Diciembre 9 - 2021

Por Jorge Luis Galeano Bolaños 

En marco del Día Internacional de los Derechos Humanos y a 30 años de la Constitución Política de Colombia, es bueno evaluar qué ha pasado en nuestro país ¿el Estado es garante? ¿Existen las condiciones mínimas para ejercer plenamente nuestros derechos?

Entre enero y junio de 2021, el Programa Somos Defensores registró 524 agresiones a personas defensoras de derechos humanos en Colombia, muchos de esos casos en marco del Paro Nacional que fue el escenario en el que se incrementó la violencia contra quienes vigilaban, justamente, que se respetara el derecho a la protesta social.

Estos datos, de los que habla Lourdes Castro coordinadora del Programa Somos Defensores, son los que aparecen en el informe RESISTE presentado recientemente en Cali y cuyo primer capítulo titulado “Democracia en caída libre” muestra cómo los gobiernos desde 1991, no han podido cumplir con la promesa que hace la Constitución Política: cerrar las brechas sociales y económicas de las poblaciones históricamente vulneradas.

Se muestra, por ejemplo, cómo se ha intentado transformarla en 55 ocasiones, en vez de esforzarse en su aplicación. Se muestra que, cada vez menos, se respeta la división de poderes y cómo se usa a la Fuerza Pública para agredir a quienes disienten de las políticas oficiales.

De esas 524 agresiones registradas por este informe, 218 se dieron durante el paro nacional. Estas agresiones fueron sufridas por 183 personas, lo que equivale al 41.6% del total de las violencias que aparecen en el documento “lo que demuestra no solo una práctica represiva contra la protesta social, sino lo lejos que está el Estado de garantizar a la ciudadanía su pleno ejercicio” dice el informe.

Otro aspecto a tener en cuenta tras la publicación del informe es que el uso de agentes del Estado para vulnerar derechos (a la protesta social, a la libre expresión, a la vida) es una práctica más común en dictaduras militares, pero que cada vez más se evidencia en países que dicen ser democráticos.

Así lo ilustra Ana Sofía Genio, Doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de la Universidad de Buenos Aires, invitada al evento de lanzamiento

Las agresiones registradas por el informe no sólo incluyen asesinatos pues se usan otras prácticas violentas para evitar el ejercicio de derechos como defender los derechos humanos, la protesta social, la libre circulación, la libertad de expresión entre otros.

Fuente: Informe RESISTE del Programa Somos Defensores

En el evento de lanzamiento, se hizo énfasis en la importancia del informe RESISTE y otros similares para la conservación de la memoria histórica y, sobre todo, la lucha en contra de la impunidad, puesto que las violencias contra defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia no cesan por lo que, con cada hecho, es fácil olvidar el anterior.

Y en el caso de la impunidad, ayudan a que la información de cada hecho no se pierda y pueda y deba ser usada para su esclarecimiento en el ámbito judicial

Si bien el documento da cuenta de las violencias sufridas por defensores y defensoras entre enero y junio de 2021, el inicio del Paro el 28 de abril marcó un escenario de estudio, no sólo por las múltiples vulneraciones a los Derechos Humanos, sino por aspectos positivos que, según Somos Defensores, mostró el estallido social:

• Un nivel de apropiación de algunos derechos, como el de la protesta.
• Una aproximación a la comprensión de los deberes y obligaciones de quienes gobiernan.
• Una atención especial a las profundas contradicciones entre la palabra y la acción del gobierno
• Un alto nivel de hastío e indignación frente a la persistencia de la guerra y la profunda y descarnada desigualdad social, económica y política.

Y ese hastío, expresado por la gente con vehemencia en las calles, es el que recibió la mayor represión por parte del Gobierno que, en vez de plantear escenarios de diálogo, trató todo como un asunto de orden público, causando la muerte de muchas personas manifestantes que también tuvieron un lugar y fueron recordadas en el evento de lanzamiento del informe.

Y justamente una de las conclusiones del informe dice: “El uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía durante las protestas y las medidas y respuestas dadas por el Gobierno Nacional durante las mismas, dejaron en evidencia ese derrumbe de la institucionalidad democrática y deriva autoritaria que preocupa a distintos sectores del país y cuyas implicaciones para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos son múltiples”.

Descargue el informe completo aquí