La corrupción y los derechos humanos

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Enero 2 - 2019

Por Laura Cruz

"Los 7 pecados capitales del mundo actual: riqueza sin trabajo, disfrute sin conciencia, conocimientos sin carácter, negocios sin ética, ciencia sin humanidad, religión sin sacrificio, política sin principios". Ghandi

En el trascurso del 2018, en Colombia se presentaron diferentes casos de corrupción en los que la mirada se centra en quien entregó los sobornos y quien lo recibió; en la mayoría de ellos no aparecen los responsables y la impunidad prevalece. Además, se omiten los primeros afectados que en general es toda la población, ya que la corrupción viola los derechos humanos.

La tesis Los actos de corrupción como violaciones de derechos humanos, una argumentación desde la teoría del discurso racional de Robert Alex, señala que las acciones corruptas no vulneran directamente los derechos humanos, sino que lo hacen mediante una cadena de actos que conduce a ello, por la vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación que siempre supone la distinción con objeto o efecto discriminatorio -implícita en la corrupción-, así como por la violación de los derechos que dan contenido a los principios del buen gobierno.

Las entrevistas

Hechoencali.com entrevistó a politólogos y economistas para analizar cómo la corrupción afecta a los 48 millones de colombianos en términos económicos, democráticos y derechos humanos. 

Aileen Espinoza Luna, Economista de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y Especialista en ordenamiento urbano y regional de la Universidad Nacional, explicó como la corrupción afecta la economía de Colombia, y de qué manera Odebrecht hace que haya un retraso tremendo en términos de la conectividad de los mercados.

Hechoencali.com: ¿Desde la microeconomía, cómo la corrupción es considerada una variable económica?

Aileen Espinoza: En términos microeconómicos, la corrupción desestabiliza los mercados, porque si nos detenemos a mirar el hecho de que le den mayores beneficios a Colombia, por ejemplo que a Comcel le den más antenas, entonces no existe competencia entre varias empresas, sino que se genera un monopolio. También está el tema de los medicamentos, lo que pagan las empresas para que no quiten un medicamento o le bajen impuestos; o el tema de Coca cola y el azúcar, el azúcar finalmente es un tema de salud pública.

Si dejáramos que el mercado haga lo que tiene que hacer y el Estado se encargara de sus funciones públicas, no creo que funcionaría como un reloj, pero si habría mejores resultados en términos de igualdad a la hora de una licitación.

H.C: ¿Cómo el caso de Odebrecht afecta la economía del país?

A.E: El crecimiento económico se ve afectado, porque el país no está conectado eficientemente, y eso genera retrasos en la entrega de mercancías y aumento en el costo del transporte. Ampliar las vías y conectar los mercados externos e internos genera crecimiento económico, y por ende empleos. Por ejemplo, en países como Ecuador invirtieron en mejorar las vías de transporte y esto tuvo un impacto directo al PBI, en términos económicos el bienestar se mide por el consumo.

Ahora, los procesos de ampliar las carreteras en Colombia están frenados en gran medida, y ese costo lo pagan directamente los transportadores y también el consumidor final que somos los colombianos.

El Politólogo Armando Vargas Salcedo, de la Universidad Javeriana y Magister en Administración de la Universidad del Valle explicó cómo los actos de corrupción afectan la democracia y deslegitiman las organizaciones públicas.

Hechoencali.com: ¿Cómo la corrupción afecta las instituciones públicas?

Armando Vargas: Aquí hay dos aspectos muy importantes a señalar, el primero es la competitividad y es que la corrupción hace que las instituciones públicas sean menos competitivas, precisamente porque pierden su cadena de valor por beneficiar intereses particulares de unos pocos, y eso hace que las instituciones no cumplan el 100 % de sus funciones, por estar atentas a coimas, a favores o a necesidades que les está planteando un tercero. Esto significa que al ser menos competitivas, sus servicios públicos y sus bienes no van a tener la calidad que se necesita, derivando en un total abandono del fortalecimiento de lo público.

H.C:  ¿Cómo la corrupción afecta a los gobiernos para cumplir las obligaciones relacionadas con los derechos humanos?

A.V: Cuando las instituciones son menos competitivas, se vuelven instituciones que no dan prioridad a la calidad de vida, por lo que significa que se presentan acciones por parte de funcionarios que van a afectar a la población, por ejemplo, atender a una persona en situación de movilidad reducida, un adulto mayor o un indígena, quienes al recibir una mala atención, también se afecta su calidad de vida, y por ende se vulneran sus derechos; lo más grave es que los recursos de programas sociales, como los comedores infantiles terminan en cuentas privadas. 

Al hablar de derechos humanos, no podemos referirnos sólo a las víctimas del conflicto armado, sino también a las víctimas por las malas prácticas de los gobiernos, por ejemplo cuando los afectados por la guerra van a hacer una solicitud o a radicar un derecho de petición, muchas veces el Estado en vez de dar respuesta a esta solicitud, obstaculiza el proceso.

Así mismo, la corrupción en cuanto a la violación de los derechos humanos no se da sólo por parte del Estado, sino también por parte de los prestadores de servicios del Estado, porque hay un grupo grande que trabaja como contratistas que cumplen unas funciones y que no lo hacen a cabalidad, porque no son funcionarios públicos, sólo llegan y dejan hueco de legitimidad estatal.

Desde el derecho

Diana Parra, Abogada de la Universidad Externado de Colombia, explicó los diferentes delitos que se cometen cuando un funcionario incurre en malas prácticas de los bienes públicos.

Hechoencali.com: ¿Qué delitos se cometen cuando se cometen casos de corrupción?

Diana Parra: En Colombia no existe un delito que se denomine corrupción, la corrupción se comete cuando el funcionario público incurre en violar las leyes penales. Dentro de los delitos contra la administración pública se encuentran los siguientes:

El peculado, que se da cuando un servidor público hace uso personal de los bienes del Estado, es decir utiliza elementos como medios de transporte para favorecer a su familia o a ellos mismo o toman dinero para uso personal.

La conjunción, que se comete cuando el servidor público abusando de su cargo constriñe a alguien para obligarlo a que le dé dinero para favorecerlo, por ejemplo, en una sentencia.

El cohecho, que se da cuando un funcionario recibe dinero para su propio beneficio a cambio de ejecutar alguna promesa. Por ejemplo, cuando un juez recibe dinero para favorecer a un acusado, en el cohecho las dos partes cometen el delito.

La celebración indebida de contratos, que se presenta comúnmente en departamentos y se da cuando el servidor público interviene en la tramitación de los contratos, el caso más claro es Odebrecht, donde se saltan el debido proceso, esto hace que se viole también el derecho a la igualdad.

El enriquecimiento ilícito, que se da cuando el servidor público durante la vinculación con la administración en los dos años siguientes obtenga para sí o para otro un incremento patrimonial injustificado y no corresponde con su asignación salarial.

El tráfico de influencias, que se da cuando el servidor público utiliza, indebidamente para favorecer a un tercero o a él mismo, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función para obtener cualquier beneficio que éste conozca. Dicho delito es el que más se repite en Colombia, por ejemplo en el caso de ministros de la Fiscalía General o por ejemplo los magistrados que a veces influyen cuando tienen a un familiar involucrado en un asunto judicial.

Prevaricato, este delito se comete cuando el funcionario por acción u omisión viola las normas establecidas de la ley, es decir, por ejemplo, cuando un juez pasando por encima de las leyes establecidas y teniendo las pruebas del caso, lo absuelve.

Estos son los delitos que se cometen en la administración pública, y que en parte constituyen la denominada ley anticorrupción, que busca que quienes hayan cometido algún delito no sigan delinquiendo, paguen por sus culpas y no vuelvan a hacer contratadas.

Así va el caso Odebrecht

La muerte de Rafael Merchán, testigo clave en el caso Odebrecht, se suma al fallecimiento de Jorge Enrique Pizano y su hijo Alejandro Pizano, quien murió envenenado con cianuro. La muerte de Merchán y Pizano no ha sido aclarada por la Fiscalía, ente encargado del proceso, que también resultó implicado en el mismo.

La cabeza de esta entidad, Néstor Humberto Martínez Neira, está directamente implicado, puesto que se encontraron grabaciones en donde insinúa que el Fiscal conocía de las coimas que estaban siendo pagadas por la empresa brasileña, además era asesor jurídico del grupo Aval, principal socio del conglomerado brasileño, que fue creado en 1944, operaba en 24 países y contaba con más de 128 mil empleados.

Odebrecht es reconocida por haber ofrecido sobornos a funcionarios de once países para que adjudicaran contratos en materia de construcción. Según confesiones de los directivos de la empresa, entregaron en sobornos más de 718 millones de dólares, de los cuales 11 millones de dólares fueron pagados en Colombia.

Dicha cifra corresponde a sobornos que fueron pagados por adjudicaciones, contratos como: la Ruta del Sol Dos que fue otorgada a Odebrecht, y a Corficolombiana del grupo Aval. El otro hecho es la adición de Ocaña-Gamarra, donde no hubo una nueva licitación, sino que fue directamente entregada. Este tramo favorecía a Otto Bula, quien fue capturado por recibir más de 4,5 millones de dólares y a la familia de la exministra Gina Parodi. El último de los contratos fue Navelana, que consistía en recuperar la navegabilidad del Río Magdalena, que fue otorgado a una concesionaria de Odebrecht en un 80%.

Para terminar esta cadena de corrupción también estuvo involucrado el Banco Agrario, que en el 2015 otorgó un préstamo de 120 mil millones de pesos al grupo Odebrecht, que ya había sido declarado en quiebra, sumado a eso el préstamo se realizó con intereses muchos más bajos que a una persona natural, en este caso a los campesinos. En dicho hecho, también se vio involucrado el expresidente Santos y Alejandro Ordoñez, por recibir presuntamente dinero para sus campañas presidenciales.

En países como Brasil, con el famoso caso Lava-Jato; en Argentina y en Perú, ya fueron condenados varios funcionarios de alta envergadura; sin embargo, en Colombia sólo han caído peones, mientras las grandes cabezas involucradas en los sobornos siguen intocables. Según diferentes politólogos y penalistas, si en el país se conocieran la verdad de la corrupción, más de la mitad de la clase política caería. Lo más grave de estos hechos de corrupción es que involucran asesinatos, que no han sido aclarados por la Fiscalía y que probablemente se sumen a la triste cadena de impunidad que ha vivido Colombia por más de un siglo y a la violación de derechos humanos que deriva de la corrupción.

Algunos de los implicados en Colombia: 

Implicados Obredecht 2

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