideresas sociales, sino también, madres que aportan a la construcción del territorio y de ciudadanía.

Senderos de Paz se desarrolló a través de un ciclo de talleres en los que las participantes exploraron la escritura creativa, poética y narrativa, compartiendo sus memorias autobiográficas, saberes ancestrales sobre plantas medicinales y conocimientos culinarios. Las actividades incluyeron ejercicios prácticos de escritura, comadreo y comitivas, que dieron forma al producto final: una cartilla que recoge sus poesías y relatos que preservan sus memorias y saberes tradicionales.

Este tipo de ejercicios permitieron a las participantes no solo recordar sus lugares de origen, sino reafirmar sus tradiciones y costumbres, para que sigan honrando la memoria de las mayoras y cuidando a los más pequeños a través de la asociación “Mujeres Mayoras Dejando Huellas”, que aunque reconoce otros procesos como la Guardia Cimarrona y el Consejo Comunitario Raizales del Pacifico, se distingue por ser un espacio en donde habrán solo mujeres.

“Lo que más me gustó de este proyecto fue la oportunidad de escribir mi historia de desplazamiento y narrar mis vivencias. Esto me permitió mantener viva mi memoria y mi tradición, reafirmando mi identidad y la de mi comunidad. Valencia también señaló que el Colectivo de Mujeres nació como respuesta a la vulneración de sus derechos. “Decidimos conformar esta asociación para defender y fortalecer nuestra voz dentro del Consejo Comunitario”.  Flor Valencia.  

Un dique artificial de 17 kilómetros de largo recorre el mismo camino que el río Cauca, construido en los años 60´s para resguardar a la ciudad de posibles desbordamientos y expandir las áreas de cultivo. En principio un muro de contención que evitaría que Cali se inundara, pero con el tiempo se convirtió en una línea invisible con un alto contenido simbólico que separa a la ciudad blanca, tradicional y elitista de la que  en los años 80s, poblaron los desplazados por la violencia y el conflicto que llegaban desde regiones como el departamento del Pacifico, del Cauca y Valle del Cauca, Tolima, Putumayo y Huila.

En la actualidad el dique artificial tiene el lomo cubierto por incontables casas, hechas de madera y adobe, con tejas de zinc, y materiales reciclados, que se abren camino hacia el lado opuesto del río. Desde el barrio Petecuy hasta el corregimiento de Navarro numerosas familias lo habitan en condiciones de hacinamiento, pues como una forma de enfrentar la pobreza extrema, se mudaron allí y comenzaron a criar gallinas, cerdos, hicieron lagos de pesca y fundaron una agricultura familiar a pequeña escala. Después incursionaron en el reciclaje, organizando bodegas que les sirven para llevar a cabo dicha actividad.

Unos años atrás, mientras el Jarillón protegía a Cali del río Cauca, la ciudad se desbordaba de migrantes que, debido a la parsimonia de las administraciones locales, el desconocimiento del fenómeno migratorio y la falta de planes de reubicación adecuados, optaron por asentarse en el sector del Jarillón.  Casi 7 mil familias ocuparon las áreas no habitables, so pena de exponer sus vidas a una situación de alto riesgo.

Después del invierno de finales del 2010, el río forzó a las entidades estatales a realizar un plan. Así, desde la Gobernación y la alcaldía nace el megaproyecto Plan Jarillón del Río Cauca y obras complementarias, que tenía como principal objetivo mitigar el riesgo de inundación y la reubicación de 8 mil 777 familias y el reforzamiento de la estructura para prevenir posibilidades de riesgo.

En octubre de 2016 Juan Diego Saa, el entonces gerente del Plan Jarillón, declaró que “sí o sí van a liberar el Jarillón, esto quiere decir que para el año 2018 deberán ser evacuadas las familias asentadas allí”. Lo que no tuvo en cuenta el señor Saa, es que en la ejecución del desalojo de 2 mil 500 familias víctimas del conflicto armado, no tuvieron en cuenta la construcción de viviendas con un enfoque diferencial. Como resultado, estas comunidades que ya vivían en la periferia y con escaso apoyo estatal, fueron nuevamente vulneradas, pues el proyecto no ha garantizado sus derechos. Por otra parte, el Plan Jarillón carece de un componente ambiental para la recuperación del río Cauca, sus afluentes, las zonas de inundación y la biodiversidad, ecosistemas que han sido degradados por más de 50 años debido a la agroindustria cañera.

Una de las tantas personas que migró a este sector fue Flor Valencia, quien hoy es una de las habitantes que conforman el Consejo Comunitario: “Cuando llegamos aquí en el 2009, encontramos el territorio olvidado y marginado. Aunque el corregimiento de Navarro contaba con un corregidor, en nuestra zona no se hacía presente. Tampoco había presencia de la policía, ni de entidades como el Dagma o la CVC”.  

Después de varios desplazamientos y cuando vieron que en el sector vendían algunos pequeños lotes, decidieron establecerse. Con el paso del tiempo comenzaron a ver las necesidades que tenían como comunidad. Lo primero fue combatir la delincuencia, entonces la comunidad hizo su propia guardia para apoyarse entre todos y recuperar el territorio.

Sin embargo, en los años siguientes tuvieron que enfrentar los desalojos, ya que la Alcaldía argumenta que aquella era una zona de alto riesgo. El paisaje que tuvieron por mucho tiempo fue el humo del Esmad que cada semana desalojaba a la fuerza a los que antes eran sus vecinos, para lanzarlo una vez más a una situación de desplazamiento.

Dice Flor Valencia: “Venimos de territorios como Tumaco y Barbacoas en Nariño, así como del Cauca, donde conocíamos la importancia de los Consejos Comunitarios”.  Entonces, entre el  2016 y 2017, respaldados por la Ley 70 de 1993 que establece que las comunidades negras deben organizarse en consejos comunitarios para reclamar títulos colectivos sobre sus territorios ancestrales, conformaron el consejo.

Ante la amenaza de desalojo, la comunidad se organizó para defender el territorio. Enfrentaron la presión de las autoridades, quienes mediante el Plan Jarillón y el Fondo Adaptación, intentaron sacarlos con argumentos de alto riesgo.

Como respuesta realizaron una toma de la Alcaldía de Cali durante el gobierno de Maurice Armitage, exigiendo el reconocimiento del Consejo Comunitario Raizales del Pacífico, Algunos miembros hicieron huelga de hambre, pero la administración no cedió. En cambio, cambiaron el nombre del proyecto y continuaron con su estrategia de presión.

A pesar de la resistencia, algunos habitantes entregaron sus viviendas, pero el Consejo Comunitario se mantuvo firme. La comunidad identificó que el verdadero interés de la Alcaldía era la construcción de un puerto fluvial y no la seguridad de los habitantes.

Los desalojos dejaron terrenos vacíos que ahora están llenos de basura y escombros, lo que agrava la situación ambiental y social. La comunidad ha propuesto recuperar estos lotes para que funcionen como espacios recreativos y de seguridad alimentaria, pero enfrentan restricciones impuestas por el Plan Jarillón.

“Nosotros hemos tenido muchas barreras, pero como comunidades negras, sabemos que históricamente se nos han asignado tierras en zonas consideradas de alto riesgo, pues, por tradición, nos asentamos en riberas de ríos y orillas del mar”, dice Flor Valencia, quien sabe que en el marco legal hay varios artículos que protegen a los habitantes del Jarillón.

A pesar de que hay una normativa explícita, los derechos de los habitantes del Jarillón siguen siendo vulnerados porque hay muchas necesidades en el territorio que aún no son cubiertas. Ellos mencionan la necesidad de más apoyo a las familias recicladoras porque desempeñan un papel fundamental en la protección del medio ambiente, y tanto jóvenes como adultos mayores trabajan en esta labor y requieren ayuda especial. También les preocupa la seguridad alimentaria y consideran que es urgente contar con un territorio donde puedan cultivar y garantizar la soberanía alimentaria, y por último, quieren el reconocimiento como Consejo Comunitario, ya que sin la firma del alcalde Alejandro Eder, esto no será posible. A pesar de que han enviado en reiteradas ocasiones derechos de petición y han hecho llamados por todos los medios a la Administración Municipal, el Consejo Comunitario ha decidido realizar una Asamblea Preparatoria, convocando a las entidades competentes para exponer nuestras necesidades y exigir soluciones. Además que se respete un derecho primordial: el de una vivienda digna para una comunidad que no quiera afrontar un desplazamiento más.