Para Alberto Bejarano abogado y defensor de Derechos Humanos, evidentemente la mesa corresponde a una agenda de paz del Alto Comisionado, puesto que se reconoce como derecho fundamental contenido en el artículo 22 en la Constitución, entendiéndola, también, como una obligación del Estado para construir una sociedad que camine hacie la reconciliación.
Bejarano señala que “En este caso es la Oficina del Alto Comisionado quien tiene facultades para construir esa paz con actores particularmente armados que están perturbando los escenarios pacíficos”, sin embargo, añade que no solamente estos diálogos se circunscriben con actores armados, sino que pueden tener un alcance mayor, y se construyen con diferentes actores de la sociedad, buscando la resolución de conflictos por medios pacíficos en los que se privilegie el diálogo.
El abogado dice, también, que evidentemente con los jóvenes del Estallido hay un conflicto muy profundo que conoce bien el país, pero sobre todo el Valle del Cauca y la ciudad de Cali. Para él, este conflicto se expresa hoy a través del alto número de jóvenes detenidos en las cárceles por razones ligadas a investigaciones de un tratamiento punitivo que se le ha dado a la protesta, por lo que se requiere un escenario de diálogo en el proceso, que no va a resolver situaciones de órdenes jurídicos procesal.
Para Alberto Bejarano, la Mesa que se abrió en Palmira es una mesa de paz que, fundamentalmente, construye una agenda de diálogo con el Gobierno. Sumado a esto le da un alcance político a las iniciativas juveniles que resisten al proceso de judicialización. Cabe aclarar que esas agendas de paz no se circunscriben solamente a los jóvenes que están en prisión, sino que además tiene un alcance mayor.
En cuanto a la agenda de paz que plantea la Mesa de Palmira, el abogado y defensor de derechos humanos señala que: “Estos puntos reflejan evidentemente unas preocupaciones sociales y reflejan una política de paz a partir del reconocimiento de sus actores”. Para él, el punto principal es la libertad, y de allí se desprende la idea de la construcción de una Política Pública, que garantice que los jóvenes y que cualquier actor de la sociedad pueda ejercer derechos como el de asociación o de expresión en un momento dado sin ser perseguidos penalmente y sin ser objeto de un tratamiento de guerra y sin ser reprimidos violentamente por el Estado.
De otro lado, el abogado muestra su preocupación por la salud mental, no sólo de quienes están detenidos, sino de sus familias, pues han soportado la detención, pero además, el señalamiento por parte de personas influyentes, medios de comunicación y la opinión pública en general. Esto se suma a los asuntos de la seguridad física. Bejarano asegura que se han presentado atentados contra jóvenes que han quedado en libertad. Además, denunica que en Palmira se presentó un homicidio en el mes de febrero de un joven que fue ultimado en su casa después de ser liberado del pabellón cuatro que es el que alberga las personas que participaron en el Paro Nacional, de ahí la importancia de que en la Mesa se hable de “propuestas y acuerdos de las condiciones en que se encuentran las personas privadas de la libertad”.
En cuanto al tercer punto que trata del análisis y construcción de propuestas sobre alternativas sociopolíticas y jurídicas para las personas privadas de la libertad por su participación en la protesta social, se realizaría en la figura de una ley de amnistía e indulto, que para el abogado no ha sido necesaria, por lo menos en las primeras fases de investigación penal, pero podrían ser muy necesarias a futuro en caso de que se presenten condenas a estos jóvenes condenados. En condenas que para el defensor pueden resultar arbitrarias e injustas, y que van a requerir un tratamiento político, es decir, ley de amnistía e indulto.
Para finalizar, Alberto Bejarano se refirió al cuarto punto que es: aportes de la mesa desde la perspectiva de participación a los diferentes procesos de construcción de paz establecidos en la ley 22 del 2022. “Estos jóvenes se reconocen como actores políticos, por esa razón decidieron participar al Estallido porque tenían opinión política sobre el Estado de la sociedad y el proceso de cambio”. Los jóvenes, asegura el abogado, están diciendo que sus derechos son vulnerados pero que, aun así, siguen pensando y queriendo construir, por eso quieren que se les tenga en cuenta como interlocutores políticos para hablar del proceso de cambio de la sociedad y desde sus comunidades. Ante este llamado, el Gobierno ha reconocido a los jóvenes como interlocutores políticos para un proceso de cambio y formar un tejido solidario que los acompañe.
