Columna de opinión:

Seguridad Ciudadana en Cali: Involucramiento y Participación Civil

Nuestro columnista invitado de la semana, analiza la situación de Cali y pide ahondar los esfuerzos institucionales para mejorar los índices de Seguridad de la ciudad "Lo que vemos es que no es suficiente con la aplicación de un efectivo plan desarme, ni con una abultada inversión social y obra pública, por lo tanto, reiteramos el llamado a las diversas organizaciones sociales de nuestra ciudad a involucrarse, participar y repudiar por vías institucionalizadas y no institucionalizadas, la cruda y cada vez más compleja situación de violencia que vive Cali en la actualidad"

Seguridad Ciudadana en Cali: Involucramiento y Participación Civil.

Febrero 12-2014

 

Por: Carlos Wladimir Gómez Cárdenas
Profesor Asistente del Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle.

El pasado 31 de enero, cuando el Alcalde Rodrigo Guerrero anunciaba la extensión del Plan Desarme en 16 comunas de la ciudad hasta el próximo 31 de mayo, le pregunté vía Twitter ¿por qué no extenderlo a toda la ciudad de manera indefinida? La respuesta que me dio fue: "Agradecemos su sugerencia, es muy importante para nosotros.".

Insatisfecho con la misma, me puse a indagar por qué no podíamos en Cali reproducir políticas de seguridad ciudadana, que han tenido tanto éxito en materia de reducción de homicidios en todas las capitales del mundo, incluyendo las colombianas.

La respuesta que encontré me dejó algo sorprendido. Resulta que el Alcalde a pesar de ser la primera autoridad de la ciudad, no posee la plena autonomía en la materia. Al tratarse de asuntos de seguridad su competencia se dilata con las demás autoridades policiales y militares, donde al parecer prima la posición de la Tercera Brigada.

Está bastante comprobado que la prohibición al porte de armas redunda en disminución de homicidios y criminalidad. Las propias autoridades municipales así lo reconocen cuando presentan los resultados del mencionado Plan. La propia Brigada autoriza dicha prohibición cuando autoridades ejecutivas nacionales o internacionales visitan la ciudad. Habría que revisar entonces, los hechos delictivos durante estas solemnes visitas y los indicadores de los últimos tres meses para volver a preguntarnos ¿por qué no adoptar de manera permanente y para toda la ciudad el plan desarme?

La situación de Cali es más que preocupante. Los indicadores internacionales la ubican como la sexta ciudad más peligrosa del mundo. A pesar de que el 2013 fue más violento que el 2012, los Caleños percibieron mayor seguridad en su ciudad durante el último año, tal y como la afirman, de manera coincidente, la Encuesta Nacional de Seguridad y Convivencia y la Encuesta "Cali Como Vamos".

Pero la cuestión desborda por supuesto la percepción de los ciudadanos que no deja de ser subjetiva y simbólica. Las cifras concretas dan cuenta de una situación que tiende a agravarse a causa principalmente del microtráfico de drogas y armas por parte de organizaciones al margen de la ley que disputan territorios locales y que ven en nuestra juventud carente de oportunidades su más fiel recurso delictivo.

Frente a tan cruda realidad se hace necesario que las autoridades militares y policiales refuercen sus esquemas y promuevan el desarme permanente y extendido a toda la ciudad. Pero ésta, aunque es condición necesaria, no es suficiente para transformar nuestra violenta sociedad. Es indispensable un mayor grado de involucramiento, participación y repudio por parte de las distintas organizaciones sociales, dentro de las cuales hago un especial llamado a la academia, quien está obligada a alimentar los procesos de toma de decisiones sobre la materia.

Obligación que bien ha asumido el Instituto CISALVA de la Universidad del Valle, cuya directora, la Doctora María Isabel Gutiérrez, fue nombrada entre las 100 personas más influyentes del mundo en la lucha contra violencia armada.

Las autoridades civiles, principalmente la Alcaldía y la Personería Municipal, en lugar de estar discutiendo sobre cifras y datos, deben liderar la cuestión y acercarse a los aportes de la academia. Las soluciones oficiales deberán ser algo más creativas que inversión social en los territorios más golpeados. Precisamente la actual disputa entre las autoridades civiles del municipio es por el Barrio Potrero Grande de la Comuna 21, donde el Personero denunció, en su más reciente informe, 70 homicidios en lo que va corrido del año y por su parte el Alcalde, a tenor seguido, no sólo desmintió la cifra sino que anunció haber transformado la situación durante el año pasado, volcando inversión social y obra pública sobre este mismo territorio.

Reinventar entonces, las respuestas a esta problemática pública, es imperativo social de nuestra época. Lo que vemos es que no es suficiente con la aplicación de un efectivo plan desarme, ni con una abultada inversión social y obra pública, por lo tanto, reiteramos el llamado a las diversas organizaciones sociales de nuestra ciudad a involucrarse, participar y repudiar por vías institucionalizadas y no institucionalizadas, la cruda y cada vez más compleja situación de violencia que vive Cali en la actualidad.