Septiembre 9 – 2024

Por Jorge Luis Galeano

21 de agosto de 2020 y el mundo está en plena pandemia por el Covid-19. Hay miedo e incertidumbre y en ese contexto sucede la desaparición de Alejandro Ramírez Chávez, un joven caleño, hincha a morir del América de Cali. 

Cuatro años después, este caso se camufla entre los miles de casos registrados en Colombia cada año. Se vuelve, entonces, uno más en la maraña de cifras que sobre este delito arroja el país. Es un caso más, excepto claro, para su familia y algunas organizaciones sociales que le ayudan.

Paloma Chávez, mamá de Alejandro, es la cara y la voz de este episodio doloroso. Es quien aparece en medios de comunicación y en plantones para contar su historia y exigir justicia “Antes ni siquiera sabía que se llamaba desaparición forzada. Yo veía los casos y pensaba: se fue, se fue. O pensaba que sólo le pasaba a personas como líderes sociales, en las zonas rurales, en el conflicto armado” dice hoy tras convertirse en activista en contra de este delito. Como muchas otras madres buscadoras, es activista a la fuerza, arrastrada por la realidad de este país. 

Recuerda muy bien ese 21 de agosto de 2020: “Ese día Alejandro se levantó a las 8:30  de la mañana y hacia las 4 pm, me dijo que iba salir con unos amigos. No me dijo a dónde exactamente, pero era normal. Yo sabía que no iba lejos porque no llevaba su billetera, sino sólo el celular. Nos dimos un beso de despedida y esa fue la última vez que lo ví” y el camino de búsqueda ha sido tortuoso, como para todas las personas que padecen lo mismo. Denuncia desinterés del Estado, falta de empatía de funcionarios y funcionarias y la constante revictimización. 

Esto no es nuevo. Aun hoy, las familias deben actuar como investigadoras porque sienten pocas o nulas las acciones de las autoridades, trasladándole a ellas la carga de descubrir la verdad y eso, por supuesto, no llega solo “Son momentos que le cambian la vida de un día para otro. Quizás hubiera sido un poco menos doloroso encontrar el cuerpo y hacer su duelo, pero tenemos que soportar la incertidumbre de no saber si comió, si está enfermo, si lo asesinaron”.

En la primera conversación que tuvimos, estuvo acompañada de su esposo, padrastro de Alejandro y aunque él no habla, Paloma dice que ha sido fundamental en el proceso de búsqueda y reconoce que sería muy difícil mantenerse en pie si no tuviera a su familia detrás, apoyándola. Recuerda, por ejemplo, que sólo nueve días después de la desaparición de su hijo pudo poner la denuncia formal porque se mantiene el mito de las 72 horas. Era época de pandemia y debía enviar un correo porque no se atendía de manera presencial. 

Dice Paloma que hay una sensación de abandono, de soledad. Afortunadamente su familia, pero también organizaciones sociales como la Fundación Guagua existen para apoyar el proceso de búsqueda y fue gracias a ese acompañamiento que pudo, por fin, formalizar la denuncia para que inicie el proceso judicial. Proceso que, como muchos otros, ha sido lento e incluso, según ella,  lleno de incompetencia por parte de algunas autoridades que, pese a que ella y su familia han actuado como investigadores, entregando indicios y pistas, éstas se pierden por la inoperancia institucional.

Algo que caracteriza a las familias buscadoras es el hecho de nunca parar, pese al contexto adverso por la falta de apoyo institucional, por los riesgos que asumen, por las profundas transformaciones que sufren sus vidas. Algunas pierden empleos o si los mantienen, implica doble esfuerzo de seguir adelante con sus vidas sin abandonar la ardua tarea de encontrar la verdad sobre la suerte de su ser querido. Paloma dice que es un compromiso moral como mamá, “es esa promesa que le hice a Alejandro desde el momento en el que hice conciencia de que él había sido desaparecido: que yo lo voy a encontrar en las condiciones que Dios lo designe, pero yo lo voy a encontrar”.  Aunque confiesa que hay momentos de flaqueza en los que siente que ya no puede más por la indiferencia de la gente, sabe que la búsqueda no se detendrá.