Debido a las continuas violaciones de Derechos Humanos, varias organizaciones sociales de diferentes partes del país, por medio de protestas y tomas culturales, se declararon en crisis humanitaria. De ahí nació la Caravana Humanitaria que recorrió el nororiente Antioqueño, Sur de Bolívar, Arauca y la Costa Pacífica en los departamentos del Chocó, Cauca y Valle del Cauca. Una iniciativa llevada a cabo por más de cien organizaciones y catorce países que hacen parte de  la Red Hermandad y Solidaridad por Colombia, 

En la Universidad del Valle, la Caravana Humanitaria presentó un informe preliminar donde señalaron que pudieron verificar que la crisis humanitaria que viven los líderes sociales es alarmante y que el ejercicio de liderazgo está en un altísimo riesgo por las nuevas formas de paramilitarismo que desde siempre han querido exterminar a las organizaciones sociales que protegen sus territorios de multinacionales y megaproyectos ante la ausencia del Estado. 

Una de las primeras causas de violencia que pudo verificar la Caravana es que los intereses económicos de algunas personas prima sobre la vida, ya que cuando megaproyectos llegan a la zona, las comunidades palenqueras, raizales, afrodescendientes, indígenas y campesinas que protegen el ambiente, se convierten en un palo en la rueda. Wilmar Muñoz, abogado y defensor de derechos humanos, quien hace parte de la Caravana Humanitaria señaló que: “las comunidades denuncian que los megaproyectos ponen en riesgo su permanencia en el territorio. Dichos proyectos parecen un gran desarrollo para las comunidades, pero lo que han generado es un riesgo para la vida, también un riesgo para los recursos naturales y la biodiversidad que es lo que más protegen estas comunidades de primera mano”. 

Muñoz agregó que las comunidades se vuelven un obstáculo para los intereses económicos de cierto sectores empresariales, entonces llegan grupos emergentes de bandas criminales, paramilitares y toda su gama de guerra con el fin de exterminar  y continuar con el genocidio, a fin de cumplir con los intereses de multinacionales, megaproyectos, grandes empresarios y sectores económicos del país. 

Colombia, que será anfitrión en la conferencia de biodiversidad COP16 de las Naciones Unidas este año, fue el país sudamericano que más registró asesinatos de activistas ambientales en 2023, con 79 casos en total, según el reporte de Global Witness. El monitoreo de estos asesinatos le da mucho peso a lo denunciado por la Caravana Humanitaria, ya que el exterminio de las comunidades se sigue presentado por un factor en concreto: el control del territorio. 

Alejandro Ocampo, representante a la Cámara del Pacto Histórico, dijo que el Gobierno tiene varias estrategias para proteger la vida de los líderes sociales, entre ellas, la protección de testigos, y que para esto han trabajo de forma conjunta brigada, policía y los líderes, con el fin  de tener zonas especiales de protección. Sin embargo, reconoció que es imposible brindarle un esquema de protección a cada persona que lo solicita. Por lo que desde el Congreso han  pedido que en los Diálogos de Paz se avance en la necesidad del respeto por la vida, además de solicitar a la Fiscalía y al Ministerio de Justicia, una mesa de verificación con la finalidad de saber quiénes en verdad están asesinando líderes sociales y cuál es en verdad el seguimiento que hace el Estado a los presuntos responsables.

En cuanto a las masacres el representante señaló “Una cosa es tener un conflicto entre el Estado colombiano y un grupo irregular, a disputas entre esos grupos o dominación del narcotráfico, entonces esto hace que las masacres sean de distintos tipos y distintas formas”. 

Sobre el reclutamiento forzado Wilmar Muñoz, vocero de la Caravana Humanitaria, afirmó que:  “Lamentablemente este fenómeno se ha visto de diversas dinámicas en el conflicto colombiano. Las principales víctimas son los jóvenes que son atraídos por propuestas económicas, ya que ven allí lamentablemente una alternativa para la pobreza en la que viven y son engañados”.

El defensor agregó que se presenta otro tipo de reclutamiento como las operaciones cívico-militares realizadas por la fuerza pública, como pudieron observar en el departamento de Arauca, donde pese a una sentencia de la Corte Constitucional, se siguen realizando operaciones en la que la Fuerza Pública recluta jóvenes y estudiantes. Defensores de derechos humanos piden que se cumpla esta sentencia porque es otra forma de vinculación forzada de los jóvenes al conflicto armado. 

En el informe preliminar se evidenció que las mujeres son el principal sector poblacional que más sufre los embates del conflicto colombiano, muestra de ello es el Sur de Bolívar donde algunas madres no podían enviar a sus hijos al colegio porque las niñas, en algunos sectores controlados por el paramilitarismo, corren un alto riesgo de ser abusadas sexualmente.  Sumado a esta problemática muchas mujeres son prácticamente obligadas a ejercer la prostitución sin las mínimas medidas de salubridad. En estas regiones la mujer se convierte en un objeto sexual.  

En las denuncias presentadas a la Caravana, la población civil dice que cuando los paramilitares llegan a los caseríos lo primero que hacen los padres es esconder a las niñas porque pueden ser violadas. Así mismo, la trata de personas es evidente en los diferentes territorios.  Esta situación es más problemática en el Sur de Bolívar, pero se vio en todas las regiones que visitaron.

Wilmar Muñoz afirmó que un fenómeno que se está dando en las diferentes regiones es el de militares retirados que trabajan en alcaldías y/o  gobernaciones y están ejerciendo algunos cargos administrativos y de seguridad desde los cuales impulsan esos frentes de seguridad de los que también hacen partícipes a la población civil. “Unas formas institucionales que seguro cumplen con el objetivo de crear una seguridad, sin embargo, esto es a costa de la población con el fin de blindar los intereses económicos generando una aparente calma como se puede evidenciar en el oriente antioqueño, en el sur del Bolívar y en el centro del País. Se evidencia estas situaciones y estas formas de paramilitarismo y sus nuevas dinámicas a lo largo y ancho del país.“

La Caravana Humanitaria logró identificar que las bandas criminales locales se ponen al servicio de políticos corruptos. Señalando que estos no llegan de la nada, sino que son llamados a cumplir una función. Muñoz señaló “como lo hemos identificado hay unos cerebros que lo permiten desde las administraciones.”

Cuenta Wilmar Muñoz que algunos grupos llegan a los territorios y prometen a las poblaciones progreso por medio de las minas de oro. Ofrecen trabajo y los residentes ven la posibilidad de solventar una necesidad inmediata. El problema de estos procesos es que no tienen autogestión, soberanía alimentaria, no hay conciencia de la protección del medio ambiente y el paramilitarismo se aprovecha de las necesidades para dar supuestas garantías de vida.  

“Los paramilitares usan esto como un tipo de estrategia política de cara a las próximas elecciones presidenciales, esto fue evidente en las diferentes regiones visitadas, juegan con la inconformidad de la gente y esto se suma a la gran campaña mediática de diferentes empresas de comunicación tradicional.  Un ejemplo claro es Antioquia, en la Serranía de San Lucas donde nace el agua limpia, sin embargo, a pocos metros contaminada por mercurio para poder sacar el oro. Esta agua es consumida por las poblaciones y vemos con preocupación que esta es una realidad que el Gobierno actual no ha podido atender.”

Respecto a la protección del medio ambiente el congresista Alejandro Ocampo afirmó “Es el momento en la historia de Colombia donde hay más acciones para proteger el medio ambiente. Un ejemplo es el Acuerdo de Escazú que prueba cuál es el compromiso real del Gobierno de Gustavo Petro”.  El Representante señaló que este es el primer acuerdo que existe en Centroamérica que permite tener información constante y cierta frente a las acciones que se van a tomar.  También señaló qué este es el único Gobierno que ha generado políticas para la protección del agua, que ha sido capaz de enfrentar la discusión económica versus la protección de la vida. 

En cuanto a los logros en la defensa de Derechos Humanos en los dos años de este gobierno, puso como ejemplo las conversaciones entre Shottas y Espartanos. “Las acciones que hemos realizado han permitido eliminar fronteras invisibles, hoy los niños vuelven a salir a las calles, y esto es una ganancia para los Derechos Humanos”. Ocampo finalizó diciendo que las cifras muestran unos aspectos importantes, en agosto ha disminuido el 80 por ciento los homicidios y el 70 por ciento incursiones en comparación al año pasado en Buenaventura.

Que se haga una intervención urgente para escuchar a las víctimas. Hay personas con información valiosa que quieren hablar de estos nuevos casos de paramilitarismo, pero dicen que, si no encuentran las rutas para su denuncia no lo harán, porque en sus territorios no hay garantías, por eso aquí se pide una comisión especial del gobierno nacional que pueda recibir las denuncias. Lo segundo es el cumplimiento de pliegos de exigencia que se han dado en las movilizaciones y también las negociaciones en cuanto a las emergencias humanitarias que se han dado en Bogotá, donde se inician las reuniones, pero no hay una continuidad para resolverlas.

“Es vital que el Gobierno haga un identificación plena de los actores políticos y empresariales que están bastante inmersos en el conflicto, pues como referimos, el paramilitarismo no sale de la nada sino no hay alguien que lo impulsa alguien que aprovecha estas  estructuras para sus intenciones y vemos como territorialmente han ido cambiando estas formas de paramilitarismo, pero cumpliendo la misma finalidad, el exterminio, quitar de camino a las comunidades, grandes grupos empresariales que ya han sido cuestionados en informes anteriores, denunciados incluso por miembros de las autodefensas que han pasado lista de algunas empresas y esto aun continua porque no se han tomando medidas a grupos que aún consideramos que tienen el poder  y no han dejado gobernar en la actualidad.” 

Wilmer Muñoz nos recuerda que para hablar de la nueva defensora es necesario, comenzar diciendo que “lamentablemente, la Defensoría del Pueblo en la administración pasada, la del señor Camargo, tiene un sin número de observaciones, un ejemplo es cómo la defensora del pueblo de Cundinamarca era la esposa del alcalde de Madrid Cundinamarca, pues él estaba recibiendo reclamos por la muerte de dos manifestantes en el año 2021, donde él mismo da la orden de la intervención que ocasiona la muerte de dos jóvenes madrileños. Este caso no surtió ninguna investigación, al contrario, había un grupo de militares que realizaban seguimientos y estigmatización a quien pensaran diferente que el mencionado alcalde.”

“Es un alivio el cambio el Defensor del Pueblo -continúa Wimer Muñoz- pero se necesitan herramientas que materialicen escuchen y den una ruta de protección porque las alertas tempranas solas como tal pues no van  a dar garantías la vida, esto se garantiza siempre y cuando haya una respuesta institucional conjunta, pero seguimos viendo el corto circuito en algunas instituciones que por más políticas gubernamentales que se tracen.”

Alejandro Ocampo, también se manifestó sobre la elección de la Defensora señalando que “Debe haber más institucionalidad, más comunicación, porque en la Defensoría pasada desarrollaba algunas acciones, con funcionarios que eran más de carácter político”.  Ocampo agregó que espera que esta nueva defensoría que cuenta no sólo con elementos técnicos, sino que realmente sabe de Derechos Humanos, dé muy buenos resultados. “Pero que para esto es vital que haya una articulación con las distintas entidades como la Fiscalía, la Fuerza Pública, alcaldías y gobernaciones.”