Uno de los retos que sigue después del fallo judicial, es la implementación del mismo para que no se presenten barreras que impidan acceder al servicio de manera normal, ello incluye, la capacitación del personal médico y las instituciones. Además, Juliana Martínez dice que el otro asunto por el que se debe seguir trabajando es el de la despenalización social, porque “avanzamos en la despenalización de la conducta dentro del código penal, pero quedaron efectos sobre la manera en que la gente entiende esto y cómo se relaciona con las mujeres, las mujeres trans o personas no binarias que deciden interrumpir sus embarazos, así como en los prestadores del servicio de salud, que a veces reciben ataques por prestar este servicio.”
Cabe destacar que, si bien la decisión judicial despenaliza el aborto, su alcance involucra el ejercicio de otros derechos humanos por parte de las personas que deciden interrumpir el embarazo voluntariamente. En este caso, se habla de, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos, siendo la IVE uno de ellos “y que estos derechos tienen gran trascendencia en la vida de las mujeres por lo que implica la reproducción para sus vidas y todas las decisiones que involucren sus cuerpos” dice Martínez. Pero, además, la sentencia también pone a la IVE en relación al derecho a la Salud que hoy en Colombia es uno Fundamental.
De igual forma, afirma Juliana Martínez que “uno puede pensar en un mayor reconocimiento de los derechos de las mujeres porque, por ejemplo, las barreras que se presentan cuando se solicita una IVE atentan contra los derechos humanos y por eso esta decisión judicial conecta derechos como: una vida libre de violencias y el derecho a la no discriminación.”
