Al evento asistieron la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas -UBPD-, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la ONU, la Unidad de Víctimas, la Secretaría de Paz y Convivencia de la Gobernación del Valle, la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, Medicina Legal, la Personería de Cali y la Defensoría del Pueblo y es justamente en esta maraña institucional en la que las personas víctimas tienen que moverse para denunciar, recibir orientación y realizar la búsqueda de un ser querido desaparecido.
Y lo que en principio puede ser una fortaleza, también se convierte en una debilidad. Elizabeth Belalcázar Mejía de la Corporación para el Desarrollo Regional -CDR- dice que una de las grandes peticiones de las personas es que haya un mayor y mejor trabajo interinstitucional porque ante el hecho, se sienten desamparadas y hasta revictimizadas “Lo primero que le dicen a una persona que va a denunciar una desaparición es que tiene que esperar 72 horas y eso no es verdad”. Añade Elizabeth que no hay una orientación adecuada que le permita seguir el proceso establecido por la ley “No les dicen, por ejemplo, que deben ir a Medicina Legal a tomarse una prueba de ADN y eso se añade a la angustia por su ser querido: la falta de coherencia institucional”.
Por lo anterior, es clave la labor de las organizaciones de la sociedad civil como CDR o MOVICE o la Fundación Guagua, entre otras, pues apoyan a los familiares de víctimas de desaparición forzada de distintas maneras. Algunas están en capacidad de dar apoyo legal, otras dan orientación psicosocial y otras, como CDR impulsan el acompañamiento y la visibilización de los casos en diferentes espacios.
“Nosotros como Corporación, cada año en mayo, agosto y diciembre hacemos un evento público llamado La Carpa de la Memoria en el que exponemos los nombres y fotografías de las personas desaparecidas y sus familiares le narran a los transeúntes lo que significa tener un ser querido desaparecido porque nadie se lo imagina”.