Junio 10 – 2024

Por Laura Cruz

No es que estén muertos, es que nadie los ve. Están en las aceras o en las afueras de las iglesias como monumentos a los ancestros que hace cinco siglos poblaron el Río San Juan en el Chocó o Valle del río Cauca. Son de carne, hueso y tierra, recorren la ciudad como las piedras que movemos a paso indiferente, ciego.  Muchas veces con un niño a las espaldas, se posan en la quietud del que no puede decir porque desconoce una lengua. No los vemos porque dan miedo, porque son la carne, el hueso y la tierra de la guerra que no acabó.

Jose Mambuche es Wounaan, habla despacio. Busca las palabras en español, una lengua desconocida y ajena para él. Hace más de 500 años los colonos españoles hicieron tabla rasa de los pueblo indígenas, entre otras cosas, les quitaron su lengua y como la historia parece repetirse en sus horrores, hace cinco años los paramilitares hicieron lo mismo, desplazaron al pueblo de José a la urbe y sus palabras se quedaron atrás. Tambo: la lengua y el territorio son lo mismo, como si el Español, al igual que el cemento, mandara en la urbe. 

Mambuche tiene como lengua nativa la Woun Meu, quizás por eso o porque los recuerdos son más miedo que otra cosa, habla despacio casi sin mirar la cámara y comienza a contarme una historia a pedazos, con la dificultad de poner el dolor en orden. 

“Nosotros somos de la comunidad de Balsalito, del Chocó. Uno se sienta a pensar y allá teníamos todo. Cultivamos papachina, plátano, banano. Los peces estaban en el mar, los niños vivían contentos. No teníamos problemas, aquí en la ciudad se sufre de hambre.” 

El resguardo indígena Unión Balsalito, o lo que queda, está ubicado frente a la cabecera municipal de Docordó en límites entre los departamentos de Valle y Chocó.  Todas las casas son de dos metros de altura para evitar que el Río San Juan las inunde. 

Unión Balsalito fue fundada hace 50  años por cinco familias indígenas  Wounaan, nombre que tomaron de su Dios  Wuandan. Esa etnia vive del corte de madera, la agricultura y la pesca; se dedican a la siembra de banano, plátano, yuca, maíz, tomate y pepino para el consumo diario, así como la pesca de Gualajo, Ñato y Eliza.

Según un informe del 2023 de la Secretaría de Bienestar Social del Distrito, Cali es la ciudad que más recibió  desplazados por el conflicto armado, ya que atendieron a 6 mil 405 personas que fueron obligadas a abandonar sus territorios. La mayoría de estas familias proviene de Cauca, Nariño, Buenaventura y Chocó, zonas donde se ha agudizado el conflicto y es continuo el abandono estatal.

“Nosotros estábamos trabajando cuando ellos llegaron a nuestro territorio, estabamos sembrando y llegaron  para forzarnos a nosotros a salir rápidamente”. José Mambuche que  salió de su territorio cuando tenía 18 años. Tan solo llevó la ropa que tenía puesta. Su primera parada fue en Buenaventura pero allí también llegaron ellos, como se refiere a los paramilitares. 

“Lo más difícil fue haber dejado nuestra tierra porque perdimos todo. Perdimos nuestro cultivo, perdimos nuestros animales, ellos los cojieron. Extraño mucho bañar en el río”. Lo que más le preocupa a José es la salud de los niños y cómo seguir viviendo de acuerdo a sus creencias ancestrales, ya que los niños al estar en contacto con otras etnias, comienzan a hablar español y cambian, los adultos tratan de conservar sus costumbres y explicarles su cultura.

La primera vez que ví a Jaime Negría Cuero me dijo: “grabemos adentro”. Estábamos en Talanga, un barrio de Cali al lado del Jarillón del Río, construido de guadua y de tablas,  al igual que la casa donde se estaban quedando diez familias Wounaan, conformadas por 60 personas, la mayoría niños.  

Esa noche Jaime había permanecido de pie hasta el amanecer porque la casa donde se estaban quedando, era un préstamos de una vecina y ya no había espacio en donde acostarse. Ellos siguen migrando en la ciudad, como si fueran extranjeros en el territorio. 

Esta migración inició en el año 2018, cuando estaban en el Río San Juan del Chocó y los paramilitares armados los amenazaron y tuvieron que desplazarse hasta Buenaventura para proteger a sus familias; sin embargo, en el 2022 llegó el mismo grupo al Puerto e hirió a un joven indígena que sobrevivió. Por esa razón decidieron desplazarse a Cali, donde la Alcaldía les gestionó un albergue temporal en Samaritanos de la Calle aunque sólo por un mes y medio; después lograron encontrar un lote en Jamundí, pero allí también había grupos armados “Y nos fuimos allá y cuando llegamos eso fue, mejor dicho nos llevaron fue dónde está el lobo con las bocas abiertas”. Para poder comprar una librita de sal y una libra de azúcar, nos gastábamos varios días”,  relata Jaime. 

En una reunión del Cabildo decidieron devolverse a Cali y estuvieron en Siloé unos meses, pero de allí los terminaron sacando y se trasladaron al Jarillón, el último sitio del que los echaron. Hoy se encuentran en un albergue de la arquidiócesis de Cali a la espera de que  organizaciones como la Unidad de Víctimas, la Personería, La SAE,  la Unidad de Restitución de Víctimas y la Alcaldía de Cali, puedan trabajar en conjunto para que por fin tengan la solución concreta de un lugar donde asentarse.

Taller Abierto es una organización que está presente, especialmente en el Sur Occidente colombiano, en procesos de acompañamiento a comunidades indígenas, afros, campesinas, urbanas y realiza procesos de formación a mujeres y a jóvenes.  Desde hace dos años esta organización acompaña a la comunidad Wounaan en asistencia humanitaria,  alimentación y necesidades básicas; también apoyan en la gestión de trámites relacionados con Unidad de Víctimas y en temas de formación. 

Gustavo Adolfo Calle Quintero, quien trabaja en Taller Abierto, señaló que si bien se logró un acuerdo con la Subsecretaría de Etnias de Cali, la Personería Municipal, el Ministerio del Interior para que la comunidad tuviera un resguardo, es necesario que se trabaje en la reubicación permanente de estas familias indígenas. 

Las comunidades indígenas, en especial la comunidades Wounaan, han sido víctimas de múltiples violencias, desde no incluirles de los planes de desarrollo que implementa la ciudad de Cali, aún  sabiendo que una comunidad que está en unas condiciones muy difíciles y de hecho “está en vía de extinción”, afirma Gustavo.

“Ha faltado apoyo también en temas alimentarios, sobre todo con los niños y las niñas, el acceso a la salud es muy precario, hay niños y niñas en situación de desnutrición” Así mismo, Calle señala que no tienen acceso a la educación y que en caso de tenerlo no hay un criterio  de enfoque diferencial. Sumado a esto no se les incluye en actividades culturales y eso los pone en una situación de exclusión muy fuerte. 

Gustavo hace un llamado: primero para que el albergue que lograron en los últimos días se garantice y que a la par, los entes correspondientes sigan trabajando para lograr una reubicación definitiva; segundo, para que se reconozca a la población indigena como víctima del desplazamiento forzado y sea incorporada al restablecimiento de derechos como víctimas del Conflicto Armado, pero también como sujetos de especial protección y,  tercero, para que este restablecimiento de derechos tenga el enfoque diferencial y que no les traten como comunidades urbanas, para que en el caso de una reubicación tengan unas condiciones similares de donde vienen y si no, por lo menos, tengan la oportunidad desarrollarse en condiciones dignas en los lugares que se les asignen.